LIBERALISMO Y VOTO VOLUNTARIO

por Daniel Brieba M.

Me considero un liberal– en su vertiente rawlsiana o ‘liberal igualitaria’- y creo tomarme sumamente en serio la importancia de las libertades fundamentales del individuo y la necesidad de ponerle límites claros a la acción y coacción del Estado. Sin embargo, y al parecer a diferencia de la mayoría de los liberales chilenos, no creo que el voto ‘voluntario’– en el sentido de que uno sea libre de ir o no ir a votar en cada elección- sea una buena idea. Para ser preciso, me parece una medida riesgosa: si resulta bien puede traer beneficios marginales, pero si resulta más o menos o mal tenderá a agravar algunos problemas que nuestra democracia ya acarrea. Creo, por el contrario, que un sistema de voto obligatorio pero con desinscripción voluntaria- o algún otro sistema mixto que se pudiera acordar, como la obligación de votar en dos de cada tres elecciones por ejemplo, evitaría los peores riesgos de la votación voluntaria al mismo que preserva la voluntariedad última (si bien no la inmediata) del voto. Los riesgos del voto voluntario están asociados a la creación- o acarreo desde el sistema actual- de un grupo significativo y creciente de votantes desmovilizados que se marginarán sistemáticamente de las elecciones, y sus consecuentes efectos sobre la legitimidad, justicia y representatividad de nuestra democracia.

Antes de ver estos efectos es necesario entender cuál es el argumento que se ha dado para el voto voluntario. En un plano normativo, se ha planteado por algunos que el voto es exclusivamente un derecho, y jamás un deber exigible legalmente, pues si algo se transforma en deber, deja de ser un derecho- nada podría ser ambas cosas a la vez. Al respecto, me limito a notar que el opuesto a la libertad de votar puede ser la obligación de votar, o bien la prohibición de votar. Por ello, bajo un sistema de voto obligatorio éste ciertamente es un deber, pero no deja de ser un derecho en la medida en que el Estado no puede negarle el voto (y así ‘eximir’ de este deber) a nadie. Individuo y Estado se encuentran en obligación mutua- cosa que no ocurre en el caso de un deber puro, donde sólo el individuo está obligado, o de un derecho puro, donde sólo el Estado lo está. De manera más fundamental, sin embargo, la objeción liberal al voto obligatorio es que supone una restricción de la libertad individual que requiere una convincente y poderosa razón de ser para justificarse, y que la invocación de un deber moral de acudir a las urnas simplemente no es razón suficiente. Estoy de acuerdo en esto con mis correligionarios liberales: apelar a un deber moral no basta.

No obstante, veo al menos tres maneras en que se puede llegar a esa razón de peso que haga justificable la restricción. Todas ellas se basan, sin embargo, en dos supuestos empíricos que son claves para la discusión posterior, y sobre las cuales hay evidencia más que abundante en la literatura de ciencia política. Lo primero es que, controlando por otras causas, un sistema de voto voluntario tendrá en promedio una participación electoral sustancialmente menor que un sistema de voto obligatorio[1]; y segundo, mientras menor sea la participación electoral, más desigual será ésta- en otras palabras, el sesgo etáreo y el de clase en la participación se acentúan a medida que baja la participación, pues son principalmente los más jóvenes y los más pobres los que dejan de votar[2]. Juntas, estas afirmaciones configuran un caso de participación política relativamente baja y desigual en sistemas de voto voluntario, en relación a los sistemas obligatorios. Sin embargo, esto en y por sí mismo no es suficiente para concluir que la voluntariedad del voto es nociva. Se debe además mostrar qué efectos la baja y desigual participación tiene sobre bienes, libertades o valores de igual o mayor rango que la libertad de no votar. Paso entonces a explicar- por fuerza muy brevemente- tres consecuencias- en ningún caso exhaustivas- que apuntan justamente a eso. 

