Archive for 28 abril 2008

ABORTO POLÍTICO

abril 28, 2008

La píldora no debería haber llegado al TC” le dijo Jovino Novoa a La Tercera. Luego reconoce que “éste es un caso donde las personas tienen que resolver“. Pablo Longueira dice algo muy similar en el programa de TVN Estado Nacional. Aun sosteniendo que él se identificaba con una línea conservadora, se tomaba la cabeza preguntando quién diantres organizó el requerimiento de 36 diputados de la Alianza contra la distribución de la píldora. A quién le preguntaron. Siguiendo qué estrategia lo hicieron.

Todas estas recriminaciones (que han hecho incluso que algunos parlamentarios firmantes del documento presentado al TC estén ahora bajándose del bote) tienen una importante justificación: Saben que la Alianza será castigada electoralmente por este episodio. Esa es la médula del argumento de Longueira: ¿Calcularon los diputados el efecto político que tendría una prohibición a la cual se opone aproximadamente un 75% de los ciudadanos? Siguiendo la última reflexión del post anterior de este humilde blog nos preguntamos ¿Es una medida inteligente buscarse el repudio de tanta gente mientras se pretende construir una nueva mayoría?

Héctor Soto nos responde en su columna dominical, criticando especialmente el mutismo de los líderes de la Alianza frente a los efectos del pastelito: “El problema es que en este caso el silencio y la indeterminación también tienen costos, y pueden ser muy altos, sobretodo entre los jóvenes que miran con creciente desafecto la política…” Tal cual. Y me da lástima que gran parte del esfuerzo que muchos llevamos haciendo para convencer a la derecha de las bondades de la inscripción automática y el voto voluntario, puede ser finalmente en vano, cuando entiendan que acaban de hipotecar parte del voto de las nuevas generaciones. Imagino especialmente complicado a Sebastián Piñera, quien es el único de todos los precandidatos presidenciales que acumula más intención de voto en los no inscritos y en los jóvenes que en los inscritos y los mayores.

Pero Soto plantea un tema aún más delicado, que trasciende al candidato presidencial y apunta al relato-país de la centroderecha chilena para el futuro: “No es la primera vez que la carencia o la fragilidad de un planteamiento cultural vigoroso, inconfundible y compartido deja a la centroderecha en paños menores. La Alianza, que en el plano económico tiene un discurso duro pero poderoso y coherente, ha calificado menos en el plano político -no ha sido muy convincente- y con frecuencia ha sido reprobada en la discusión cultural. ¿Por qué? Básicamente porque las que parecieran ser sus ideas y convicciones carecen del espesor y la complejidad que entregan los debates cuando son intensos y realmente amplios“. Touché. Y sigue, reflexionando sobre la coexistencia histórica de sensibilidades conservadoras y liberales en la derecha: “Lo que sí cuesta entender es que a estas alturas del partido la Alianza, como conglomerado político responsable y con pretensiones de ser gobierno el 2010, todavía no haya podido establecer una trama razonable, tanto en cuestiones de procedimiento como de fondo, para manejar y contener sus legítimas divergencias en los asuntos culturales y religiosos“.

Se me viene a la mente una conversación que tuve hace unos meses con un connotado gremialista que resulta ser mi primo. En la ocasión expuso su tesis sobre la necesidad de una “transaca interna” en la Alianza (o lo que resulte de ella con la incorporación de nuevos movimientos). Es decir, una transacción ideológica en las cual se sinceren y despejen los asuntos que unen y los que dividen. Se gobierna en base a lo que une, no a lo que divide. Fue precisamente, me comentaba, lo que hizo la Concertación cuando se articuló como coalición a fines de los ochenta. Y ha sido tremendamente exitosa en este sentido, hasta el día de hoy. Si la Alianza quiere realmente construir una nueva mayoría, la primera tarea parece ser ésa. Lo nefasto no es carecer de una posición monolítica en cada tema. Lo nefasto es no fijar los límites de la discrepancia. Hoy la derecha quedó caricaturizada y aislada al rincón del ultraconservadurismo, cuando en realidad (y estoy convencido de eso) puede aspirar a representar a una franja mucho más extensiva de la población, especialmente en temas valórico-culturales.

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Dios, César y John Rawls

abril 23, 2008

Toda la controversia suscitada a partir del fallo del TC que prohíbe la distribución de la denominada “píldora del día después”, y especialmente los improvisados debates callejeros que pude ver ayer en las respectivas marchas a favor y en contra de la medida, me han hecho reflexionar una vez más sobre la compleja y tensa relación entre lo civil y lo espiritual a través de la historia política de la humanidad.

