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FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS: ES JUSTO Y NECESARIO

noviembre 30, 2010

por Daniel Brieba M. (publicada en El Dínamo el sábado 27 de noviembre)

Los partidos políticos chilenos, bien lo sabemos, no atraviesan su mejor momento. Faltos de vitalidad interna y crecientemente divorciados de una ciudadanía que los ve como organizaciones anticuadas, opacas, poco representativas y fuera de sintonía con las preocupaciones de la gente, son la sombra de lo que una vez fueron. Esto es un triste presente para un país que sin lugar a dudas tiene una de las tradiciones partidistas más longevas, ricas, diversas y exitosas del continente.

Puesto que la disfuncionalidad de nuestros partidos implica necesariamente una disfuncionalidad de nuestra democracia, sugiero que una medida (entre varias) para mejorar su funcionamiento es otorgarles financiamiento público a los partidos políticos, a cambio de exigirles- como condición del subsidio- estándares mínimos de transparencia financiera y de democracia interna.

A pesar del cinismo rampante respecto a los políticos y los partidos, que hace que muchos vean en esta propuesta nada más que otro intento de los políticos por hacerse de rentas a costa de la masa trabajadora de chilenos, creo que ésta es una medida justa y necesaria.

Justa, porque los partidos, independientemente del nivel de ambición o codicia de sus integrantes, cumplen funciones indispensables: agregan y articulan una multiplicidad de intereses individuales y dispersos, reclutan y forman candidatos y cuadros técnicos, proponen alternativas de acción, construyen relatos colectivos, y en general contribuyen decisivamente a la creación de una democracia representativa e institucionalizada.

Una democracia de este tipo es un bien público, y por ello es de justicia que entre todos financiemos ese bien mediante un subsidio básico a los partidos que les permita cumplir con sus funciones. 

Por otra parte, subsidiar a los partidos es necesario, porque actualmente o tienen una vida organizacional extremadamente precaria, o dependen de sus conexiones con personas u organizaciones acaudaladas. La dura realidad es que sin plata no hay partidos, por lo que si no les damos la plata de manera transparente, entonces no nos sorprendamos después si la consiguen de forma opaca.

Y si hay algo capaz de pervertir la influencia de los ciudadanos de a pie en el proceso democrático es justamente la influencia del dinero, y por ende, toda medida que le otorgue autonomía a los partidos de sus financistas internos y externos- verdaderos poderes en las sombras- aumenta la capacidad de los partidos para representar a sus electores. 

Tenemos, pues, una opción como ciudadanos: o nos desentendemos del problema y dejamos que los partidos se las arreglen como puedan- manteniéndose así como organizaciones precarias, amateur y opacas-, o asumimos nuestra cuota de responsabilidad y los financiamos, obteniendo a cambio garantías de transparencia y democracia interna, y mayores cuotas de apertura y profesionalismo. Creo que lo segundo sería una clara situación de ganancia para lado y lado.

Link: http://www.eldinamo.cl/blog/financiamiento-publico-los-partidos-es-justo-y-necesario

CONTRA LA OBLIGATORIEDAD DEL VOTO

noviembre 28, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el viernes 26 de noviembre)

Los defensores del voto obligatorio se han multiplicado. Sus argumentos no son sólo razonables, sino sugerentes y a ratos persuasivos. Por lo mismo considero necesario rebatir algunos de ellos para demostrar que la voluntariedad del voto no sólo es preferible por su evidente popularidad, sino que también descansa en presupuestos intelectuales sólidos y convincentes.

Su piedra angular es el respeto a la libertad individual. Puede parecer obvio, pero algunos académicos y columnistas rechazan este punto. Según ellos, los deberes democráticos no constituyen violación de libertad alguna. Me parece que se equivocan. Si el Estado me puede forzar a concurrir al local de votación, o puede sancionarme si no lo hago (que para el caso es lo mismo), entonces hay una clara afectación en la libertad de las personas, quienes ven reducidas sus posibilidades de acción o de elección. Si el voto es una libertad política –del tipo que nos permite participar en la conducción de los asuntos públicos- entonces su ejercicio debe ser decidido en forma autónoma y no exigido coercitivamente. Si el voto es voluntario, el poder reside en el individuo. Si es obligatorio, en la autoridad.

La mayoría de los comentaristas han aceptado que la obligatoriedad acarrea problemas para la libertad individual. Pero coherentemente han sugerido que se trata de una afectación necesaria. Algunos de ellos han puesto sobre la mesa cierta evidencia empírica: en países con voto voluntario habría menos incentivos para llevar adelante políticas públicas orientadas hacia los más desfavorecidos. No discutiré dicha evidencia aquí.  Sí me parece importante destacar que en este caso se pide sacrificar libertad en nombre de otro valor, llámese equidad o justicia social. Es un camino que podemos tomar, pero que resulta incompatible con la prioridad de la libertad en un sistema de valores políticos, en el cual la restricción de la libertad personal no se hace aceptable porque es capaz de generar más bienestar social. Esta fórmula puede ser aceptada desde una lógica utilitarista o colectivista, pero no liberal.

Otros han evitado este tipo de colisión de valores argumentando que el voto obligatorio coarta la libertad pero en nombre de la propia libertad. Si éste fuera el caso, los liberales no tendrían mucha escapatoria. Piense en las normas que regulan el uso de la palabra en un debate; si bien es cierto que limitan nuestra libertad para hablar, si no fuera por ellas muchos no podrían hacer uso de la palabra ante la tendencia de algunos a monopolizarla. Es decir, la libertad debiera ser mínimamente afectada para preservar el sistema que nos permite justamente disfrutar de todas las libertades, es decir, la democracia.

No desconozco que la relación entre democracia y respeto a las libertades está a la vista, pero cosa distinta es sostener que éstas dependen de algún grado de participación electoral. Si lo que hacemos al acudir a la mesa de votación es renovar nuestras autoridades ejecutivas, legislativas y municipales, la teoría política y legal tiene fuertes argumentos para señalar que mucho más importante es contar con textos constitucionales que garanticen dichas libertades y poderes judiciales independientes capaces de hacer cumplir dichos textos. Desde el punto de vista liberal, es más importante cómo se gobierna que quién gobierna. Por lo demás, desde la perspectiva de la democracia como expresión amplia de la influencia de la opinión pública sobre la conducción del gobierno, hoy existen múltiples y documentados mecanismos –desde encuestas hasta movimientos de la sociedad civil- que complementan la pasada por las urnas. Nada de esto desmerece el valor de la democracia, pero sí cuestiona la tesis de que sin participación total de la ciudadanía en los procesos eleccionarios la tiranía está a la vuelta de la esquina. No creo que nadie sostenga, dicho sea de paso, que perdimos la democracia y las libertades en 1973 por falta de compromiso político o cívico de los chilenos.

Finalmente, me gustaría refutar la tesis que con cierto fundamento plantea que quien no vota es un free rider, es decir, alguien que se beneficia o aprovecha del trabajo del resto sin hacer la parte que le corresponde. En primer lugar porque, como vimos, no es la democracia la que posibilita la libertad individual, sino la que nos ayuda –normalmente- a garantizarla. En segundo lugar porque quien se abstiene de votar no pone ninguna carga en quien sí lo hace. Todo lo contrario, el voto de este último adquiere mayor peso relativo en un universo menor de votos. Y en tercer lugar, si quien se abstuvo acepta las reglas del juego y sus resultados –no puede sino hacerlo en un sistema de inscripción automática- entonces parece plausible aplicar el refrán “quien calla, otorga”, funcionando su abstención como una verdadera delegación –y no renuncia- de su derecho.

