Archive for 21 diciembre 2010

SECULARISMO A LA BRITÁNICA

diciembre 21, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicado en la sección Calling from London de Revista Capital, edición 291 del 17 de diciembre)

Dos años atrás, el Príncipe Carlos causó cierta controversia al anunciar que de llegar a ocupar alguna vez el trono cambiaría el título de “Defender of the Faith” (que ostentan todos los monarcas británicos desde Enrique VIII) por el de “Defender of Faith”. Lo que a primera vista parece un cambio menor, tiene un alto contenido simbólico: mientras el primero sólo se refiere a la Iglesia Anglicana, el segundo reconoce la existencia de diversos credos en el territorio del Reino Unido.

Pero no se trata sólo de un reconocimiento formal al evidente multiculturalismo, sino del reconocimiento sustantivo de la religiosidad como un activo, como la expresión de una manifestación cultural deseable y merecedora del apoyo del poder político.

Hago esta precisión para distinguir el modelo británico de los dos modelos de Estado secular más conocidos: el propiamente liberal (cuyo principal exponente es Estados Unidos) y el denominado republicano (asociado con el concepto de laïcité francés).

El modelo liberal básicamente consiste en permitir la proliferación de diversas manifestaciones religiosas en el ámbito de la sociedad civil, sin que el Estado asuma preferencia alguna. Las religiones, en cierto sentido, pueden competir en el espacio público, pero jamás monopolizarlo. Se ha llegado a sostener que se trata de un modelo hipócrita, toda vez que excluye formalmente las expresiones de Fe al mismo tiempo que cuestiona la integridad de sus líderes políticos cuando no son creyentes.

El modelo francés, por otro lado, construye su secularidad desterrando las representaciones externas de la religiosidad del espacio público, lo que no se limita a las oficinas gubernamentales sino que se extiende, como hemos visto últimamente, a cualquier institución responsable de la enseñanza de los valores nacionales. Así, el rito religioso queda relegado a la vida privada. También se le ha criticado porque genera conflictos insalvables para quienes la vida misma está asociada al cumplimiento u ostentación de cierta ritualidad y simbolismo religioso. A favor de ambos modelos, por supuesto, está la garantía de la igualdad que reciben los credos respecto del poder político, y de la indiscutida tolerancia que existe respecto de sus prácticas.

Pero lo que podemos llamar modelo británico, a partir de lo señalado al comienzo, pareciera asignar especial valor la creencia religiosa como tal, cualesquiera que ésta sea. No es liberal ni republicano, sino acomodaticio, en el mejor sentido del término. Evita comprometerse con la idea del Estado neutral –como si en ello existiere una omisión- y prefiere la noción del Estado respetuoso –como si en ello identificáramos una acción. Como casi todo lo que hacen los británicos, se trata de un modelo pragmático y moderado. No se compromete, claro está, con la visión de trascendencia que ellas implican, pero genera lazos de distintos tipos entre la provisión de bienes públicos y las comunidades religiosas. Por eso no es raro encontrar en los hospitales públicos salas especiales para rezar en dirección a La Meca (en los barrios de alta presencia islámica), o proyectos conjuntos donde el Estado financia y los clérigos locales se hacen cargo de la atención de la tercera edad. También se impone cierta presunción de que los espacios religiosos son de público acceso. Conocí el caso de una pareja de jóvenes ingleses que fue a “pedir hora” a una hermosa iglesia del vecindario. Cuando el sacerdote les dijo que era primera vez que los veía por ahí y pretendió reprimirlos por su descaro, la pareja lo increpó de vuelta con el argumento de que se trataba de “su” iglesia, agregando que tenían “todo el derecho” de casarse en ella.

En síntesis, hay varias razones para destacar el particular secularismo británico. Por un lado, entiende la religión en sí misma como bien público y no sólo como bien privado. Por otro lado, involucra al Estado con las distintas comunidades religiosas en la creación de bienes públicos. Y finalmente, proyecta la idea de que la “Iglesia” le pertenece a la nación y sus ciudadanos, más que a los exclusivos miembros de dicha confesión.