  1. Desigual participación se traduce en desiguales oportunidades. El argumento aquí es simple y ya fue presentado extensamente por Asahi y Paulsen: la desigual participación electoral configura un sesgo de clase en la influencia de voto- que se suma a la ya existente en todas las otras formas de influencia política (como el financiamiento de las campañas, el lobby, la receptividad de los medios, etc.)- y que, a la larga, se traduce en una mayor desigualdad socioeconómica a medida que los partidos reajustan su oferta programática hacia aquellos que sí votan. La evidencia empírica para esto es significativa (si bien aun no abrumadora)- los estudios citados por Asahi y Paulsen son elocuentes al respecto, y la magnitud estimada en la disminución del gasto social y sobre la desigualdad de ingresos no es trivial. Ahora bien, mi argumento va más allá: el punto no es que la desigualdad económica simplemente aumente- esto de por sí le puede importar más a algunos que a otros- sino que la exclusión política (entendida como un retiro estructural y más o menos permanente de ciertos estratos socioeconómicos del proceso político) no puede sino erosionar, a través de este mismo mecanismo, la igualdad de oportunidades en dichas sociedades. Y aquí entramos en un problema que al liberalismo le debiera importar sí o sí, pues desde Rawls en adelante sabemos que la desigualdad de oportunidades es profundamente problemática para un proyecto liberal de sociedad[3].
  2. Desigual participación se traduce en un déficit de representatividad. Esta es una generalización del argumento anterior, el cual para tener relevancia presupone una concepción sustantiva de justicia que va bastante más allá de lo que la sola teoría democrática requiere. Así, si bien los argumentos de igualdad sustantiva de oportunidades apelan sólo a liberales y social demócratas, el problema sería parecido en el caso de que fueran otros grupos- cualesquiera que fuesen- los que permanecieran fuera del sistema electoral. Aquí no importa ya si son los pobres u otro grupo el que no está siendo representado; el punto es que los intereses que están siendo considerados y procesados por el sistema político no son los de todos, y esto en sí es un problema intrínseco para la democracia representativa. Piénsese en la diferencia de atención que los gobiernos le han dedicado en los últimos 20 años a los adultos mayores, en comparación a la que le ha dedicado a la (no inscrita) juventud. Al final, como dice Lijphart, la evidencia indica que ‘el quién vota y el cómo votan importan mucho. De hecho, cualquier otra conclusión sería muy dañina para el concepto de democracia representativa’[4]. Nótese que la clave del problema está en que la participación tenga un sesgo identificable, y que haya por ende grupos sociales cuyos intereses comunes no están siendo representados. El que personas aisladas no voten no genera un problema, en la medida en que no haya sesgos grupales apreciables, puesto que el peso de todos los intereses se mantiene básicamente igual. La abstención es un problema colectivo, no individual[5].
  3. Baja participación se traduce en baja legitimidad y por ello hay un problema de free rider. Este argumento parte de la base de que la democracia es un bien público del cual todos nos beneficiamos, y por lo tanto sostenerla es tarea de todos. Hay que precisar este argumento, pues las votaciones son ante todo una competencia por el poder, y tienen consecuencias distributivas muy importantes (si no las tuvieran, las razones 1 y 2 recién dadas tendrían muy poco peso). No obstante, el producto secundario- pero no por ello menos importante- de las elecciones es la producción de un mandato y la generación de legitimidad política[6]. Es sobre este bien que el argumento de bien público se aplica. El no votante, en la medida en que persista en no votar elección tras elección, está parasitando para el goce de sus libertades sobre los que sí votan, pues su conducta no es universalizable- si todos hiciéramos como él, la democracia colapsaría[7]. Por ello, la obligación de votar previene esta explotación, y la coacción sobre el votante se justifica en términos de la responsabilidad de todos en mantener sano este aspecto, individual pero clave, del sistema democrático.

Finalmente, es necesario mencionar un tipo de efecto que en el último tiempo algunos partidarios del voto voluntario en Chile han afirmado con sorprendente frecuencia respecto a que éste mejoraría la calidad de la democracia[8]. Digo sorprendente, pues la literatura teórica no es para nada clara al respecto y la evidencia empírica es más escasa aun (no es fácil de medir, por cierto, la calidad de una democracia). Se dice que el voto voluntario incentivará a los actores políticos a mejorar su oferta para captar a estos electores flotantes que ya no están ‘cautivos’ por el voto obligatorio y que por ende pueden escoger quedarse en casa como forma de castigo. Me parece, la verdad, un argumento muy débil: con igual soltura podría decirse que un sistema obligatorio de hecho aumentaría aun más la competencia política, pues obligaría a los partidos a competir por una cantidad enorme de votos de personas de muy bajo interés e identificación políticas- y por ende muy móviles- que de otro modo se quedarían en la casa elección tras elección. Es un argumento puramente especulativo, que a fuerza de repeticiones parece ya verdad autoevidente. Pero olvida que los electores desmovilizados son normalmente muchos más que los que a veces votan y a veces no; que las variaciones en participación electoral están más relacionadas con factores relativamente fuera del control de los políticos, como el nivel de polarización del sistema o la situación socioeconómica, que con factores que sí controlan, como la calidad de los candidatos o lo sesudo de sus programas de gobierno; y por último, que un gobierno electo con baja votación tiene por ende menor legitimidad para decidir y actuar, por lo que en el ‘castigo por abstención’- no nos confundamos- perdemos todos: la alternativa a la política institucional e institucionalizada es la protesta callejera y la movilización social, y en América Latina hay una correlación inversa clara entre una y otra[9].