En síntesis, sólo el voto voluntario es compatible con el respeto irrestricto a la libertad individual, siendo su sacrificio no enteramente justificado por otras consideraciones de equidad o de libertad en sí misma. No hay problema en seguir hablando del sufragio como deber cívico o incluso como deber moral. Pero no es deseable que se trate además de un deber jurídico.

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/11/26/contra-la-obligatoriedad-del-voto/

LIBERALISMO Y VOTO VOLUNTARIO

noviembre 25, 2010

por Daniel Brieba M.

Me considero un liberal– en su vertiente rawlsiana o ‘liberal igualitaria’- y creo tomarme sumamente en serio la importancia de las libertades fundamentales del individuo y la necesidad de ponerle límites claros a la acción y coacción del Estado. Sin embargo, y al parecer a diferencia de la mayoría de los liberales chilenos, no creo que el voto ‘voluntario’– en el sentido de que uno sea libre de ir o no ir a votar en cada elección- sea una buena idea. Para ser preciso, me parece una medida riesgosa: si resulta bien puede traer beneficios marginales, pero si resulta más o menos o mal tenderá a agravar algunos problemas que nuestra democracia ya acarrea. Creo, por el contrario, que un sistema de voto obligatorio pero con desinscripción voluntaria- o algún otro sistema mixto que se pudiera acordar, como la obligación de votar en dos de cada tres elecciones por ejemplo, evitaría los peores riesgos de la votación voluntaria al mismo que preserva la voluntariedad última (si bien no la inmediata) del voto. Los riesgos del voto voluntario están asociados a la creación- o acarreo desde el sistema actual- de un grupo significativo y creciente de votantes desmovilizados que se marginarán sistemáticamente de las elecciones, y sus consecuentes efectos sobre la legitimidad, justicia y representatividad de nuestra democracia.

Antes de ver estos efectos es necesario entender cuál es el argumento que se ha dado para el voto voluntario. En un plano normativo, se ha planteado por algunos que el voto es exclusivamente un derecho, y jamás un deber exigible legalmente, pues si algo se transforma en deber, deja de ser un derecho- nada podría ser ambas cosas a la vez. Al respecto, me limito a notar que el opuesto a la libertad de votar puede ser la obligación de votar, o bien la prohibición de votar. Por ello, bajo un sistema de voto obligatorio éste ciertamente es un deber, pero no deja de ser un derecho en la medida en que el Estado no puede negarle el voto (y así ‘eximir’ de este deber) a nadie. Individuo y Estado se encuentran en obligación mutua- cosa que no ocurre en el caso de un deber puro, donde sólo el individuo está obligado, o de un derecho puro, donde sólo el Estado lo está. De manera más fundamental, sin embargo, la objeción liberal al voto obligatorio es que supone una restricción de la libertad individual que requiere una convincente y poderosa razón de ser para justificarse, y que la invocación de un deber moral de acudir a las urnas simplemente no es razón suficiente. Estoy de acuerdo en esto con mis correligionarios liberales: apelar a un deber moral no basta.

No obstante, veo al menos tres maneras en que se puede llegar a esa razón de peso que haga justificable la restricción. Todas ellas se basan, sin embargo, en dos supuestos empíricos que son claves para la discusión posterior, y sobre las cuales hay evidencia más que abundante en la literatura de ciencia política. Lo primero es que, controlando por otras causas, un sistema de voto voluntario tendrá en promedio una participación electoral sustancialmente menor que un sistema de voto obligatorio[1]; y segundo, mientras menor sea la participación electoral, más desigual será ésta- en otras palabras, el sesgo etáreo y el de clase en la participación se acentúan a medida que baja la participación, pues son principalmente los más jóvenes y los más pobres los que dejan de votar[2]. Juntas, estas afirmaciones configuran un caso de participación política relativamente baja y desigual en sistemas de voto voluntario, en relación a los sistemas obligatorios. Sin embargo, esto en y por sí mismo no es suficiente para concluir que la voluntariedad del voto es nociva. Se debe además mostrar qué efectos la baja y desigual participación tiene sobre bienes, libertades o valores de igual o mayor rango que la libertad de no votar. Paso entonces a explicar- por fuerza muy brevemente- tres consecuencias- en ningún caso exhaustivas- que apuntan justamente a eso. 

  1. Desigual participación se traduce en desiguales oportunidades. El argumento aquí es simple y ya fue presentado extensamente por Asahi y Paulsen: la desigual participación electoral configura un sesgo de clase en la influencia de voto- que se suma a la ya existente en todas las otras formas de influencia política (como el financiamiento de las campañas, el lobby, la receptividad de los medios, etc.)- y que, a la larga, se traduce en una mayor desigualdad socioeconómica a medida que los partidos reajustan su oferta programática hacia aquellos que sí votan. La evidencia empírica para esto es significativa (si bien aun no abrumadora)- los estudios citados por Asahi y Paulsen son elocuentes al respecto, y la magnitud estimada en la disminución del gasto social y sobre la desigualdad de ingresos no es trivial. Ahora bien, mi argumento va más allá: el punto no es que la desigualdad económica simplemente aumente- esto de por sí le puede importar más a algunos que a otros- sino que la exclusión política (entendida como un retiro estructural y más o menos permanente de ciertos estratos socioeconómicos del proceso político) no puede sino erosionar, a través de este mismo mecanismo, la igualdad de oportunidades en dichas sociedades. Y aquí entramos en un problema que al liberalismo le debiera importar sí o sí, pues desde Rawls en adelante sabemos que la desigualdad de oportunidades es profundamente problemática para un proyecto liberal de sociedad[3].
  2. Desigual participación se traduce en un déficit de representatividad. Esta es una generalización del argumento anterior, el cual para tener relevancia presupone una concepción sustantiva de justicia que va bastante más allá de lo que la sola teoría democrática requiere. Así, si bien los argumentos de igualdad sustantiva de oportunidades apelan sólo a liberales y social demócratas, el problema sería parecido en el caso de que fueran otros grupos- cualesquiera que fuesen- los que permanecieran fuera del sistema electoral. Aquí no importa ya si son los pobres u otro grupo el que no está siendo representado; el punto es que los intereses que están siendo considerados y procesados por el sistema político no son los de todos, y esto en sí es un problema intrínseco para la democracia representativa. Piénsese en la diferencia de atención que los gobiernos le han dedicado en los últimos 20 años a los adultos mayores, en comparación a la que le ha dedicado a la (no inscrita) juventud. Al final, como dice Lijphart, la evidencia indica que ‘el quién vota y el cómo votan importan mucho. De hecho, cualquier otra conclusión sería muy dañina para el concepto de democracia representativa’[4]. Nótese que la clave del problema está en que la participación tenga un sesgo identificable, y que haya por ende grupos sociales cuyos intereses comunes no están siendo representados. El que personas aisladas no voten no genera un problema, en la medida en que no haya sesgos grupales apreciables, puesto que el peso de todos los intereses se mantiene básicamente igual. La abstención es un problema colectivo, no individual[5].
  3. Baja participación se traduce en baja legitimidad y por ello hay un problema de free rider. Este argumento parte de la base de que la democracia es un bien público del cual todos nos beneficiamos, y por lo tanto sostenerla es tarea de todos. Hay que precisar este argumento, pues las votaciones son ante todo una competencia por el poder, y tienen consecuencias distributivas muy importantes (si no las tuvieran, las razones 1 y 2 recién dadas tendrían muy poco peso). No obstante, el producto secundario- pero no por ello menos importante- de las elecciones es la producción de un mandato y la generación de legitimidad política[6]. Es sobre este bien que el argumento de bien público se aplica. El no votante, en la medida en que persista en no votar elección tras elección, está parasitando para el goce de sus libertades sobre los que sí votan, pues su conducta no es universalizable- si todos hiciéramos como él, la democracia colapsaría[7]. Por ello, la obligación de votar previene esta explotación, y la coacción sobre el votante se justifica en términos de la responsabilidad de todos en mantener sano este aspecto, individual pero clave, del sistema democrático.