AL RESCATE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE)

diciembre 19, 2010

por Daniel Brieba (publicada en El Dínamo el 17 de diciembre)

Según la última encuesta del Barómetro de las Américas, en 2010 Chile pasó a ser el país con la menor identificación partidaria de todo el continente: menos de un 12% de los chilenos declara ‘simpatizar’ con algún partido político, comparado con un 26% el 2006, y lejos del 61% de Uruguay o el 52% en Costa Rica, las democracias más consolidadas de la región.

Puesto que los partidos políticos son -así lo indica abrumadoramente la experiencia comparada- indispensables para una democracia estable, representativa e inclusiva, este dato es una mala noticia. Pero por ello cabe preguntarse, primero, cuán preocupante es realmente esta desafección ciudadana; y segundo, cómo se podría reducir.

Respecto a lo primero, la situación actual es seria, pero (aún) no crítica. Después de todo, las tres segundas vueltas que tuvimos entre 1999 y 2009 mostraron una correlación de fuerzas muy estable entre derecha e izquierda, lo cual difícilmente se daría en un sistema sin lealtades y afiliaciones políticas arraigadas.

Asimismo, la última encuesta de Auditoría de la Democracia, con una pregunta un poco más guiada (¿Con cuál de estos partidos ud. se identifica más?) mostró que el 40% de los chilenos manifiesta una preferencia partidaria– una cifra significativamente más alta que la reportada por el Barómetro. Esto sugiere que estamos en un punto intermedio: hay poca y declinante identificación activa con los partidos, pero hay aún una reserva pasiva de lealtades políticas a éstos. Los lazos entre los partidos políticos y los ciudadanos estarían debilitados, mas no rotos.

La pregunta pues es cómo reactivar esos lazos, y es un debate que debemos iniciar ya. Sin desconocer el problema de largo plazo que supone la socialización política de las nuevas y muy despolitizadas generaciones post-plebiscito, hay 2 leyes cruciales que, considero, son el nudo gordiano del problema: la principal, la ley de partidos políticos; y subsidiariamente, la ley electoral. Juntas, hacen añicos la competencia y la flexibilidad en el sistema, impidiendo que éste evolucione junto a los cambios en las preferencias sociales.

Con sus demandas absurdas y kafkianas de inscripción (por ejemplo, tener 40.000 militantes, una cifra que difícilmente alcanzan los partidos más grandes, y hacerlo antes de ser partido y poder competir como tal), la ley de partidos prácticamente clausura la posibilidad de que un partido nuevo pueda entrar y desafiar a los partidos existentes.

Asimismo, al no exigir primarias ni votaciones universales para escoger candidatos o directivas en los partidos, asegura el poder de sus cúpulas y bloquea la renovación de éstos desde abajo. Y como es bien sabido, el binominal casi asegura un empate por distrito entre las dos coaliciones más grandes, congelando el tamaño relativo de ambas, excluyendo a terceros y trivializando el voto.

Es, pues, urgente no seguir sacrificando enteramente a la representatividad en el nombre de la estabilidad por medio de un sistema que bloquea la competencia desde afuera, desde abajo y desde adentro. Si queremos empezar a revertir la profunda desafección ciudadana por los partidos, busquemos cómo reformar estos aspectos claves de nuestro sistema político para revitalizar así nuestra aun joven democracia.

Link: http://www.eldinamo.cl/blog/al-rescate-de-los-partidos-politicos-antes-que-sea-demasiado-tarde

ORGANIZARSE ES UN PLACER

diciembre 17, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el viernes 17 de diciembre)

En la reciente discusión acerca de si el voto debe ser voluntario u obligatorio, aquellos que defendimos la primera opción fuimos -a veces- identificados como promotores de una ética basada puramente en derechos y no en deberes, o más aun, de un individualismo exacerbado que anulaba los vínculos societarios. Son cargos que suele recibir, con cierta justicia, el pensamiento liberal en general.

Pero digo que con sólo “cierta justicia”, porque los liberales no están comprometidos con ningún proyecto político que busque amedrentar la capacidad de los seres humanos para establecer lazos positivos de las más amplias formas. Muy por el contrario. En el corazón de su propuesta se encuentra la garantía esencial de que todas las personas puedan encontrar sentido a sus vidas haciendo causa común con otras. La libertad de asociación es su expresión jurídica más notable, pero irradia su potencial creativo a todos los campos de quehacer ciudadano. Así por ejemplo, la libertad de expresión adquiere especial amplificación cuando nace del acuerdo entre varios. Asimismo, la libertad de culto deja de hablarle al alma particular y conecta comunidades con su divinidad. La libertad política, también, deja de ser un hecho aislado y esporádico cuando toma cuerpo y se transforma en movimiento, referente o partido. Hasta la libertad de tomar una pelota y correr a la plaza se transforma en el deporte más hermoso del mundo cuando son once los que se ponen la misma camiseta y patean para el mismo lado.