Concluyo pues volviendo a la cuestión del liberalismo. En un sistema de voto obligatorio con desinscripción voluntaria, se preserva la libertad fundamental de no votar para aquellos que se oponen activamente a ser parte del proceso democrático. Puesto que los sistemas obligatorios se basan, paradójicamente, en el consenso de los votantes- históricamente, en ellos las multas han sido bajas y se han aplicado infrecuentemente, llevando a algunos a la conclusión de que estos sistemas son ‘un fenómeno cultural más que legal’ (Hill, 2002)-, parece pues razonable dejar la puerta de salida abierta. Al mismo tiempo, la obligación de votar para los inscritos permite hacer la separación que hace Lever (2009: 64-65) entre el votante que no está satisfecho con sus opciones en una particular elección y aquél que está alienado del sistema como un todo. Efectivamente, mientras el segundo se desinscribiría, el primero perdería su libertad de no asistir a votar a una elección particular (en rigor, pierde la libertad de no hacerlo sin entregar una excusa legalmente válida). ¿Se ha ganado algo a cambio? Por las razones expuestas, lejos de considerar esta pequeña obligación (voluntariamente aceptada) una violación intolerable a los derechos individuales, la veo como un muy pequeño precio a cambio de un sistema que no ponga aun más en riesgo la igualdad de oportunidades (un valor liberal fundamental), que represente e internalice las preferencias de todos los sectores de la población, y donde (casi) todos colaboremos en la preservación de la democracia y por medio de ella, de la libertad misma. Creo, pues, que un pequeño sacrificio de libertad negativa ‘río arriba’ permite cosechar mayores grados de libertades sustantivas bastante más importantes ‘río abajo’ en el proceso democrático. Lejos de estar en tensión con el liberalismo, creo que un sistema de votación obligatorio con desinscripción voluntaria sirve de manera mucha más cabal sus fines.


[1] Ver Lijphart (1997) y su revisión de la literatura, en especial pgs. 8-10. Para un estudio econométrico que sólo compara países con elecciones presidenciales, ver Dettrey y Schwindt-Bayer (2009); para un estudio que se focaliza en América Latina, ver Fornos, Power y Garand (2004). En estos últimos dos estudios, el efecto estimado de pasar de un sistema puramente voluntario a uno obligatorio con sanciones efectivas es un aumento aproximado de 18 puntos porcentuales en la participación electoral. Los pocos casos de cambio dentro de un mismo país pueden ser aun más dramáticos. En Australia la introducción del voto obligatorio en 1925 causó un aumento de 28 puntos en la participación. En Venezuela, su abandono en 1993 causó una caída de 30 puntos- de 90% de participación promedio entre 1958 y 1992, a 60% en la primera elección posterior (sólo recientemente, y bajo la influencia polarizadora de Chávez, la participación ha vuelto a subir a 76%).

[2] Lijphart (1997: 2-5) para una revisión comprehensiva; para evidencia detallada del Reino Unido, ver Keany y Rogers (2006: 10-14); para el caso chileno, ver Corvalán y Cox (2008), que muestran que en el caso chileno la desigualdad en la participación electoral es muy marcada entre los menores de 30.

[3] Aquí sigo parcialmente la argumentación de Lacroix (2007) y Hill (2002:82-83)

[4] Lijphart (1997), pg. 5

[5] De aquí mismo se desprende la respuesta a la típica objeción de que el voto obligatorio es paternalista, pues cree saber mejor que los pobres lo que les conviene. El punto es, sin embargo, que cuando un grupo entero tiene significativamente mayores tasas de abstención que otros, es presumible que ese grupo está enfrentando costos de participación más altos que el resto. Estos costos pueden ser económicos, cognitivos, psicológicos o socioculturales, pero el punto es que existen. Si fuese puramente un problema de racionalidad individual,  uno ahí sí que tendría que concluir que los pobres son menos racionales que el resto de la sociedad, y esa sí sería una conclusión paternalista.