Finalmente, es necesario mencionar un tipo de efecto que en el último tiempo algunos partidarios del voto voluntario en Chile han afirmado con sorprendente frecuencia respecto a que éste mejoraría la calidad de la democracia[8]. Digo sorprendente, pues la literatura teórica no es para nada clara al respecto y la evidencia empírica es más escasa aun (no es fácil de medir, por cierto, la calidad de una democracia). Se dice que el voto voluntario incentivará a los actores políticos a mejorar su oferta para captar a estos electores flotantes que ya no están ‘cautivos’ por el voto obligatorio y que por ende pueden escoger quedarse en casa como forma de castigo. Me parece, la verdad, un argumento muy débil: con igual soltura podría decirse que un sistema obligatorio de hecho aumentaría aun más la competencia política, pues obligaría a los partidos a competir por una cantidad enorme de votos de personas de muy bajo interés e identificación políticas- y por ende muy móviles- que de otro modo se quedarían en la casa elección tras elección. Es un argumento puramente especulativo, que a fuerza de repeticiones parece ya verdad autoevidente. Pero olvida que los electores desmovilizados son normalmente muchos más que los que a veces votan y a veces no; que las variaciones en participación electoral están más relacionadas con factores relativamente fuera del control de los políticos, como el nivel de polarización del sistema o la situación socioeconómica, que con factores que sí controlan, como la calidad de los candidatos o lo sesudo de sus programas de gobierno; y por último, que un gobierno electo con baja votación tiene por ende menor legitimidad para decidir y actuar, por lo que en el ‘castigo por abstención’- no nos confundamos- perdemos todos: la alternativa a la política institucional e institucionalizada es la protesta callejera y la movilización social, y en América Latina hay una correlación inversa clara entre una y otra[9].

Concluyo pues volviendo a la cuestión del liberalismo. En un sistema de voto obligatorio con desinscripción voluntaria, se preserva la libertad fundamental de no votar para aquellos que se oponen activamente a ser parte del proceso democrático. Puesto que los sistemas obligatorios se basan, paradójicamente, en el consenso de los votantes- históricamente, en ellos las multas han sido bajas y se han aplicado infrecuentemente, llevando a algunos a la conclusión de que estos sistemas son ‘un fenómeno cultural más que legal’ (Hill, 2002)-, parece pues razonable dejar la puerta de salida abierta. Al mismo tiempo, la obligación de votar para los inscritos permite hacer la separación que hace Lever (2009: 64-65) entre el votante que no está satisfecho con sus opciones en una particular elección y aquél que está alienado del sistema como un todo. Efectivamente, mientras el segundo se desinscribiría, el primero perdería su libertad de no asistir a votar a una elección particular (en rigor, pierde la libertad de no hacerlo sin entregar una excusa legalmente válida). ¿Se ha ganado algo a cambio? Por las razones expuestas, lejos de considerar esta pequeña obligación (voluntariamente aceptada) una violación intolerable a los derechos individuales, la veo como un muy pequeño precio a cambio de un sistema que no ponga aun más en riesgo la igualdad de oportunidades (un valor liberal fundamental), que represente e internalice las preferencias de todos los sectores de la población, y donde (casi) todos colaboremos en la preservación de la democracia y por medio de ella, de la libertad misma. Creo, pues, que un pequeño sacrificio de libertad negativa ‘río arriba’ permite cosechar mayores grados de libertades sustantivas bastante más importantes ‘río abajo’ en el proceso democrático. Lejos de estar en tensión con el liberalismo, creo que un sistema de votación obligatorio con desinscripción voluntaria sirve de manera mucha más cabal sus fines.


[1] Ver Lijphart (1997) y su revisión de la literatura, en especial pgs. 8-10. Para un estudio econométrico que sólo compara países con elecciones presidenciales, ver Dettrey y Schwindt-Bayer (2009); para un estudio que se focaliza en América Latina, ver Fornos, Power y Garand (2004). En estos últimos dos estudios, el efecto estimado de pasar de un sistema puramente voluntario a uno obligatorio con sanciones efectivas es un aumento aproximado de 18 puntos porcentuales en la participación electoral. Los pocos casos de cambio dentro de un mismo país pueden ser aun más dramáticos. En Australia la introducción del voto obligatorio en 1925 causó un aumento de 28 puntos en la participación. En Venezuela, su abandono en 1993 causó una caída de 30 puntos- de 90% de participación promedio entre 1958 y 1992, a 60% en la primera elección posterior (sólo recientemente, y bajo la influencia polarizadora de Chávez, la participación ha vuelto a subir a 76%).

[2] Lijphart (1997: 2-5) para una revisión comprehensiva; para evidencia detallada del Reino Unido, ver Keany y Rogers (2006: 10-14); para el caso chileno, ver Corvalán y Cox (2008), que muestran que en el caso chileno la desigualdad en la participación electoral es muy marcada entre los menores de 30.

[3] Aquí sigo parcialmente la argumentación de Lacroix (2007) y Hill (2002:82-83)

[4] Lijphart (1997), pg. 5

[5] De aquí mismo se desprende la respuesta a la típica objeción de que el voto obligatorio es paternalista, pues cree saber mejor que los pobres lo que les conviene. El punto es, sin embargo, que cuando un grupo entero tiene significativamente mayores tasas de abstención que otros, es presumible que ese grupo está enfrentando costos de participación más altos que el resto. Estos costos pueden ser económicos, cognitivos, psicológicos o socioculturales, pero el punto es que existen. Si fuese puramente un problema de racionalidad individual,  uno ahí sí que tendría que concluir que los pobres son menos racionales que el resto de la sociedad, y esa sí sería una conclusión paternalista.

[6] Creo que si entendemos las elecciones como un proceso de coproducción de un bien democrático competitivo y otro cooperativo, podemos avanzar en la resolución de la polémica por el argumento del free rider. Ver Lijphart (1997), Lever (2009) y Hill (2002).

[7] Por cierto, si la abstención cumple una función democrática por sí misma, podríamos estar dispuestos a aceptarla hasta cierto punto. Normalmente se aduce que esa función es manifestar el descontento del electorado con sus representantes. Sin embargo, se olvida que la abstención es una manifestación mucho más ambigua de descontento que un nulo o un blanco. Muchas veces la abstención es simplemente señal de satisfacción con el status quo, o de simple indiferencia, y los medios y los políticos pueden interpretar esa abstención de acuerdo a su agenda. Por ende, como mecanismo de transmisión de información es notoriamente ineficaz (Hill, 2002: 85-87)

[8] Si bien es un argumento que se usa mucho informalmente, su única articulación formal que he visto en este debate es Libertad y Desarrollo (2009).

[9] Ver, por ejemplo, Machado et al (2009)

ENTRE LA PACIENCIA Y LA IMPOTENCIA

noviembre 23, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicada en la sección Calling from London de Revista Capital, edición N°289 del 19 de noviembre)*

La semana pasada Londres se llenó de estudiantes en las calles protestando contra los cortes del gasto público en educación. Aunque los carteles ridiculizando al primer ministro conservador David Cameron eran numerosos, aun más manifestantes eligieron como blanco al vice-primer ministro Nick Clegg, líder de los Liberal-Demócratas. 