En los tiempos antiguos, como sabemos, los dioses le pertenecían a la patria o aun a unidades domésticas más pequeñas. No existía separación entre lo religioso y lo propiamente estatal. Ambos mundos estaban íntimamente ligados a través de una serie de ritos dirigidos por las clases superiores e interpretados en su propio beneficio. Recién con la aparición del cristianismo (y gracias a la considerable influencia que ya ejercía la filosofía estoica) se procede a separar el ámbito temporal del ámbito trascendente. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Durante casi mil años la Iglesia (el Papado) y el Imperio (o lo que quedaba de él) se disputaron la supremacía política del mundo medieval. Podríamos decir que se trató de una relación de poder equilibrada, donde terminó por imponerse la tesis de un “dúplex ordo” paralelo y respetuoso entre la esfera civil y la espiritual. En la primera domina la razón, en la segunda, la Fe. Aunque a ratos pareció que el poder político sería sometido ante la vicaría de Cristo (especialmente después de Agustín de Hipona y John de Salisbury), la independencia de lo civil es finalmente reivindicada hacia finales del período (Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Marsilio de Padua, Guillermo de Ockham). La reforma hace retroceder al poder papal, pero curiosamente termina por crear nuevos credos nacionales en Europa. La consigna era seguir la religión del príncipe. Los tiempos modernos aportaron su buena cuota de sangre a la convulsionada relación entre las confesiones cristianas y el emergente poder del Estado – Nación. El amigo Voltaire se transformó en el crítico número uno de la pretensión hegemónica de la Iglesia. La revolución francesa y la naciente cultura republicana contribuyeron a crear un espacio netamente laico en el ámbito de lo público. La libertad de conciencia, por otra parte, fue consagrada y protegida por el constitucionalismo moderno. Las almas son intangibles y rechazan la intervención del poder estatal. Como contrapartida, los hombres sobre la tierra hacen leyes de acuerdo a su razón humana y no a verdades (para algunos) reveladas.

En nuestro país Estado e Iglesia recién se separaron en 1925, pero ya desde mediados del siglo XIX se venía forjando una recíproca autonomía. La república democrática de Chile no ostenta religión oficial, y debe comportarse igualitariamente con todos los credos. La pregunta es ¿Deben los católicos actuar motivados por las creencias de su Fe a la hora de participar en el debate público? ¿Deben los representantes y autoridades del Estado argüir criterios religiosos si fueron elegidos o designados en el ámbito de lo civil, y por ende, laico? John Rawls diría que no pueden.  Si bien el catolicismo sostiene una idea razonable del bien, en terminología rawlsiana, ella debe superponerse a otras ideas razonables y compatibles del bien, con el objeto de construir un consenso traslapado que funcione como marco de convivencia. Un marco político justo, diría Rawls, porque es imparcial. Para que esto ocurra, los diferentes credos no pueden imponer su propia visión del bien. Esto significa que cuando parlamentarios, ministros o jueces actúan en función de sus creencias religiosas, lo que hacen es abandonar el concepto de justicia política que las sociedades liberales debieran sostener. Desde este punto de vista, muchos nos han fallado en el actual debate sobre la píldora. Y son precisamente aquellos que tienen la misión de constituir una nueva mayoría política. Sus credenciales republicanas están al debe. Su comprensión de la justicia como imparcialidad es deficiente. Y eso es preocupante.

LA HORA DE LA GRANDEZA

abril 18, 2008

Yasna Provoste, ha sido destituída. El episodio tiene cierta relevancia: Se trata de la primera ministra de estado en caer por responsabilidad política desde el retorno de la democracia; Se trata de un golpe directo a la autoridad de la presidenta de la república (porque asumió la defensa en forma casi personal, y porque el Poder Ejecutivo como tal se inclinó ante el Poder Legislativo); Se trata de la consolidación política de la mayoría “circunstancial” que ostenta la Alianza y los independientes en el Congreso.

Todas estas importantes aristas, sin embargo, no deben distraernos en lo que viene. El Gobierno tiene dos años más para enmendar el rumbo y la oposición debe traducir su mayoría parlamentaria en mayoría política y social. La clave del éxito, en ambos casos, radica en la grandeza que sean capaces de demostrar en su actuación pública.