Es cierto que el discurso liberal no se esfuerza tanto en transmitir estas bondades. Parece ser presa de una paranoia histórica que desconfía de las malévolas intenciones que la colectividad pueda tener sobre el individuo indefenso y vulnerable. Hoy no encontramos mucho fundamento para seguir alimentando dicho temor. Las personas gozan de una esfera de inviolabilidad ampliamente reconocida y garantizada. La autoridad no es necesariamente antagonista.

Sin embargo, es importante recordar que la capacidad asociativa va de la mano con la autonomía individual. Es decir, son las mujeres y hombres los que deciden poner algo en común. Nadie puede decidir por ellos en nombre de qué asociarse, aunque sea por su supuesto propio bien. De esta manera, la acción se dignifica cuando es libre. Cuando se transforma en obligación, bajo la amenaza de coerción, pierde gran parte de su sentido moral. Piense en los ejemplos más comunes: colaborar con la Teletón y pagar impuestos son cuestiones distintas justamente porque sólo en la primera la voluntariedad confiere un mérito particular. Obedecer la ley, en cambio, es el mínimo exigible a los ciudadanos. Nadie se engrandece siendo un mero “cumplidor de la ley”.

A algunos esto les resulta instintivo desde la infancia. Cuando nos daban una orden para hacer algo que estábamos a punto de hacer (“cómete la comida”, “ordena tu pieza”, “lávate los dientes”), sencillamente dejábamos de hacerla porque ya perdía toda la gracia de la acción libre, voluntaria y autónoma. Como dijo Bakunin, pareciera que “todo mandato lastima el rostro de la libertad”. Es probable, ahora que lo pienso, que no disfrutara tanto participando en política o jugando fútbol con mis amigos si estuviera legalmente obligado a realizar cada una de esas acciones. Quizás sea porque, como cantaba Sol y Lluvia, “organizarse es un placer”.

A todos nos gustaría –eso supongo- tener una sociedad más participativa, solidaria y tolerante. Pero paralelamente corresponde preguntarnos hasta qué punto estas cualidades pueden ser exigidas por el poder político. ¿Se nos puede obligar a participar en la junta de vecinos? ¿Se nos puede aplicar una sanción si no colaboramos con la colecta del mes? ¿Se nos puede citar al juzgado por no tragar al estrafalario pololo de nuestra hija? Para todas estas preguntas, creo que la respuesta debiera ser “no”. No queremos un Estado que nos haga mejores personas a la fuerza. Queremos ser mejores personas porque así lo decidimos libremente.

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/12/17/organizarse-es-un-placer/

A MEDIO CAMINO

diciembre 10, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el jueves 9 de diciembre)

Hace un tiempo leí una columna que ridiculizaba a todos los “liberales-progre” chilenos. Esos que marcharon contra la termoeléctrica de Barrancones, apoyan la despenalización de las drogas y el matrimonio homosexual. Esos que se manejan en las redes sociales y construyen relatos sobre lo que significa ser ciudadanos. Esos relativistas, hegemónicos, elitizados y urbanos. Esos que a diferencia de los pobladores no se manifestaban con rabia, sino con culpa. Los hizo pebre. Nos hizo pebre. Me dio vueltas en la cabeza varios días.

La tesis es sencilla -y puede que no tenga nada de original- pero la ofrezco como contribución a la reflexión: Chile está viviendo una transición conversacional entre las tareas que dejamos pendientes en el siglo XX y las discusiones que se nos vienen encima en el siglo XXI.