No lo están pasando bien los Lib-Dems en el gobierno de coalición que comparten –como aliado minoritario- con el Partido Conservador. Han visto reducida su popularidad de un 24% a un 9% en cuestión de meses. Varios de sus parlamentarios desaprueban la forma en que se conduce el gobierno y crecen los rumores de un desembarco masivo. Si ello llegara a ocurrir, el gobierno de coalición perdería su mayoría en la Cámara de Representantes y por ende, caería.

Dos cuestiones resultan relevantes y extrapolables del caso británico. La primera responde a la generosidad o frugalidad de promesas de campaña. El partido de Clegg es acusado por parte de la ciudadanía –y por sus propios adherentes- de traicionar las banderas que enarboló en época eleccionaria. Los Lib-Dems se mostraron en su oportunidad contrarios a la reducción del gasto público en varias áreas sensibles, especialmente educación. Hoy se les pasa la cuenta porque el gobierno del cual son parte anuncia justamente cortes en el aporte estatal a las universidades. La crítica es, entonces, legítima. Probablemente los actores políticos que tienen poco que perder y mucho que ganar (es decir, los chicos) tienen más incentivos para ser generosos en promesas. Ya que hay pocas expectativas de llegar al poder, hay escasas posibilidades de rendir cuenta por ellas. Si este razonamiento es correcto, entonces los Lib-Dems no tomaron en consideración sus posibilidades reales de ejercer el poder, aunque sea en conjunto con otros actores.

Pero consideremos que los Lib-Dems siempre han sido favorables al involucramiento –al menos financiero- del Estado en una serie de ámbitos, entre los cuales está la educación, la salud y la seguridad social. Cuesta criticar una promesa cuando es sincera. El segundo problema entonces está en los mínimos programáticos sobre los cuales se basa esta coalición. Los británicos no están acostumbrados a lidiar con este asunto, dado que normalmente un solo partido logra mayoría para constituir gobierno. Hoy, sin embargo, se enfrentan al escenario de identificar ciertos acuerdos básicos que orienten la acción conjunta, restando las diferencias en la periferia. Conducir coaliciones diversas no es sencillo, menos cuando se está en el poder. Si los Conservadores no quieren poner en riesgo su oportunidad de gobernar, entonces deberán hacer notorias concesiones al mundo Lib-Dem para evitar la fuga y el posterior desbarajuste.

En Chile tenemos algo de experiencia en gobiernos de coalición. La Concertación fue sabia administrando la diferencia de sus componentes durante 20 años. Cada vez que emergían temas que erizaban sensibilidades opuestas –desde el aborto hasta Venezuela- alguien se encargaba de recordar los acuerdos básicos que los mantenían unidos (casi siempre dedicando palabras a Pinochet y a la recuperación de la democracia). Pero a diferencia del caso británico, nuestra Concertación exhibía un precario equilibrio de fuerzas entre el llamado mundo humanista-laico y el humanista-cristiano. En Gran Bretaña, en cambio, la coalición de gobierno contiene dos fuerzas políticas notablemente asimétricas. Más aun, los sondeos de opinión muestran que el partido de Cameron no pierde sino incluso sube su adhesión. 

¿Y la Coalición por el Cambio? También posee una correlación razonable de fuerzas, lo que contribuye a su estabilidad. Sería interesante examinar si, desde el punto de vista ideológico, se trata también de una coalición que aglutina liberales y conservadores. Todo parece indicar que no, en la medida que los segundos tienen el control de de los dos partidos que la sustentan. Los liberales chilenos, como en muchas partes, tienen problemas para ubicarse en el mapa político que sólo se divide en izquierda o derecha. 

El propio Nick Clegg indicó que no había futuro para los Lib-Dems a la izquierda del laborismo. Existe consciencia que en algunos temas (como inmigración o libertades individuales) pueden ser aun más radicales. Pero aun así, después de 13 años de Blair-Brown, los Lib-Dems optaron por un cambio de timón y quisieron ser parte de él. Al tomar la decisión, Clegg reconoció que siempre había mil razones para rechazar lo nuevo, pero aun así había que embarcarse en ello. Algunas de esas razones salen a flote hoy, mientras se debaten entre tener paciencia y sentir impotencia.

 *Agradezco a Javier Sajuria por sus útiles comentarios sobre la situación política británica.

Link: http://www.capital.cl/calling-from-london/entre-la-paciencia-y-la-impotencia.html

¿ADHIERE USTED AL PARTIDO CORRECTO?

noviembre 21, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el viernes 19 de noviembre)

Un parlamentario propuso, hace meses, fijar una cuota obligatoria para que las radios emitan música chilena. Otro, del mismo partido, semanas antes argumentaba a favor de reajustar el salario mínimo por sobre la cifra proyectada por el gobierno, en línea con la demanda de la CUT. La primera idea descansa sobre un marco de proteccionismo a la industria nacional y la segunda sobre la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Sabe de dónde vienen estos parlamentarios de apellidos Estay y Arenas? De la UDI, el partido situado más a la derecha del arco iris político, supuestamente promotor de las bondades de la más abierta economía de mercado, que en lo central descarta proteccionismos que afecten la libre competencia –como cuotas obligatorias- y teóricamente apunta a eliminar las trabas a la creación de empleo –como el salario mínimo.

Ahora piense en un diputado, presidente de su partido, sosteniendo que Chile “no está preparado” para legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace pocos días, un senador de la misma tienda se lanzó en picada contra el posible otorgamiento de la ciudadanía chilena al dirigente español Jorge Segovia. Argumentó que nuestra nacionalidad era algo demasiado importante como para andarla regalando. ¿Ya los ubicó? No, no vienen de la una derecha conservadora y nacionalista. Son Andrade y Letelier del PS, el partido que cierra por la izquierda la coalición opositora, que supuestamente promueve una agenda progresista en temas de moral-sexual y familia, del cual también podría esperarse un rechazo a expresiones con tintes xenófobos, en una mirada benevolente a la inmigración.

Me dirán seguramente que los casos seleccionados son marginales. Puede ser. Pero no estoy tan seguro que los cuatro mencionados carezcan de apoyo interno. Me dirán que es incluso saludable que un partido tenga la flexibilidad de incorporar visiones distintas a las predominantes. También suscribo. No queremos regimientos. Pero la línea que divide la amplitud de ideas con la ambigüedad o lisa y llanamente con la incoherencia doctrinaria es muy delgada

Últimamente ha estado sobre la mesa la naturaleza del sufragio. La DC tuvo un congreso ideológico en el cual aprobó el voto obligatorio. Su candidato presidencial, tiempo después, hizo campaña con la bandera del voto voluntario. La discusión no es trivial. Apunta al tipo de valores que defiende un partido cuyos contornos ideológicos son cada día más difusos. Los liberales podemos explicar sin problemas por qué estamos por la voluntariedad. A los comunitaristas –que debieran estar en la DC- no les resulta tan sencillo explicar por qué el voto no es un deber, y por ende, una obligación.