Por una parte, la Alianza por Chile tiene prohibido festinar con la victoria. Una acusación constitucional por notable abandono de deberes nunca es una buena noticia. Puede ser necesaria, justa y oportuna, pero nunca es deseable. La “celebración del desastre” es el camino perfecto para ahuyentar al voto moderado y optimista que requiere la centroderecha para traspasar el 50%. Y me parece que hasta ahora ha predominado la sabiduría entre sus huestes, partiendo por no aplaudir en la cámara cuando fue aprobada la acusación. Debo decir que hasta me dio gusto escuchar al senador Longueira abriendo la posibilidad de discutir la sanción efectiva (5 años de inhabilidad para desempeñar cargos públicos) que recayó sobre Provoste. Racionalidad y grandeza, esa es la combinación. Con estas armas, el desafío hacia adelante es recomponer la amistad cívica con la Concertación (no es mala inversión preocuparse hoy del clima político que tendrá que enfrentar un virtual gobierno de Piñera a partir de marzo de 2010), dar forma política a su accidental mayoría parlamentaria (en línea con la propuesta de Allamand, respaldada por la columna de Oscar Godoy hoy viernes en La Tercera), y trabajar seriamente en la construcción de un relato político atractivo y convocante, capaz de invitar a soñar a los chilenos con un país mejor (de las tres tareas, es la más importante y la más lejana de hacerse realidad, lamentablemente).

Por parte de la Concertación, la primera tarea es dejarse de lloriquear. La grandeza demanda cierto estoicismo, cierta dignidad en la derrota. Aunque hayan sido vencidos por una mayoría “mentirosa” (constituida con parlamentarios que salieron electos dentro del pacto oficialista), lo cierto es que fueron vencidos. Nos damos cuenta altiro quiénes asumen la derrota y quiénes se rehúsan a aceptarla. En el primer caso encontramos a Pérez Yoma (acaso el único vencedor interno en el bando de los perdedores, ya que anticipó la catástrofe y propuso medidas alternativas que no fueron acogidas) mientras que en el segundo Sergio Bitar terminó por superar al mismísimo Vidal. El ministro de Obras Públicas, y precandidato presidencial del PPD según Pepe Auth, se despachó una frase para el bronce. Refiriéndose a Fernando Flores, sostuvo: “Un senador que fue miembro del gabinete de Allende no puede votar con aquellos que respaldaron el bombardeo a La Moneda“. Los comentarios sobran. Bitar confesó que para él la política se escribe hacia atrás y no hacia adelante. Todavía cree en los buenos y los malos. Eso lo desacredita ante los ojos de las nuevas generaciones, que no aceptan cargar con mochila afectiva de ningún color. Para el resto de la Concertación, el golpe debería ser asumido con hidalguía, al estilo Lagos después de la primera vuelta del ’99, cuando reconoció “haber escuchado la voz del pueblo”. Pero ¿es posible pedir grandeza entre tanta cabeza caliente y soberbia con micrófono? El senador Jorge Pizarro dio en el clavo: Hay que hacer las cosas bien y más prolijamente. No para la tele, no para la inauguración chanta, sino para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la gente. Esa prolijidad que tanto se echa de menos. Esa, y no otra, es la clave para seguir en el poder. Hacer las cosas bien. Toda “ofensiva” contra la Alianza será interpretada como un gesto de revanchismo de baja calaña. La grandeza es la virtud exactamente opuesta.

VOTO VOLUNTARIO A LOS 16 AÑOS (x Cristina Bitar)

abril 15, 2008

La Tercera nos publicó el pasado martes 8 de abril la siguiente columna, haciendo un contrapunto a la columna de Huneeus publicada hace un par de semanas sobre la obligatoriedad del voto:

Se viene incubando silenciosamente una crisis de representatividad, cuyos efectos no estamos en condiciones de profetizar, pero que seguramente no serán positivos para nuestro país. Ha llegado la hora de torcer el timón y adoptar medidas corajudas. Y la primera de ellas debería ser combatir el brutal y progresivo envejecimiento del padrón electoral.

En 1988 el porcentaje de jóvenes (hombres y mujeres entre 18 y 29 años) representaba un 36% del universo electoral. En los registros actualizados al 2006, los menores de 30 años ocupaban un escuálido 8,51% del mismo padrón. Es decir, el mismo estrato generacional que fue determinante para recuperar la democracia, hoy se margina de sus ritos. Como consecuencia, los jóvenes ya no son “clientes” del sistema político, y los políticos pierden interés en ellos.

La primera medida urgente es automatizar la inscripción en los registros electorales, punto sobre el cual hemos avanzado hacia un mayoritario consenso. Las suspicacias sobre la idoneidad del Servicio Electoral para acometer esta tarea han sido superadas. Es de esperar que de una buena vez el legislador haga carne sus eternas promesas y elimine esta verdadera barrera de entrada a la participación en que se ha convertido el arcaico proceso de inscripción electoral, en ciertos días a ciertas horas en ciertos lugares.