[6] Creo que si entendemos las elecciones como un proceso de coproducción de un bien democrático competitivo y otro cooperativo, podemos avanzar en la resolución de la polémica por el argumento del free rider. Ver Lijphart (1997), Lever (2009) y Hill (2002).

[7] Por cierto, si la abstención cumple una función democrática por sí misma, podríamos estar dispuestos a aceptarla hasta cierto punto. Normalmente se aduce que esa función es manifestar el descontento del electorado con sus representantes. Sin embargo, se olvida que la abstención es una manifestación mucho más ambigua de descontento que un nulo o un blanco. Muchas veces la abstención es simplemente señal de satisfacción con el status quo, o de simple indiferencia, y los medios y los políticos pueden interpretar esa abstención de acuerdo a su agenda. Por ende, como mecanismo de transmisión de información es notoriamente ineficaz (Hill, 2002: 85-87)

[8] Si bien es un argumento que se usa mucho informalmente, su única articulación formal que he visto en este debate es Libertad y Desarrollo (2009).

[9] Ver, por ejemplo, Machado et al (2009)

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2 comentarios to “LIBERALISMO Y VOTO VOLUNTARIO”

  1. Jorge Says:

    En cuanto al punto 1, Rawls decía: una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

    En este sentido, el voto obligatorio no ha generado mayores niveles de oportunidad, menos aún en el escenario político chileno. Menos de participación. Y en eso se puede dilucidar un trasfondo más complejo, que va más allá de si el voto es voluntario u obligatorio, y que tiene relación con cómo se determina o define la intención de voto de las personas.

    En cuanto al punto 2, el voto obligatorio tampoco ha garantizado un nivel de representatividad plural, debido a que el sistema político tiene un nivel de competencia bajo, y es excluyente en cuanto a participación. Incluso a nivel de partidos, Santiago es Chile.

    En cuanto al punto 3, el planteamiento del free rider se aplica si reducimos la democracia a un espacio y tiempo específico acotado, la urna y el voto.

    Pero si consideramos que la Democracia, y con ello la Participación, van más allá de ese procedimiento, podemos decir que no aplica, porque los ciudadanos pueden y deberían poder ejercer opinión, influencia y poder en otros espacios no electorales, en la sociedad civil.

    El voto obligatorio reduce el campo de acción de los ciudadanos, mientras que el voluntario según mi visión, obliga a un trabajo constante de los representantes con la sociedad civil, más allá del período de campañas, donde se hace habitual su presencia, para luego desaparecer.
    En otras palabras, los obliga a competir con los ciudadanos.

    Y en cuanto a la libertad, creo que caes en el dilema de Rousseau, de obligar a ser libre, pues ¿Qué clase de libertad se defiende con coacción?

  2. Daniel Brieba Says:

    Estimado Jorge, gracias por tus comentarios. Respecto al punto uno que mencionas, partiría por notar que el sistema actual es mixto y no obligatorio, pues la inscripción es voluntaria y actualmente menos del 70% del universo potencial de votantes está inscrito. Lo segundo es que yo no propongo en ningún caso un sistema obligatorio, sino un sistema mixto (pero distinto al actual, con inscripción automática y desinscripción voluntaria, o algún otro sistema que inhiba la autoexclusión persistente de ciertos segmentos específicos de la población). Lo tercero es que la pregunta relevante no es lo que ha porducido o no el sistema actual, sino que lo que fundadamente creemos que producirá un voto voluntario o uno mixto, dada la realidad inminente de la inscripción automática. En ese sentido, mi argumento que es un sistema mixto produciría menos desigualdad que uno 100% voluntario.

    Respecto al punto dos, de manera similar no pretendo defender el sistema actual, por lo que no me hago cargo de las críticas que se le haga (muchas, muy justificadas). En cualquier caso, no creo que exista sistema de votación alguno que sea capaz de ‘garantizar’ la representatividad perfecta. La pregunta es tan sólo bajo qué sistema habría más de ella. Por último, respecto al punto 3 en ningún caso se pretende reducir la democracia al mero voto. Es muy posible que alguien que no vote contribuya a la democracia de otras maneras, pero eso es especulativo- igualmente podría no hacerlo. En todo caso, las votaciones sí son un aspecto central (no único ni suficiente) de la democracia, por lo que el argumento del free rider refiere sólo al acto de votar, no a que esa persona es un free rider del sistema democrático como un todo. Finalmente, no creo caer en el dilema roussoniano pues un sistema con desinscripción voluntario, o cualquier otro sistema mixto, por definición deja la puerta de salida abierta al que realmente no quiera votar.

    Saludos,
    DB

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