Archive for 9 diciembre 2008

“LIBERALES DEL MUNDO, UNÍOS”

diciembre 9, 2008

Para celebrar las 20.000 visitas (el crecimiento ha sido explosivo en los últimos meses), los dejamos con un interesantísimo artículo que salió este domingo en el Reportajes de La Tercera, autoría de Gaspar Hübner:

“Una de las figuras que más influyeron sobre el gobierno de Ronald Reagan fue William Niskanen. Sus consejos se dejaron sentir especialmente en materia económica. De hecho, fue una de las principales figuras del equipo de asesores que tuvo la Casa Blanca en esta materia. Su ascendiente no fue gratuito. Niskanen era y sigue siendo uno de los miembros destacados del Cato Institute, think tank que se autodefine como “libertario” e inspiró, durante los 80, buena parte de las políticas emprendidas por el gobernante republicano. La promoción que hizo Reagan del libre mercado, de abrir el comercio internacional, de reformar el estado de bienestar, de bajar el gasto y la inflación, así como de un gobierno limitado, no hizo más que sellar una asociación que se venía gestando hace tiempo.

Desde los años 60 había comenzado a forjarse esta alianza entre un sector de los conservadores dentro del Partido Republicano y los seguidores de las ideas “libertarias” de la economía clásica. Su común rechazo a la intromisión gubernamental y a la idea del “Estado de bienestar” -que aquí en Chile encarnaron los gobiernos radicales- facilitó el acuerdo entre los defensores de valores tradicionales y el grupo de intelectuales y economistas que se agrupó en torno al Cato Institute.

Creado a mediados de los 70, el centro congregó a discípulos de quienes fueron considerados los máximos exponentes del liberalismo clásico del siglo XX: Friedrich von Hayek, Milton Friedman y Ludwig von Mises. También había fervientes pacifistas y defensores de un capitalismo sin ningún tipo de control estatal. Pero fueron sobre todo las reformas aplicadas por Reagan y Bush padre las que lograron que la reputación del think tank saliera de las fronteras estadounidenses y atrajera a economistas de otras latitudes, como el chileno José Piñera, creador de las AFP, quien ha usado al instituto para promover ese sistema en todo el orbe.

Sin embargo, el matrimonio entre libertarios y republicanos, que hasta hace no mucho parecía perfecto, ha comenzado a resquebrajarse. No son pocos los que creen que los principios tradicionalmente defendidos por el Cato Institute (gobierno limitado, libertad individual, libre mercado y fomento de la paz) no están para nada reflejados en las políticas del gobierno de George W. Bush. El actual presidente del think tank, Ed Crane, junto a su antecesor, William Niskanen –el mismo que asesoraba a Reagan, escribieron un ensayo en donde afirman que el neoconservadurismo que inspira a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice; al ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y al vicepresidente Dick Cheney, “es una amenaza a la libertad quizás peor que las gastadas ideas del liberalismo de izquierda”. Ambos consideran también que “la visión benigna de los neoconservadores hacia el Estado” es absolutamente contradictoria con el ideal de la libertad individual. Es más, el principal dardo que le han lanzado a Bush es que su gobierno ha sucumbido a la tentación populista.

 

Un nuevo matrimonio

 

Pero hay quienes han llevado la crítica más lejos. Brink Lindsey y Will Wilkinson, dos de las figuras más provocadoras del Cato Institute, han abogado explícitamente por abandonar la alianza con los republicanos y buscar un nuevo maridaje. La idea es asociarse con la otra vertiente política de raigambre liberal en Estados Unidos: aquella que se ubica en la izquierda y en el seno del Partido Demócrata. Argumentos para justificar esta jugada desconcertante les sobran. “El gobierno republicano ha sido un desastre desde una perspectiva libertaria: un gasto federal desbocado, sin precedentes desde Lyndon Johnson; un ejercicio extremo del Poder Ejecutivo, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo; crecientes subsidios a la agricultura; pero sobre todo una guerra atrozmente fallida en Irak”, ha escrito Lindsey en un comentado ensayo titulado Liberaltarians, neologismo que une los conceptos de “liberal” y “libertarian” (libertario). Avanzar en este camino requiere según Wilkinson, fusionar el pensamiento de los dos gigantes liberales del siglo XX: el “derechista” Friedrich von Hayek y el “izquierdista” John Rawls. Wilkinson se define como un “rawlskian” (rawlsian + hayekian).