A renglón seguido, tenemos que hacernos cargo del debate sobre la obligatoriedad o voluntariedad del voto, que significa en último término si se trata de un derecho o de un deber cívico. A diferencia de lo que sostiene Carlos Huneeus, creemos que se trata esencialmente de un derecho político que ejerce cada ciudadano libremente en cada elección. No nos parece que obligar a los jóvenes a votar sea el aliciente que necesitan para “reencantarse” con la política, sino todo lo contrario. La analogía que hace con el pago de impuestos no se sostiene: Los derechos individuales, a diferencia de las cargas públicas, son renunciables. Si lo que le preocupa sinceramente es el potencial crecimiento de la abstención, la experiencia comparada enseña que el efecto de la inscripción automática opera como eventual compensación, y que siempre será más participativa una elección cuando se trate de una carrera relevante y competitiva, como lo ejemplifica la actual contienda presidencial en Estados Unidos.

Pero podemos ir aun más allá, y en ese sentido hemos propuesto la introducción del voto voluntario a partir de los 16 años. Se trata de un segmento que se maneja mejor que los adultos en las tecnologías de la información y que dispone de suficiencia cognitiva para decidir una serie de aspectos vitales: Si hacen mal uso de su libertad son imputables penalmente; Si quieren unirse en matrimonio pueden hacerlo válidamente. No nos olvidemos tampoco que se trata del grupo etáreo que tuvo entre las cuerdas al actual gobierno a principios de 2006: La misma autoridad reconoció la legitimidad de los representantes “pingüinos” al integrarlos al Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. Otros países como Austria y Suiza ya han legislado al respecto, y sin ir más lejos, en Brasil existe el voto facultativo para aquellos que se encuentran entre los 16 y los 18 años.

Una medida como esta sería un poderoso incentivo para que la clase política preste más atención a lo que ocurre con nuestras nuevas generaciones, contribuyendo de esta manera a oxigenar la política chilena.

LA INVITACIÓN DEL MINISTRO

abril 11, 2008

Hace pocos días el Ministro de Interior Edmundo Pérez Yoma hizo una invitación inesperada: Que entre todos los sectores políticos sacaran adelante un “Acuerdo para un Mejor Estado”. Esto significa profundizar decididamente el proceso de modernización de nuestro sector público. Aunque Pérez Yoma es cauto al señalar que el Estado chileno no es corrupto y funciona más o menos bien (las cifras internacionales lo avalan), sí reconoce la imperiosa necesidad de dar un salto adelante, antes de quedar entrampados en un modelo que está haciendo agua.

Aunque el papel aguanta todo, leer el discurso de Pérez Yoma en ICARE no deja de sorprender viniendo del Jefe de Gabinete de un gobierno encabezado por una presidente socialista: “lo que se necesita es una revolución en la gestión”, “mejor Estado, más ágil y con menos grasa”, “generación de políticas públicas transversales a cada ministerio”, “relación más moderna y de calidad entre el sector público y el privado”, “Estado capaz de sostener políticas de largo plazo”, “estímulos concretos para un Estado orientado a resultados”, “régimen administrativo más flexible”, “reformar los gobiernos corporativos de las empresas públicas”, “descentralización y transferencias de competencias hacia las regiones”, “transparencia como principio rector de la función pública”, “eficiencia como un imperativo ético de la política”. Es decir, una buena síntesis de lo que debieran ser los ejes en la cruzada modernizadora, que ha estado más identificada en estos últimos años con los grupos liberales de la Concertación y por centros de pensamiento vinculados a la Alianza por Chile. Es evidente que Pérez Yoma no es Navarro ni Escalona, pero aun asumiendo la diversidad de sensibilidades dentro del oficialismo, no olvidemos que esta propuesta viene directamente de La Moneda.

Entonces las preguntas no se hace esperar: ¿Cuánta agua tiene esta piscina? ¿Tiene Pérez Yoma el respaldo del resto del equipo político y de la propia Michelle Bachelet? ¿Cuántos días hay que esperar para que le quiten el piso? No se trata de una reforma piñufla, estamos hablando de una modernización que conlleva una serie de costos políticos no menores, partiendo por los propios funcionarios públicos sin mencionar a una parte de la izquierda que aun ve en el Estado la solución de todos los problemas. O la caja pagadora de todos los favores.

Algunos dicen que esta es una maniobra política para retomar el control de la agenda. No sería raro, dado que este gobierno  se ha caracterizado por perder la brújula con facilidad. Otros dicen que es una jugada individual del Ministro del Interior para consolidar su posición y asumir un liderazgo nacional con visión de futuro. Pero, ¿estará Pérez Yoma pensando en una carrera presidencial? Muy difícil. Otros sostienen que se trata de una estrategia para no regalarle el tema a la derecha. Otros creen que Pérez Yoma es sincero en su convocatoria, pero que es ilusorio pensar que algo va a cambiar en el corto plazo: A menos de dos años del fin del gobierno de Bachelet, lo políticamente razonable sería concentrar energías en permanecer en el poder y no en intentar reformas de largo plazo con altos costos en el camino. Eso sería pensar en el bien de Chile, y muchos en la Concertación estarían pensando sólo en conservar la pega.