Si los ríos de tinta que han corrido para hablar de la “nueva derecha” valen su precio, es porque nos permiten conversar nuevamente sobre los contornos ideológicos del nuestro mapa político. Es normal y predecible que cada uno de nosotros milite en la tendencia política legada por nuestros padres o el entorno. Aunque a veces reclamamos que nuestra elección ha sido perfectamente racional, lo cierto es que ha estado marcada básicamente por emociones. Las experiencias vividas con Allende, Pinochet y luego con el plebiscito del ’88 significaron para muchos una grieta tectónica imposible de soslayar. Marco Enríquez, con la sinceridad desfachatada que mostró en sus primeros meses de campaña, reconocía que estaba “lleno de contradicciones”. Todos las tenemos, pero a los actores políticos les cuesta reconocerlo. Una mirada más racional y escéptica quizás nos permita mirar al adversario de una manera distinta, asumiendo que puede estar en lo correcto mientras nosotros equivocados. Sobre todo entre las nuevas generaciones –a los otros ya los perdimos- es una práctica que debiera ser bienvenida. Si usted es que aquellos que siente la necesidad intelectual de replantearse cada cierto tiempo por qué está donde está, ¿adhiere usted al partido correcto de acuerdo a sus convicciones?

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/11/19/%c2%bfadhiere-usted-al-partido-correcto/

LA PARADOJA DE LA NUEVA DERECHA

noviembre 19, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicada en The Clinic el jueves 18 de noviembre)

Para hacer esta columna revisé casi todo lo que se escribió estas últimas semanas sobre “la nueva derecha”. Es probable, por tanto, que las siguientes líneas no sean tan sabrosas como analíticas. Pido las disculpas a quien se aburra, a quien desde ya le encuentro toda la razón.

Desde mi perspectiva, hay dos debates paralelos sobre la tesis Hinzpeter. El primero nos remite al asunto de si la “nueva derecha” existe ideológicamente o se trata sólo de un set de novedosas actitudes. O sea, si hay algo de fondo o es pura forma. Algunos columnistas han preguntado legítimamente dónde están las ideas del proyecto. Enumerar obviedades no basta. Hinzpeter menciona el alza de impuestos a las empresas y el salvataje de Punta de Choros entre otras originalidades del gobierno respecto del paradigma de la derecha clásica. Estamos de acuerdo, pero todo parece indicar que las motivaciones de estos episodios son pragmáticas y no dogmáticas. Como lo señaló otra comentarista parafraseando a Isaiah Berlin, en La Moneda habitan más zorros (partidarios de la confusión) que erizos (partidarios del contraste). Esto no es peyorativo; de hecho, se trata de la nueva “forma” –y no del nuevo “fondo”- de gobernar. Esta interpretación es coherente con el espíritu de desdramatizar el cambio de coalición en el poder. La tarea de Piñera tiene similitudes con lo que a su vez hizo Aylwin: derribar el prejuicio de la ingobernabilidad, frustrar a los extremistas propios, salir a conquistar el centro para construir una mayoría estable y no meramente accidental.

La posibilidad de pasar de las actitudes novedoso-pragmáticas a las convicciones novedoso-ideológicas, sin embargo, existe. Esa posibilidad radica en abrazar lo que se conoce como la causa liberal. Una derecha laica, cosmopolita y plural sería sin duda una “nueva derecha”, satisfaciendo parcialmente la demanda por ideas. Una derecha que, como recuerda otro célebre columnista mercurial, respete la responsabilidad individualidad no sólo frente al mercado, sino también frente a las distintas opciones de vivir la vida privada. Pero es una remota posibilidad, especialmente con un Presidente semi canuto y careciendo los pocos liberales de poder en los partidos del oficialismo.

La segunda cuestión que subyace a la discusión es la que enfrenta a sincréticos y separatistas. Los primeros creen que toda la derecha chilena se merece el apelativo de “nueva”. Los segundos, en cambio, tiran una línea divisoria clarita: piñerismo a un lado,  derecha popular al otro. Si somos rigurosos, ambos tienen razón. Sumando y restando, la derecha de hoy es bien distinta de la tradicional del siglo XX, pasada a latifundio, enferma de proteccionista y apologética de la desigualdad. Tampoco es igual a la derecha que representó Pinochet, modelo de conducción autoritario y antidemocrático. En perspectiva histórica, por supuesto que se trata de una “nueva” derecha, así como fue nueva la renovación socialista respecto de su pasado marxista-leninista. Pero a la UDI no le vienen con cuentos. Saben que Hinzpeter no está dándoselas de historiador. Saben que los quiere meter al saco. Y en honor a la verdad, los gremialistas tienen todo el derecho de declararse originarios agentes de cambio del sector. Algunos han recordado que podríamos estar hablando de Allamand como el promotor de una auténtica nueva derecha. Pero como no resultó, volvemos a los discípulos de Jaime Guzmán. Es éste proyecto el que trasciende la dictadura, empalma con la ortodoxia de Chicago, y se va a meter a las poblaciones. Joaquín Lavín, sin ir más lejos, es el primer candidato presidencial de la derecha que suscribe la superación de la pobreza como parte estructural -y genuina- de su discurso.

En conclusión, creo que hay argumentos poderosos para sostener que la “nueva derecha” no adquiere aun fisonomía ideológica y se limita a un catálogo de actuaciones esporádicas, y que por otro lado representa sólo a un sector específico dentro de la derecha –en torno a la figura del propio Presidente- que está lejos de ser hegemónico o indiscutible. La paradoja es que mientras más invierta en su perfil ideológico –digamos, liberal- más se configura a sí mismo como un actor con identidad propia, distinto de los proyectos de derecha tradicional (que está en las últimas), pinochetista (que casi no existe) o popular (que todavía ronca fuerte).  

Nazis y Hitler. Von Baer y Zaldívar. Internet y Comunicación

noviembre 18, 2010

por Mathias Klingenberg

Cristóbal Bellolio me ha invitado a opinar en este ilustre blog sobre la los dichos del senador Zaldívar sobre la Ministra Von Baer (y viceversa, supongo). No suelo tener un blog de opiniones porque generalmente otra gente es mucho más clara que yo en la exposición de ideas, y porque mi eventual audiencia interesada son los tipos que se juntan a beber en mi cumpleaños. Y mi esposa (aunque en este último caso es más bien una audiencia cautiva, no necesariamente interesada). Divago. Suelo hacerlo (¿ven lo que digo? Mal hábito para un blog de opinión). Y suelo abusar de los paréntesis.

Cristóbal pensó en mí a raíz de que respondí por mail sus preguntas surgidas en la columna “El Momento más Feliz” (https://politicaparaprincipiantes.wordpress.com/2010/10/13/el-momento-mas-feliz/) y su “tuiteo” en que mencionó la felicidad de Piñera y la de Hitler (hay símiles que he escuchado decir y otros no. ¿Más contento que chancho en el barro? Sí, lo he escuchado.  ¿Más contento que perro con dos colas? Sí.  ¿Más contento que tula en agua tibia? También. “Estoy más contento que Hitler entrando París” no lo recuerdo… Divago otra vez, prometo tratar de evitarlo).

En ese mail hice bastante referencia a mi experiencia como usuario intensivo de Internet y de mi participación en varias “comunidades online”, por supuesto matizado de forma poco rigurosa (sesgo profesional cuando nos da por opinar) con mis observaciones sociológicas. Aprovecho que ustedes no leyeron ese mail, y reutilizaré indiscriminadamente párrafos ya escritos.