 

¿En qué topamos?

 

Durante años se consideró incompatible reunir el legado del profesor de origen austriaco, premio Nobel de Economía de 1974 y autor de Camino a la servidumbre –una de las críticas más incisivas a las economías socialistas-, con el pensamiento de Rawls, filósofo y jurista estadounidense, famoso por su monumental Teoría de la justicia, texto que ha servido de inspiración teórica para justificar políticas de orientación socialdemócrata. Sin embargo, fue el propio Hayek quien escribió que las diferencias con Rawls “eran más verbales que sustanciales”. El economista reconocía sólo tener problemas con la terminología “rawlsiana”, particularmente con el concepto de justicia social que usaba el estadounidense. Para Rawls, alcanzar la “justicia social” era básicamente asunto de encontrar los arreglos institucionales adecuados que satisficieran ciertos principios de equidad: reglas que garantizaran una justa igualdad de oportunidades. En sus palabras, una normativa que “favoreciera a los más desaventajados en la sociedad”.

Esto es, un conjunto de reglas en el que las oportunidades de los individuos no estuvieran determinadas por privilegios de ninguna especie y menos por el nacimiento. Esto no difiere mucho de lo que pensaba Hayek sobre la materia. Al respecto, éste escribió que se debe considerar como el orden social más adecuado aquel “que elegiríamos si supiéramos que nuestra posición en él sólo estuviera decidida por el azar”. Y es en este aspecto que tanto Hayek como Rawls ven que el mercado es perfectamente compatible con mejorar las oportunidades de las personas. Esta base le daría fundamento a un acercamiento que, según Lindsey, lo exigen los hechos ocurridos en los últimos 50 años. “Muchos de los grandes avances libertarios de la era, como el fin de la censura, la legalización del aborto, la liberalización de las leyes de divorcio, la creciente protección de los derechos de los acusados y la reapertura de la inmigración, han sido defendidos por la izquierda política”. El guante está lanzado, opinan los promotores de este acercamiento. Sólo resta saber si hay los suficientes liberales, de lado y  lado, dispuestos a recogerlo.”

LAGOS: CON LOS PIES EN LA TIERRA

diciembre 4, 2008

por Cristóbal Bellolio

Ricardo I da un paso al costado. Destacados analistas se anticiparon a evaluar esta jugada. Así como Patricio Navia señaló que la bajada de Lagos sería una señal devastadora para su imagen y su legado (porque revelaría temor a la competencia), Carlos Peña apuntó que sólo conviene participar en elecciones donde el triunfo es seguro o al menos donde existen buenas razones para perder, en circunstancias de que para el ex presidente no se verificaba ninguna de estas condiciones. Es probable que ambos tengan razón: La decisión de Lagos impide que salga a defender su obra en la próxima campaña (aunque sea una razón mezquina, para muchos dirigentes del PPD este argumento se transformó en consigna), y de paso jubila políticamente a la figura más emblemática de la Concertación: El retiro del precandidato Lagos dañará especialmente la moral de la coalición gobernante. Pero como toda crisis es oportunidad, lo positivo es que se despeja el camino para quienes realmente tienen intenciones de dar la pelea: El enfrentamiento Frei – Insulza se ve más cerca, y evita el bochorno de repetir una primaria que ya había tenido lugar quince años atrás.

En lo personal, la decisión del ex presidente le ahorrará los sinsabores de un ambiente de campaña predispuesto en su contra. La “transantiaguización” del debate lo habría irritado una y otra vez, las denuncias de corrupción habrían explotado su temperamento, y para Piñera habría sido un deleite competir en la lógica de pasado versus futuro.