En fin, la invitación a participar de esta empresa ya está hecha. Libertad y Desarrollo y Expansiva ya se sentaron en la mesa. En Independientes en Red también quisimos sumarnos. Lamentablemente el señor Lavín no pudo mantener la boca cerrada y cerró filas con la idea, lo que nos puso en una situación compleja. Pero bueno, hagamos como que el caballero no existe y pensemos en la importancia de la tarea. Es probable que no se realicen todos los cambios necesarios. Es probable que los intereses creados dinamiten cualquier posibilidad de mejorar el sector público. Es probable que falten cojones. Pero lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen. Y cada paso en la dirección correcta, suma.

75 IDEAS (políticas) PARA MEJORAR CHILE

abril 8, 2008

Los muchachos de la Revista Qué Pasa buscaron 75 profesionales de distintas áreas y les hicieron una pregunta central: ¿Qué idea se te ocurre para mejorar Chile? El artículo completo lo pueden ver en http://www.latercera.cl/medio/articulo/0,0,38039290_101111578_345537496,00.html, pero en esta ocasión les presentaré una selección de 10 ideas relacionadas con la institucionalidad política y la gestión del Estado. ¿Por qué sólo las ideas políticas? Bueno, porque es mi tema. Y porque una idea mía fue seleccionada, claro.

1. Servicio País 2.0: Del mundo privado al público: La idea es establecer un programa donde profesionales -ya no tan jóvenes como los de Servicio País, sino con cierta experiencia en el sector privado, idealmente en posiciones de jefatura- se desempeñen en el sector público, particularmente en áreas donde se requieren capacidades de gestión, como servicios, municipalidades, empresas del Estado, ONGs, etcétera, preferentemente en proyectos específicos, ya que estarían en estas posiciones entre uno a dos años, y luego regresarían al sector privado. Permitiría dotar al sector público de un capital humano al que hoy no tiene acceso ya sea por diferencias de compensación o porque los profesionales tienen vocación privada de largo plazo, aunque con interés de tener una experiencia de tiempo limitado en el servicio público. Más importante aún: ayudaría a derrumbar el muro de desconfianzas mutuas que hay entre el mundo privado y el mundo público sin fines de lucro. Incentivos para captar a profesionales pueden ser facilidades para financiar estudios de posgrado ya cursados -incluso perdonar deudas- o un régimen de impuestos personales más favorable para aquellos que tomen uno o dos “años sabáticos” de servicio público. Axel Christensen. Gerente general de Cruz del Sur Inversiones.

2. Inscripción Automática y Voto Voluntario desde los 16 Años: Nuestro padrón electoral está envejeciendo, anticipo de una democracia estancada que no representa a las nuevas generaciones. La principal barrera de entrada es el actual sistema de inscripción, y el siguiente desafío es reconocer el sufragio como derecho y no como deber. Y sería aún más radical en la tarea de involucrar a los jóvenes en la discusión de los temas públicos, extendiendo este derecho hasta los 16 años: se trata de un segmento que ya es penalmente imputable y que puede contraer válidamente matrimonio. Cristóbal Bellolio. Abogado y cientista político

3. Instaurar un régimen parlamentario: En Chile las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no están bien resueltas. El riesgo de ello ya lo estamos apreciando: un fraccionamiento político que hace difícil gobernar. Una buena solución es reemplazar el régimen político actual por uno parlamentario, como existe en la gran mayoría de las democracias consolidadas. Los gobiernos ejercen sus funciones hasta que cuenten con suficiente apoyo en el Congreso. Si no, se disuelven. Ello es un desincentivo al fraccionamiento porque en una reelección los “díscolos” o “escindidos” pueden perder sus puestos. Sus disensos se concentran, entonces, en temas realmente relevantes y no en aquellos que les permiten sacar pequeñas ventajas. Un cambio de este tipo va acompañado, casi naturalmente, de una transformación de las instituciones del Estado que lo hacen verdaderamente profesional, transparente e independiente en su operación habitual de los partidos políticos. El rol de éstos es deliberar, proveer leyes, diseñar políticas, seleccionar líderes y fiscalizar, pero no gestionar las instituciones del Estado. Harald Beyer. Coordinador académico del Centro de Estudios Públicos