Vamos revisando un par de axiomas comunicacionales (unos más serios que otros) que van ordenando algunas ideas en torno a este pugilato Alianza / Concertación:

1.- Ley de Goodwin sobre las discusiones de Internet: “mientras la discusión online se extienda, aumenta la probabilidad de que se mencione a Hitler y/o a los Nazis”

Nótese que la ley de Goodwin fue enunciada en 1989, en los albores de “la red”. Esto plantea preguntas:

(En este momento, si no sabe lo que es un flamer o un troll, por favor vaya al final de esta columna y lea los casos 1 y 2 para ilustrarse, hacia el final de esta columna)

a.- ¿Por qué en un medio de interacción tan nuevo se generó de inmediato una observación que a pesar de su ridiculez sigue siendo vigente 20 años después? ¿Qué tiene Internet que hace que existan “cierto tipo” de discusiones improductivas y ciertos personajes particularmente odiosos como los flamers y los trolls?

Una posible respuesta tiene que ver con el medio (Internet), que permite asincronía, distancia y anonimato. Permite no ver las consecuencias de lo que estoy haciendo/ diciendo, y puedo mantener mi “vida real” inalterada. Lo que es funcional a cierta necesidad de “ser relevante/ interesante/ polémico” con que mucha gente carga, la necesidad de “dejar mi marca” en el mundo, aunque el fin haya sido destructivo.

b.- ¿Por qué Hitler/ los nazis?

Caramba, eso es simple. Hitler pasó a ser el símbolo absoluto de El Mal. Más que Don Sata. Más que Mr. Burns. Y como símbolo masivo, después de 7 décadas de películas y documentales que buscaron reflejar esa maldad y bestialidad inconmensurable, apela profundamente a la emocionalidad.

Así, cuando se habla de que alguien es bueno o es malo, el último referente (en esta comparación) son los Nazis.

Ahora, como se pudo ver en la mencionada columna de Cristóbal, esta elaboración tiene un par de efectos. Por un lado, simplifica/ trivializa el símbolo (no resiste demasiadas “dimensiones complejas”). Y por otro…

2.- Corolario a la ley de Goodwin “Una vez que se menciona a los Nazis o a Hitler, cualquier posibilidad de diálogo o debate razonable se acaba”.

Este corolario también forma parte de “la sabiduría de Internet” y tiene al menos 15 a 10 años. Es decir, la sola referencia a este símbolo absoluto, que despierta emocionalidades y referencias tan tremendas, limita la posibilidad de poder elaborar un argumento que matice algo distinto a “maldad”.

Así, si alguien quiere tener atención o ser polémico, basta que se mencione a Hitler y verá los resultados. Por eso el fenómeno pasa a ser bastante extendido. El referente simbólico está demasiado enraizado, demasiado “amojonado en el hipotálamo” (me gustó la frase).

Si un comunicador es absolutamente inescrupuloso en el uso de símbolos y comunicaciones de masas para fines malvados, pasa a ser Goebbels. Un debate razonable sobre qué constituyen sus méritos en términos de “eficacia comunicacional” es difícil de alcanzar fuera de un contexto sumamente académico. Y aún ahí hacemos separaciones semánticas, por ejemplo entre “la publicidad”/ “comunicación estratégica/ efectiva/ etc.” (que es legítima e incluso buena) versus “la propaganda” (que tiene fines manipulativos/ ideológicos/ malvados).

3.- Axioma de la comunicación n° 3 de Watzlawick (es decir, es un axioma serio): “La naturaleza de la relación depende de la puntuación de secuencias” (o algo así).

Es decir, la comunicación humana no puede ser estructurada en términos de causalidad. Ya que para cada participante una misma dinámica se puede puntuar de forma distinta y tener interpretaciones distintas, y llegar a la “causa original” suele ser un ejercicio- sino difícil- inútil.

A modo de ejemplo simple: “Yo no soy tonto” – “Yo no. Soy tonto”. El punto hace una diferencia radical en el significado de la frase.

A modo de ejemplo complejo:

–          “Lo que el Senador dijo fue una exageración” (la culpa es de usted, senador Zaldívar)

–          “Lo que dijo la vocera fue una provocación. No puede esperar que no reaccionemos.” (Usted me provocó, vocera Von Baer).

–          “Lo que dijeron los congresistas de la Concertación fue una canallada y una bajeza” (Ustedes partieron diciendo huevadas sin fundamentos ni evidencias).

–          “La conducta del Presidente, que anuncia estadios nuevos para los clubes opositores a Harold, hacen sospechar de intervención desde la Moneda” (¿Piñera eligió “justo ese día” para los anuncios de estadios nuevos? Andáaaa… No creo en coincidencias, las evidencias ni hacen falta). Ver nota 3.

Es decir, la discusión se puede eternizar y no llegaremos jamás a “descubrir” (de forma convincente para todo mundo) cuál fue la causa primera ni quién fue el responsable último de este desmadre. Todos los participantes tienen una responsabilidad que no asumen. Y si el objetivo es salir de la situación de conflicto comunicacional, el ejercicio de buscar la responsabilidades últimas puede pasar a ser bastante inútil.

Si los protagonistas no pueden ponerse de acuerdo, un espectador probablemente esté menos capacitado (y seguramente menos interesado) para llegar a la causa primera o al responsable último.

4.- A modo de cierre

Si no han leído los casos 1 y 2, les pido que los lean ahora.

Una de las consecuencias más tristes de las dinámicas de internet mencionadas, con los trolls, los flamebaits, los Nazis, los argumentos polémicos y discusiones fútiles sobre culpas… es que muchas de estas comunidades virtuales se terminan desintegrando.

Y es que las peleas comunicacionales (es decir, sobre quién dijo qué, quién tiene la culpa y quién merece las disculpas), donde no hay ninguna “grandeza” en el debate, donde “ya están mencionando de nuevo a Hitler (y por lo que no vamos a ver ninguna conclusión interesante)” no resultan tan excitantes como los protagonistas piensan.

Y las herramientas de Internet 2.0 sólo sirven para eternizar un espectáculo sin audiencia, cuyo triste epílogo al día de hoy vendría a ser éste (http://www.lasegunda.com/ediciononline/politica/detalle/index.asp?idnoticia=602396). Pero acá “disolver la comunidad” tiene un costo dramático. Que la ciudadanía pierda el interés en la políticas es nefasto.

El argumento no es que Internet ha saltado a la realidad y ha impuesto sus lógicas (aunque a ratos pareciera que sí). La política siempre ha tenido sus pequeñas teleseries y sus grandes peleas pequeñas, como el duelo a pistolas de Allende con Raúl Rettig (hummm… esa idea sí es interesante para terminar el asunto Von Baer- Zaldivar… Divago de nuevo, pero ya termino).

El punto central es cómo diablos le hacemos para recuperar la audiencia que se interesa en los temas políticos (politics) y de políticas (policy), pero que (entendiblemente) se cansan de esto. Cómo le hacemos para que los debates sean productivos, y que si hay diferencias éstas sean en asuntos sustantivos y no en luchas por tener “la última palabra” o “dar el apretón de manos a la estrella”. Cómo vamos a hacerle nosotros para tener políticos que puedan ser atractivos, perceptivos y efectivos (o al menos 2 de 3). Cómo le hacemos para sacar el máximo provecho al debate público sin desgastar nuestras limitadas capacidades comunicacionales.

Parte de la respuesta creo recordarla de un texto de Sennet: y es que tenemos que partir de la base de que esto es política. Y la política es sin llorar. No porque las emociones no tengan cabida, sino porque ser “demasiado sensible” es un lujo que no te puedes dar. Y parece ser que para ser un aporte en política tienes que estar (o parecer) dispuesto a sentarte a negociar, aunque sepas que tu contraparte tuvo intenciones de liquidarte.

¿Alguien tiene más pistas?