También se hizo evidente que Lagos comprendió que el rol de chivo expiatorio no le correspondía. Que el oficialismo haya sido incapaz de generar nuevos liderazgos no es culpa suya, y no tiene por qué asumir la responsabilidad de la falta de recambio. Él cumplió con su parte, al dejar instalada como sucesora a una cara fresca y perteneciente a sus mismas filas ideológicas. Es Bachelet la que no ha cumplido la suya. Ni Frei ni Insulza son figuras de verdadero recambio, y ninguna de ellas ha sido promovida por la actual mandataria. Parte importante del ejercicio del poder es asegurar la trascendencia de los proyectos. Bachelet tendrá que cargar con ese peso aun después del fin de su mandato.

En resumen, todo parece indicar que el anuncio de Lagos es razonable en su mérito. Sería como mucho atribuirlo a un “gesto de generosidad” (los políticos son pródigos en esos calificativos), pero sí de realismo político. Lagos vuelve a poner los pies en la tierra, después de haberlos tenido mucho tiempo a la altura de su ego.

Link: http://blog.latercera.com/blog/cbellolio/entry/con_los_pies_en_la

¿QUIÉN QUIERE RENOVAR EL PADRÓN ELECTORAL?

diciembre 2, 2008

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el viernes 28 de noviembre)

Se puso de moda hablar de renovación política. Los políticos chilenos conversan sobre Obama y tratan de subirse a su carro de la victoria. Un ex presidente septuagenario tiene la ocurrencia de escribir un libro que habla sobre el futuro de Chile. Nos lamentamos de la escasa participación electoral en las pasadas municipales y hacemos reflexiones sobre la desafección de los jóvenes con la democracia. ¿Quién de todos dice la verdad? ¿Quién está realmente dispuesto a asumir el riesgo y apostar a la verdadera renovación de caras, contenidos y estilos? ¿Quién, para empezar, se la jugará por la renovación de nuestro estancado padrón electoral?

Partamos por lo básico: La campaña de Michelle Bachelet prometió que dentro de los primeros cien días de su mandato se impulsaría la inscripción automática en los registros electorales, unido a la reforma que elimina la obligatoriedad del voto. El proyecto recién se votó hace unos meses en la Cámara de Diputados. La misma Concertación que vocifera contra el sistema binominal (pero que se nunca se ha sentido más a gusto con él) cuestionó la iniciativa. La DC se opuso al voto voluntario, argumentando que el sufragio era un deber, verdadera expresión de virtud republicana. No deja de resultar paradójica la noción de virtud republicana cuando se exige bajo pena de multas y sanciones. Además, los expertos electorales falangistas vaticinaron un catastrófico descenso en la participación si se eliminaba la obligatoriedad, y amenazaban permanentemente con el caso venezolano, donde la enorme abstención habría dado paso al populismo chavista. Las recientes elecciones locales en dicho país prueban la tesis contraria: La participación se elevó al 65% de la población en edad de votar y Chávez volvió a ganar. Para qué hablar del caso de Estados Unidos, donde la presidencial recién pasada registró un insólito índice de participación electoral del 64%. En ambos casos el voto es voluntario. En cambio en Chile, en la última elección de alcaldes, siempre con voto obligatorio, la participación electoral bordeó el 53% si consideramos los votos válidamente emitidos. Todo lo anterior parece demostrar que la clave está en generar escenarios electorales relevantes y competitivos. Dicho de otra manera, escenarios donde la ciudadanía se sienta motivada a votar porque el resultado importa y porque su voto puede hacer la diferencia.

Sigamos con la inconsecuencia de la vereda opuesta: Aunque los parlamentarios de RN apoyaron la idea de legislar a favor de la inscripción automática y el voto voluntario, en el momento decisivo retrocedieron. La influencia del denominado “informe Tagle”  bastó para dinamitar la iniciativa, y Sebastián Piñera cedió ante sus aliados de la UDI. Hoy aparece ante los medios, como ya lo había hecho en la campaña de 2005, promoviendo nuevamente la reforma. Pero parece oportunista que lo haga justo ahora que las encuestas demuestran de manera fehaciente que sus apoyos crecen en el segmento de los jóvenes y los no inscritos. En la UDI la negativa vino acompañada de una explicación curiosa: No hay que cambiar el padrón en año eleccionario. Entonces dejémoslo tal cual está, no llamemos a nadie a inscribirse, y saquémoslo del congelador en diciembre de 2009. En la tienda gremialista aun no comprenden que la salud de la democracia depende de su dinamismo y capacidad de adaptación.