4. Tomar en cuenta a la sociedad en las políticas públicas: Propongo que se incorpore en el diseño de las iniciativas públicas la consideración de los procesos mediante los cuales ellas serán llevadas a la práctica. No sólo considerar las metodologías y calendarios de implementación, sino sobre todo tomar en cuenta a la sociedad y a los actores que se verán involucrados. Es decir, que se considere a las personas y grupos reales, sus posibilidades y limitaciones, sus aspiraciones y temores, las relaciones sociales en las que viven, sus intereses y conflictos, las maneras históricas en que actúan. Esas son las fuerzas que definen el destino real de una iniciativa pública. Las iniciativas públicas deberían evaluar el impacto real que tendrán sobre las personas, los grupos y sobre sus relaciones y al mismo tiempo trabajar sobre los requisitos sociales que pueden maximizar sus impactos positivos. Pedirles a los gestores públicos algo más de inteligencia cultural y de promoción del cambio cultural es, frente a los actuales obstáculos de nuestro desarrollo, lo más concreto que puedo imaginar. Pedro Güell. Doctor en Sociología. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales U. Alberto Hurtado

5. Superintendencia de Partidos Políticos: No hay que perderse un segundo en este tema: los partidos políticos son indispensables para el buen gobierno. Para eso se requiere buenos partidos, ciertamente. Pese a los avances de los últimos años; pese a la histórica solidez del sistema de partidos chileno, que nos destaca en cualquier estudio comparativo, aún nos falta. Los partidos no cuentan con un financiamiento mínimo y, por tanto, nadie sabe cómo realmente se financian. Las pocas sanciones son muy bajas. El control es débil. En una comuna se organizan primarias para elegir al candidato -lo que es sano-, pero nadie sabe cómo se paga eso. Chile necesita un upgrade en su normativa de partidos políticos. Los recursos para obtener financiamiento público regular pueden ser entregados a condición de requisitos de transparencia, democracia y competencia interna. Mejorar sustantivamente los mecanismos de control de gasto electoral, a través de una Superintendencia de Partidos. Aumentar las sanciones, y que éstas incluyan la destitución del infractor y la regulación de primarias internas. Transparentar al máximo las donaciones y, por cierto, prohibir las donaciones de personas jurídicas: que yo sepa, ellas no votan. Francisco Javier Díaz. Abogado y cientista político.

6. Un Servicio Civil: A fin de mejorar la función pública, deberíamos instaurar un sistema nacional de exámenes de ingreso a la carrera administrativa como el que hay en Reino Unido, Francia, Canadá, Irlanda, Brasil y muchos otros países. Un esquema de este tipo permitiría ofrecer puestos en las distintas instancias institucionales (ministerios, servicios, universidades y liceos) a los que podrían concursar postulantes con vocación de servicio público, independientemente de favoritismos políticos o de cualquier otra consideración. Esto último, siempre y cuando los exámenes y comisiones evaluadoras garantizaran rigor y respeto al mérito. Un sistema general como éste, no el actual que sólo ofrece concursos de cargos puntuales al igual que para el mercado laboral privado, ayudaría a paliar ciertas deficiencias como la corrupción, el personal no idóneo y el centralismo, entre otros. En el mejor de los casos, podría llegar a constituirse en una distinción de prestigio profesional, tecnocrático, académico y docente. Alfredo Jocelyn-Holt. Historiador, doctor de la Universidad de Oxford, académico de la U. de Chile

7. Capitalizar algunas empresas públicas: Nuestro país fue pionero en privatizaciones. Pero hoy mencionar esta palabra resulta casi como un atentado a los derechos humanos. No nos importa que países vecinos hayan hecho, con éxito, aquello que en Chile hoy no se puede mencionar. Tampoco nos parece un buen ejemplo el exitoso caso de Aguas Andinas. ¿Podremos algún día discutir seriamente la privatización, disculpen, la “capitalización” de algunas de nuestras empresas públicas? Me temo que ciertos criterios políticos lo hacen muy difícil. En fin, Codelco es de todos. Leonidas Montes. Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

8. Crear más instituciones “tipo Banco Central”: Crear más instituciones “tipo Banco Central”, con objetivos de largo plazo claros y poco expuestas al ciclo político. Un ejemplo típico son los reguladores. Ponerlos bajo un esquema de esta naturaleza contribuiría a perfeccionar la parte técnica y a aislar el ingrediente político de las discusiones, eliminado así el factor de riesgo en las decisiones de inversión. Sin embargo, un esquema de esta naturaleza también podría utilizarse en varias otras funciones del Estado que tengan en común dos cosas: objetivos de largo plazo y complejidad técnica. Cristián Moreno. Director de Estudios de Santander Investment para Latinoamérica