Casos ilustrativos y notas al pie

Caso 1: flamer, flambaits

Supongamos que existe un grupo de fanáticos del cacho. Comienzan a intercambiar mails y de pronto generan un foro, a través del cual conocen a otros fanáticos del cacho y se organizan eventos de cacho. Ha nacido una “comunidad virtual”.

No es extraño que después de un tiempo, y a medida que llega más gente desconocida a la comunidad, se haga probable que alguien plantee alguna pregunta del tipo “A propósito de vasos de cuero, ¿qué opinan del trato ético de las vacas?”.

Esto lo puede hacer sabiendo que hay grupos dentro de la comunidad que se juntan a hacer asados y ubica a un par de veganos que prefieren usar vasos plásticos.

El tema es un “flaimbait” o “anzuelo de flamer”, planteando algo que sabe generará polémica, y en lugar de estar “interesado en el debate”, se satisface con “generar preguntas interesantes” que arman polémica, mientras mira cómo se pelean los usuarios.

Caso 2: trolls

Misma comunidad. De pronto, en plena discusión sobre la los resultados del campeonato regional de cacho, un usuario nuevo interviene y postea algo como “¿Aún juegan con dados? Tropa de palurdos, consíganse una vida.” Acto seguido, vienen todas las airadas respuestas, partiendo por supuesto por los jugadores más sensibles.

Nota 3:

Axioma de la Comunicación N°1 de Watzlawick: “No se puede no comunicar”. Y es que toda conducta, toda acción, es interpretable por otro. Es comunicación. Y Piñera no tuvo el cuidado de saber que estaba comunicando cosas “sin querer”, sin referirse a la ANFP. Y me puedo desdecir de lo dicho, pero desdecirme de lo que hago es mucho más difícil.

Nota 4:

A modo de reflexión paralela, y sin ánimo de hacer o recibir un juicio político al respecto… pero el “tema Pinochet”, para la audiencia chilena, si no se tiene cuidado, puede terminar generando el mismo efecto que el corolario a la Ley de Goodwin. Abusar del símbolo puede terminar por trivializarlo.

Asamblea Constituyente en “El Juego de la Razón”

noviembre 15, 2010

En el marco de una novedosa iniciativa llamada “El Juego de la Razón”, respondo pregunta de Salvador Muñoz sobre la necesidad de promover una Asamblea Constituyente en Chile:

Avatares de la Marihuana

noviembre 13, 2010

Los dejamos con una reflexión de Mario Vargas Llosa aparecida hace varios días en el diario El País, que refleja de lúcida manera la posición liberal frente al tema de la drogas:

“Los electores del Estado de California rechazaron el martes 2 de noviembre legalizar el cultivo y el consumo de marihuana por 53% de los votos contra 47%, una decisión a mi juicio equivocada. La legalización hubiera constituido un paso importante en la búsqueda de una solución eficaz del problema de la delincuencia vinculada al narcotráfico que, según se acaba de anunciar oficialmente, ha causado ya en lo que va del año en México la escalofriante suma de 10.035 muertos.

Esta solución pasa por la descriminalización de las drogas, idea que hasta hace relativamente poco tiempo era inaceptable para el grueso de una opinión pública convencida de que la represión policial de productores, vendedores y usuarios de estupefacientes era el único método legítimo para acabar con semejante plaga. La realidad ha ido revelando lo ilusorio de esta idea, a medida que todos los estudios señalaban que, pese a las astronómicas sumas invertidas y la gigantesca movilización de efectivos para combatirla, el mercado de la droga ha seguido creciendo, extendiéndose por el mundo y creando unos carteles mafiosos de inmenso poder económico y militar que, como se está viendo en México desde que el presidente Calderón decidió enfrentarse, con el Ejército como punta de lanza, a los jefes narcos y sus pandillas de mercenarios, pueden combatir de igual a igual, gracias a su poderío, con Estados a los que tienen infiltrados mediante la corrupción y el terror.

Los millones de electores californianos que votaron por la legalización de la marihuana son un indicio auspicioso de que cada vez somos más numerosos quienes pensamos que ha llegado la hora de cambiar de política frente a la droga y reorientar el esfuerzo, de la represión a la prevención, cura e información, a fin de acabar con la criminalidad desaforada que genera la prohibición y los estragos que los carteles del narcotráfico están infligiendo a las instituciones democráticas, sobre todo en los países del Tercer Mundo. Los carteles pueden pagar mejores salarios que el Estado y de este modo neutralizar o poner a su servicio a parlamentarios, policías, ministros, funcionarios, financiar campañas políticas y adquirir medios de comunicación que defiendan sus intereses. De este modo dan trabajo y sustento a innumerables profesionales contratados en las industrias, comercios y empresas legales en las que lavan sus cuantiosas ganancias. Esa dependencia de tanta gente de la industria de la droga crea un estado de ánimo tolerante o indiferente frente a lo que ella implica, es decir, la degradación y desplome de la legalidad. Ése es un camino que conduce, tarde o temprano, al suicidio de la democracia.

La legalización de las drogas no será fácil, desde luego, y, en un primer momento, como señalan sus detractores, traerá sin duda un aumento del consumo, sobre todo, en sectores juveniles. Por eso, la descriminalización sólo tiene razón de ser si viene acompañada de intensas campañas informativas sobre los riesgos y perjuicios que implica su consumo, semejantes a las que han servido para reducir el consumo del tabaco en casi todo el mundo, y de esfuerzos paralelos para desintoxicar y curar a las víctimas de la drogadicción.

Pero el efecto más positivo e inmediato será la eliminación de la criminalidad que prospera exclusivamente gracias a la prohibición. Como ocurrió con las pandillas de gánsteres que se volvieron todopoderosas y llenaron de sangre y de muertos a Chicago, Nueva York y otras ciudades norteamericanas en los años de la prohibición del alcohol, un mercado legal acabará con los grandes carteles, privándolos de su cuantioso negocio y arruinándolos. Como el problema de la droga es fundamentalmente económico, económica tiene también que ser su solución.

La legalización traerá a los Estados unos enormes recursos, en forma de tributos, que si se emplean en la educación de los jóvenes y la información del público en general sobre los efectos dañinos para la salud que tiene el consumo de estupefacientes puede tener un resultado infinitamente más beneficioso y de más largo alcance que una política represiva, la que, aparte de causar violencias vertiginosas y llenar de inseguridad la vida cotidiana, no ha hecho retroceder un ápice la drogadicción en ninguna sociedad. En un artículo publicado en The New York Times el 28 de octubre, el columnista Nicholas D. Kristof cita una investigación presidida por el profesor de Harvard Jeffrey A. Miron en la que se calcula que sólo la legalización de la marihuana en todo Estados Unidos haría ingresar anualmente unos 8.000 millones de dólares en impuestos a las arcas del Estado, a la vez que le ahorraría a éste una suma equivalente invertida en la represión. Esa gigantesca inyección de recursos volcada en la educación, principalmente en los colegios de barrios pobres y marginales de donde sale la inmensa mayoría de drogadictos, reduciría en pocos años de manera drástica el tráfico de drogas en ese sector social que es el responsable del mayor número de hechos de sangre, de la delincuencia juvenil y el desquiciamiento familiar.

Nicholas D. Kristof cita también la conclusión de un estudio realizado por ex policías, jueces y fiscales de Estados Unidos, donde se afirma que la prohibición de la marihuana es la principal responsable de la multiplicación de pandillas violentas y carteles que controlan la distribución y venta de la droga en el mercado negro obteniendo con ello “inmenso provecho”. Para muchos jóvenes pobladores de los guetos negros y latinos, ya muy golpeados por el desempleo que ha provocado la crisis financiera, esa posibilidad de ganar dinero rápido delinquiendo resulta un atractivo irresistible.