Todo lo anterior nos autoriza a ser escépticos respecto de cualquier discurso de renovación pronunciado por nuestra clase política. Los hechos nos demuestran que ningún sector muestra credenciales intachables en esta materia. El costo de incorporar a las nuevas generaciones al debate político puede ser muy alto para algunos, ya que perderían la cómoda certidumbre que hoy les proporciona un padrón envejecido y atado afectivamente a un hito que ocurrió dos décadas atrás.

¿A quién le beneficia la renovación del padrón? Algunos sostienen que los jóvenes son intrínsecamente de izquierda, otros sostienen que los votos nuevos se repartirán en partes iguales, mientras otros señalan que la actual composición del padrón beneficia siempre a la Concertación. Otros, finalmente, creen que el voto de las nuevas generaciones es una caja de pandora, que no tiene dueño y que está disponible para aquellos políticos que sean capaces de invitarlos a una misión histórica en la cual jueguen un papel protagónico. Estamos con esta última interpretación.

Link:

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/quien_no_quiere_renovar_el_padron_electoral/

Link con coletazos de la columna:

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/la_prueba_de_la_blancura_para_pinera_y_compania

SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LAS HUELGAS Y EL SECTOR PÚBLICO

diciembre 1, 2008

por Daniel Brieba

La reciente huelga de los funcionarios públicos en nuestro país y la discusión que de ahí se ha generado, me ha hecho cuestionarme la base valórica o normativa desde la cual los distintos actores han juzgado el reciente paro de los funcionarios. Mi pregunta es, básicamente, ¿es legítimo que los funcionarios públicos hagan huelga? Y si es que la hacen, ¿se debiera poner límites al nivel de disrupción de los servicios públicos que se les permite generar? Adelanto que mi respuesta será ‘sí’ a ambas preguntas, pero no pretendo aquí llegar a ‘la’ solución, sino invitarlos a iniciar una reflexión colectiva.

 

Parto por notar que, hablando ahora de las huelgas en general y no sólo las del sector público, hay dos maneras en que tradicionalmente se ha entendido el rol que éstas cumplen. Históricamente, las huelgas nacieron como respuesta espontánea de trabajadores que se estaban aprendiendo a organizar bajo las condiciones excepcionalmente difíciles de las minas, ferrocarriles y fábricas de la naciente industrialización inglesa del siglo XIX. De los abusos de entonces nos llega la idea de que la huelga es una manera de equiparar, al menos parcialmente, el poder de negociación de empleados y empleadores (a lo cual se le dio ‘pedigree teórico’ una vez aparecida la teoría marxista del trabajo bajo el capitalismo, que sostiene que toda relación asalariada es inherentemente explotadora). No me cabe duda de que sin los movimientos obreros y sin la universalización del sufragio en la primera mitad del siglo XX, la explotación de niños, mujeres y pobres sería mucho mayor en todo Occidente que la que vemos hoy. Para la mayor parte de la izquierda, aun hasta el día de hoy, una manera central de reducir las desigualdades económicas es vía la sindicalización, de modo que en cada empresa los trabajadores puedan rechazar condiciones de trabajo inaceptables, negociar mejores salarios y participar en las utilidades de la empresa. Aquí, por ende, la huelga es un instrumento absolutamente legítimo en la noble causa de construir sociedades más justas e igualitarias. No habría conflicto entre los intereses de los huelguistas y el de la sociedad como un todo. La izquierda extra-parlamentaria justifica y promueve las huelgas basados en este paradigma.