9. Transparencia radical en la administración pública: Partiría por proveer un servicio web central donde se registren todos los pagos emitidos por entidades públicas. Éste debe ser abierto y permitir el acceso a terceros. Para lidiar con la gran cantidad de información, se aportan herramientas de visualización (gráficos y diagramas) que permitan identificar con facilidad tendencias y situaciones excepcionales. Con un sistema como éste cualquier atisbo de corrupción desaparecería de raíz. El principio de transparencia radical estipula que no debe haber funciones secretas en el Estado, excepto las obvias (tareas de inteligencia). Las  tecnologías de la información permiten que este principio sea aplicable hoy. Carlos Orrego. Gerente general de Inflexa. M. Sc. Computer Science, University of Illinois

10. Diálogo y política de los acuerdos: Para transformar a Chile en un país mejor en todos los planos propongo una idea que, si bien no es nueva, la han compartido la enorme mayoría de los chilenos en las últimas dos décadas y ha permitido los avances más importantes de toda nuestra historia republicana. Es una idea a la vez amplia y mínima, sobre la cual se pueden construir muchas nuevas ideas y políticas públicas: que el diálogo y la búsqueda de acuerdos continúen prevaleciendo sobre el conflicto, la pendencia y la negación “del otro”. Ernesto Ottone. Secretario ejecutivo adjunto de la Cepal

LA PARADOJA DE LA PÍLDORA (Carlos Peña)

abril 6, 2008

 

Como yo no tengo la pluma de Peña, cumplo mejor con reproducir íntegramente su columna de hoy domingo 6 de abril. Lo hago, obviamente, porque representa casi en un 100% mi pensamiento al respecto:

“Dejemos el punto para la labor de los intérpretes”, se escuchó decir a Jaime Guzmán el 9 de agosto de 1978.

Así terminó la disputa que él mantuvo con la mayoría de quienes redactaron la Constitución de 1980.

Jaime Guzmán había sostenido que el nasciturus (el que está por nacer) era titular del derecho a la vida. La tesis fue rechazada. Uno de los integrantes de esa Comisión -Enrique Evans, que había sido profesor de Guzmán- le dijo que esa propuesta se basaba en consideraciones religiosas que no era razonable imponer en una sociedad pluralista.

Entonces se redactó la regla actual: “La ley protege la vida del que está por nacer”. La Comisión entendió que esa norma no significaba prohibir, en términos absolutos, la interrupción del embarazo. Enrique Ortúzar -a quien nadie pudo llamar progresista o incrédulo- subrayó que en opinión de la mayoría “no podían imponerse creencias religiosas propias en una materia tan delicada”.

Fue allí cuando Guzmán, derrotado y para evitar lo peor, sugirió dejar el punto a los intérpretes.

Esos intérpretes -el Tribunal Constitucional- decidieron ahora que la píldora del día después es inconstitucional y no puede ser distribuida por organismos públicos. Se trata de una decisión que -a la luz de esa historia- es muy difícil de justificar desde el punto de vista técnico.

La controversia -al contrario de lo que se cree- no es científica, sino normativa. En rigor, no se trata de decidir cuándo comienza la vida, sino desde cuándo se es titular de un derecho constitucional. Se trata de un asunto jurídico, no de una cuestión biológica. La biología enseña que hay embrión antes de la implantación en el útero; que también existe embrión luego de esa implantación; y que luego hay un ser humano completo. Lo que la biología no dice es desde cuándo hay un titular de un derecho constitucional.

Ésa es una cuestión que deciden las normas. O, como profetizó Jaime Guzmán, los intérpretes.

¿Qué dicen las normas? Ordenan al legislador proteger la vida del que está por nacer. De una regla semejante no se sigue -como al parecer lo sostiene la mayoría- que el que está por nacer tenga derecho a la vida en un sentido técnico. Una cosa es ser objeto de protección por el legislador o poseer relevancia moral; otra cosa es ser titular de un derecho constitucional. Y si el tribunal sostiene esto último -que el embrión preimplantacional es titular de un derecho constitucional-, entonces deberá explicar por qué otras técnicas de control que impiden la implantación no fueron, sin embargo, prohibidas.

Pero lo anterior -que es difícil- no es lo único que deberá fundamentar el tribunal. Todavía tendrá que explicar por qué si la píldora del día después viola el derecho a la vida, sólo es ilícita su distribución pública. Que la distribución privada sea inocua y la pública dañina es un círculo difícil de cuadrar. ¿Por qué un mismo fármaco va a ser más o menos lesivo de la vida humana según el lugar de su distribución? ¿Por qué la píldora, en opinión del tribunal, atenta contra la vida si la distribuye el Estado, y no, en cambio, si la adquiero en la esquina?

Pero sobre todo deberemos explicarnos qué pudo pasar entre los años de la dictadura y los de la democracia para que hoy día nuestros constitucionalistas tengan menos disposición al pluralismo que antes. ¡Y estén dispuestos a restringir la autonomía de las mujeres sobre bases tan débiles y en medio de tales inconsistencias!