A estos argumentos pragmáticos a favor de la descriminalización de las drogas sus adversarios suelen responder con un argumento moral. ¿Debemos, pues, rendirnos, alegan, al delito en todos los casos en que la policía se muestre incapaz de atajar al delincuente, y legitimarlo? ¿Esa debería ser la respuesta, por ejemplo, ante la pedofilia, la brutalidad doméstica, la violencia de género, fenómenos que, en vez de disminuir, aumentan por doquier? ¿Bajar los brazos y rendirnos, autorizándolas, ya que no ha sido posible eliminarlas?

No se debe confundir el agua y el aceite. Un Estado de derecho no puede legitimar los crímenes ni los delitos sin negarse a sí mismo y convertirse en un Estado bárbaro. Y un Estado tiene la obligación de informar a sus ciudadanos sobre los riesgos que corren fumando, bebiendo alcohol o drogándose, por supuesto. Y de sancionar y penalizar con severidad a quien, por fumar, emborracharse o drogarse causa daños a los demás. Pero no parece muy lógico ni coherente que si ésta es la política que siguen todos los gobiernos en lo que concierne al tabaco y al alcohol, no la sigan también en el caso de las drogas, incluidas las drogas blandas, como la marihuana y el hachís, pese a estar más que probado que el efecto pernicioso de estas últimas para la salud no es mayor, y acaso sea menor, que el que producen en el organismo los excesos de tabaco y de alcohol.

No tengo la menor simpatía por las drogas, blandas o duras, y la persona del drogado, como la del borracho, me resulta bastante desagradable, la verdad, además de cargosa y aburrida. Pero también me disgusta profundamente la gente que en mi delante se escarba la nariz con los dedos o usa mondadientes o come frutas con pepitas y hollejos y no se me ocurriría pedir una ley que les prohíba hacerlo y los castigue con la cárcel si lo hacen. Por eso, no veo por qué tendría el Estado que prohibir que una persona adulta y dueña de su razón decida hacerse daño a sí misma, por ejemplo, fumando porros, jalando coca, o embutiéndose pastillas de éxtasis si eso le gusta o alivia su frustración o su desidia. La libertad del individuo no puede significar el derecho de poder hacer solo cosas buenas y saludables, sino, también, cosas que no lo sean, a condición, claro está, de que esas cosas no dañen o perjudiquen a los demás. Esa política, que se aplica al consumo de tabaco y alcohol, debería también regir el consumo de drogas. Es peligrosísimo que el Estado empiece a decidir lo que es bueno y saludable y malo y dañino, porque esas decisiones significan una intromisión en la libertad individual, principio fundamental de una sociedad democrática. Por ese camino se puede llegar insensiblemente a la desaparición de la soberanía individual y a una forma encubierta de dictadura. Y las dictaduras, ya lo sabemos, son infinitamente más mortíferas para los ciudadanos que los peores estupefacientes.”

Link: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Avatares/marihuana/elpepiopi/20101107elpepiopi_11/Tes

GABINETE O NADA

noviembre 11, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicada el jueves 11 de noviembre en El Mostrador)

Allamand y Longueira tenían toda la razón. Había que estar adentro. Quedarse fuera era envejecer a paso rápido, pasar de moda, morir en el cementerio de los elefantes. Por lo mismo mandaron varios recados haciendo notar que querían estar. Quizás exactamente por lo mismo el Presidente decidió no convocarlos. En sus manos estaba el poder de resucitarlos políticamente –como hizo con Lavín- pero prefirió no hacerlo. Precandidatos presidenciales manifiestamente ansiosos en el gabinete no sonaba una idea atractiva.

Metafóricamente, Piñera les cortó las piernas. No los mandó a la cancha. Y sabemos que la afición evalúa a los que juegan, no a los que se quedan en la banca. Sólo los titulares pueden mostrar cuán bien –o mal-juegan. Allamand habría sido un canciller protagonista, disputando el liderazgo del gabinete con el propio Hinzpeter. Habría hecho gala de sus contactos en el exterior y su capacidad de negociación transversal. Habría gozado como chancho en el barro recorriendo el mundo anunciando la llegada del “chilean way”. Longueira, por su parte, habría estado todas las noches en nuestros televisores como ministro de vivienda a cargo de la reconstrucción. Entierrado hasta los párpados, habría sido el ícono de las parcas rojas. Habría usado su magnetismo para comprometer a burócratas y voluntarios en la tarea épica de borrar las huellas del terremoto. Pero nada de eso pasó, porque “el profe” no los mandó a la cancha.

Eche un vistazo a los políticos mejor evaluados de la centroderecha. Hinzpeter, Lavín, Von Baer y ahora Golborne. Todos ministros. Todos saliendo en los noticiarios regularmente. Todos “haciendo cosas” y no discutiendo eternamente en el Congreso. Los cracks de la vieja Alianza por Chile, casi todos senadores, ni se mencionan en las encuestas. No tienen la vitrina.

Parecía que la Concertación lo había entendido perfectamente. Lagos fue dos veces ministro antes de competir por la presidencia. Bachelet había ocupado dos carteras en el gobierno de este último antes de correr por La Moneda. Eligiendo a Frei como candidato el año pasado, olvidó la máxima y se fue a desempolvar recuerdos a Valparaíso. Longueira ya se había dado cuenta del poco atractivo de los parlamentarios cuando a mediados de los noventa sugirió que la estrategia a seguir era la de Chirac, que había saltado de la alcaldía de París al sillón presidencial de Francia. Desde entonces la UDI ha construido capital político en torno los ediles, siendo imitado por todos los demás partidos. Esta es, sin ir más lejos, la apuesta de Orrego en la DC.

Por todo lo anterior resulta extraño que Hinzpeter considere poco “justo” que Golborne tenga una posición expectante de cara a la sucesión presidencial, por su falta de trayectoria política. Seguramente el ministro del Interior se está refiriendo a la cara “sustantiva” de la justicia, esa que nos permite decir que el resultado de un partido de fútbol no fue justo porque nuestro equipo tuvo más ocasiones de gol que el rival, aunque fueron ellos quienes acertaron más veces. Pero Hinzpeter debiera preocuparse por la cara “procedimental” de la justicia, esa que declara justo ganador al que consigue los objetivos dispuestos en las reglas del juego. Hinzpeter puede estar jugando de delantero neto como jefe de gabinete, y Golborne limitado al puesto de lateral defensivo como ministro de minería. Pero hay casos en los cuales el lateral cruza la mitad de la cancha -en un arranque de talento, oportunidad o puro amor propio-, llega al área contraria y se despacha un cañonazo que manda la pelota a la red. Nadie se acuerda del delantero entonces y el anónimo lateral se convierte en el “justo” héroe de la jornada.

Lo mismo le podría haber pasado a Allamand o Longueira en el gabinete. Llamados a ser las estrellas del equipo, bien podrían haber terminado cediendo el protagonismo a la revelación de la temporada. Tal como lo iban a ser Insulza o Alvear en el gabinete de Lagos, que terminaron siendo aventajados por una ministra de salud –y luego defensa- hasta entonces completamente desconocida. Pero claro, los segundos por lo menos entraron a la cancha. Los primeros no han tenido la oportunidad de mostrarse. Desde la banca, hacen sus piruetas para no perder vigencia, seguir en la mira de los espectadores, y en una de esas, despertar el interés del “profe” Presidente.

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/11/11/gabinete-o-nada/