 

La segunda tradición nace en la segunda mitad del siglo XX, desde el pensamiento económico y en gran medida como respuesta al éxito de la sindicalización de las relaciones laborales en los países desarrollados. El argumento es que los sindicatos (y sus huelgas), no son sólo una manera de redistribuir riqueza desde los dueños de la empresa a los trabajadores de ésta, sino también para hacerlo desde los desempleados hacia los que ya tienen trabajo. Esto último se produce porque, si el sindicato logra subir los salarios, encarece para su empresa los costos de contratación y por ende ésta contratará a menos gente, perjudicando así a los más vulnerables de todos, los desempleados. Llamado a veces un modelo ‘insider-outsider’, su consecuencia normativa es que nos hace ver a los sindicatos no ya como vehículos de la justicia social, sino que como grupos de interés preocupados sólo de su bienestar aun a costa de los más necesitados. Los trabajadores sindicalizados no son ya los explotados de esta tierra luchando por sus derechos, sino más bien una ‘aristocracia obrera’ que al hacer huelgas perjudica a la empresa y a los más pobres a cambio de unos pesos más para ellos. Por ende, aquí sí se postula un conflicto evidente de interés entre los huelguistas y la sociedad. Notemos, por último, que este segundo modelo agrega a la ‘explotación interna’ que pueda haber del empleado a sus trabajadores, la posibilidad de una ‘explotación externa’ de parte de estos mismos trabajadores hacia los desempleados o a la sociedad en su conjunto.

 

Armados con estos conceptos, sugiero que lo primero que hay que hacer al mirar una huelga es pensar a cuál de estos modelos se parece más la situación que estamos observando. ¿Es la huelga producto de que un grupo de trabajadores de gran vulnerabilidad y pobreza se ha organizado para limitar su explotación por un agente mucho más poderoso? ¿O estamos ante las demandas de un grupo que en sí es poderoso, una ‘aristocracia entre los trabajadores’? No se trata necesariamente de que haya que apoyar a los primeros y repudiar a los segundos- todo depende de la razonabilidad de las demandas en cuestión, y en cualquier caso la legitimidad de la movilización debe distinguirse de la justicia (o no) de sus peticiones sustantivas. Pero es un punto de partida para detectar si la ‘explotación interna’ o la ‘explotación externa’ son más relevantes en un caso dado, y así juzgar cuál es más urgente de remediar, y así saber si el empleador o los trabajadores debiesen tener mayor poder negociador.

 

De lo anterior se desprende que el horizonte normativo que nos debiera guiar en estos casos es el de intentar evitar todo tipo de explotación en las relaciones laborales. La ‘explotación’- un concepto ambiguo- la defino aquí como la situación donde un grupo tiene demasiado poder de negociación respecto a otro. Esta fue la justificación original para permitir el derecho a huelga en sociedades profundamente desiguales durante la industrialización temprana; en la actualidad, las movilizaciones de las temporeras rurales podrían ser un buen ejemplo. Pero a veces los sindicatos son tan poderosos que ellos mismos pueden explotar a sus empleadores, y yo argüiría que ese es el caso de los sindicatos de Codelco. Un tercer caso sucede cuando los explotados son terceros vulnerables, como sucede cuando la ANEF hace huelga. Pero la solución, en estos casos, no es prohibirles la huelga a los funcionarios (ahí ellos podrían a su vez ser explotados), sino que regularla de manera tal que se respete la idea original de lo que una huelga permite: igualar el poder de negociación de las partes de tal manera que se sienten en la mesa mirándose a los ojos como iguales, sin dominar ni ser dominados. Por ejemplo, creo que la huelga en los servicios de urgencia y respecto a aquellos tratamientos médicos que no admiten dilación ni irregularidad alguna, debieran prohibirse, ya que la amenaza de no atender a esos pacientes constituye un arma demasiado poderosa de los huelguistas tanto frente a la sociedad como frente al Estado, y por ello constituye una relación de explotación frente a ambos. En cambio, sí debiera permitirse la huelga en otras áreas del sector salud, aun suficientemente significativas como para presionar al gobierno en nombre de toda la repartición.

 

Muchas otras áreas del Estado, sin embargo, no cumplen un rol inmediato de tanta urgencia y podrían ir a paro legítimamente. Sería molesto para el ciudadano, por cierto, y confiamos en que nuestros gobiernos sean suficientemente hábiles y competentes para prevenir que la inmensa mayoría de conflictos terminen en paro, pero la opción de ir a huelga es parte de nuestros derechos fundamentales, una enorme conquista del siglo XX, y no se debiera prohibir a la ligera; al fin y al cabo, la no-dominación del hombre por el hombre es una meta esencial de la democracia y de la modernidad ilustrada en su conjunto.