En 1978, Enrique Ortúzar y otros redactores -todos nombrados por Pinochet- sabían que la relación entre un embrión preimplantacional y un ser humano adulto era un asunto que la religión podía saldar sin problemas, pero no una regla constitucional. Y se abrían entonces a la posibilidad de que el discernimiento moral de cada uno o la deliberación democrática resolviera el punto.

Pero ahora, en el año 2008, un puñado de jueces no cree lo mismo, y piensa que en una sociedad aún más diversa es posible salvar un punto como ése. Y hacen el esfuerzo -ya veremos con qué filigranas- de derivar de una regla de protección la titularidad de un derecho. Y de pasada incurren en un conjunto de inconsistencias que será muy difícil de justificar.

No hay caso: a la hora de las cuentas, el único que se salva de todo esto -y prueba por enésima vez no su razón, pero sí su sagacidad- es Jaime Guzmán.

TRAS LA HUELLA DE PIÑERA EN PERÚ

abril 2, 2008

 

Les dejo la columna de opinión que me publicó ayer martes 1 de abril el diario La Tercera, una especie de contrapunto al artículo de Patricio Navia que salió el domingo:   

“La polvareda que ha levantado el controvertido viaje de Sebastián Piñera a Lima aún no se asienta. Propongo dimensionar sus implicancias y plantear separadamente los distintos hechos políticos que se entrecruzan en este episodio.

En primer lugar, está el derecho de un ciudadano de visitar otro país y emitir declaraciones de contenido político. No parece un tema en que debiéramos detenernos demasiado: Piñera, al igual que todos, tiene ese derecho. Tiene incluso derecho a disentir de la posición oficial, lo que en este caso no hizo. Fue bastante claro al señalar que conocía, compartía y apoyaba la tesis chilena en la controversia limítrofe con Perú.

En segundo lugar, está la prudencia política. Por el lado peruano, el recibimiento fue un continuo agasajo. Por el lado de Piñera, un continuo recibirlo. Si alguien cometió un error, no fue precisamente el precandidato de la Alianza, quien trata legítimamente de consolidar su estatura internacional. Y a juzgar por las loas expresadas por el ministro de Defensa peruano (“Piñera no es sólo una figura en Chile, sino en Latinoamérica…”), la estrategia ha sido exitosa. Cuando Ricardo Lagos hacía campaña, la Concertación se preocupaba de recordarnos cada cierto tiempo la importancia de tener un Presidente con vínculos y prestigio en la comunidad política internacional. No veo razón para que la centroderecha deje pasar ahora una ventaja que históricamente no ha tenido. Entiendo que el oficialismo no aplauda a Piñera, pero la virulencia en la crítica ha sido excesiva y no parece una reacción con altura de miras. Básicamente, porque Piñera tiene razón en su punto: las relaciones (políticas y comerciales) con Perú no pueden quedar suspendidas o tensionadas por la discusión de La Haya, cuya conclusión tardará años en llegar. Paradójicamente, podríamos conocerla recién en un gobierno que él presida. Y mientras más amigos seamos de Perú en ese momento, mejor.

En tercer lugar, está el asunto de la agenda público-privada. Quizás éste sea el único aspecto espinudo y realmente inflamable. No creo que el más probable abanderado de la Alianza haya cometido el error que le achacan, de no saber separar las intenciones de su visita. Como pocas veces, fue convincente al defender su rol de político, hablando sobre temas públicos. En ese sentido, no es descabellado pensar que Lima trató de bajarle el perfil público a su entrevista con el Presidente Alan García, utilizando el argumento de Lan: como empresario con intereses en Perú, Piñera podría recibir todo tipo de mimos, como precandidato presidencial opositor, no. Incluso si la palabra “Lan” se pronunció en la reunión, no me parece suficiente para crucificar a Piñera. El verdadero gesto está en asumir la visita como una reafirmación de su vocación pública. Los empresarios no hacen eso. Los políticos sí.

Nada de esto contribuye, en todo caso, a zanjar de una buena vez su doble filiación entre política y negocios. Aquellos que sostienen que deja un flanco abierto demasiado tiempo a merced de sus adversarios, han acertado una vez más. Podríamos seguir hablando de la espectacular gira de Piñera a Perú, y en cambio estamos hablando de su supuesta incapacidad para desligarse de los negocios.

Aun así, la evaluación en el círculo piñerista debería seguir siendo positiva. Más que nada porque el gobierno se vio más errático que el resto de los actores, y porque Piñera, cuya posición en las encuestas confirma su relativa impermeabilidad a los ataques oficialistas, continúa alimentando la sensación de inevitabilidad de su llegada a La Moneda.”

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