Las primeras son todas aquellas relacionadas con el mundo de las carencias propias de los países pobres. Aunque en nuestro caso ya no hablamos del hambre, de la mortalidad infantil o de las metas de alfabetización, todavía nos queda mucho por hacer. Temas como vivienda digna o trato laboral justo, por ejemplo, son los que unen a un Osvaldo Andrade con un Pablo Longueira. Cada uno desde su perspectiva, pero ambos conscientes de que las deudas en este ámbito son demasiado urgentes como para distraerse en otras exquisiteces. Nunca olvidaré un debate universitario donde el representante socialcristiano minimizó la censura a la película “La Última Tentación de Cristo” argumentando, con el rostro atravesado de sincera ira, que mientras en Chile existiera todavía una sola persona en situación de pobreza, la libertad de expresión no tenía prácticamente ninguna relevancia. Por supuesto que esta es una caricatura, pero refleja la magnitud del compromiso político que presenciamos en sus exponentes.

Las segundas, en cambio, giran en torno a temas que dan por sentada la superación de ciertas necesidades básicas –materiales o inmateriales- y se proyectan en valores que generalmente están asociados a la libertad y se traducen en lenguaje de derechos. En este grupo también encontramos debates tan diversos como la matriz energética, la integración regional o los avatares comunicacionales del Gobierno. Me refiero a conversaciones que se dan generalmente en los medios más sofisticados y escasamente en poblaciones o en el campo. Son los temas en los cuales se vincula un Fulvio Rossi con un Andrés Allamand. Aquellos que nos recuerdan que si bien la sociedad chilena sigue siendo calificada como conservadora, se está nivelando de acuerdo a su nivel socioeconómico: está demostrado que los países más ricos tienden a ser más liberales en la medida que mejoran los niveles educativos y las personas se vuelven más celosas de su autonomía a la hora de tomar decisiones.

¿Qué país somos, entonces? ¿El de las carencias urgentes o el de los importantes temas emergentes? Los dos. Todavía hay millones de chilenos que se preguntan en qué condiciones les tocará vivir mañana. Y otros tantos millones ya conversan sobre cómo quieren vivir mañana. Vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar una melodía en distintos tonos, aprendiendo a no descalificar al que transmite en una frecuencia distinta a la nuestra. Ya no es cierto, como decía cierto partido político, que hay materias complejas que “no le importan a la gente”. Hoy esos temas espinudos –políticos o morales- tienen audiencia y masa crítica suficiente. Y los “liberales-progre” tendremos que entender que hay ciertas dinámicas sociales donde nuestro enfoque es parcial e insuficiente, y que por ejemplo en ciertos contextos la religiosidad ayuda o que en otros puede ser deseable promover la familia tradicional.

No son dos pistas separadas tampoco. Hay evidencia y buenos argumentos para sostener que los niveles de desarrollo democrático y ampliación de las libertades van asociados a los niveles de desarrollo socioeconómico. Pero finalmente la idea es ir avanzando hacia un estadio en el cual efectivamente hayamos satisfecho las carencias que hoy llamamos básicas. Probablemente cuando lo hayamos hecho aparecerán otras que hoy día parecen suntuarias, y nuevas complejidades emergerán a partir de la creatividad humana.

Por ahora lo importante, tanto para los que se mueven por rabia como para lo que se mueven por culpa, es que se sigan moviendo.

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/12/09/a-que-nos-enfrentamos-los-%e2%80%9cliberales-progre%e2%80%9d/

The Flower

diciembre 8, 2010

Los dejamos con un video posteado por Juan Pablo Collao en www.redliberal.cl. Las imágenes valen más que las palabras:

¿Por qué bajó Piñera? ¿ANFP o los mineros?

diciembre 7, 2010

por Kenneth Bunker (publicado el 4 de diciembre en el blog tresquintos)

“En la encuesta Adimark de Noviembre el Presidente Piñera sufrío su mayor baja en aprobación presidencial desde que comenzó su mandato en Marzo. ¿Qué explica esta baja?

Una hipótesis es que los acontecimientos recientes en la ANFP (elección Mayne-Nicholls/Segovia) son los principales culpables. Otra hipótesis es que hubo una burbuja que infló la aprobación de Piñera (a partir del incidente de los mineros), y pasado el escandalo mediatico, se reventó.

En este breve artículo voy a tratar de demostrar que la segunda hipótesis es la correcta. Si bien no me cierro a que los conflictos de la ANFP afectaron la aprobacion del Presidente (ver párrafo final), no creo que sea una inferencia metodológicamente consistente o válida.

Los que abogan por la primera hipótesis basan su argumento en: (1) la edad de los que desaprueban, (2) el sexo de los que desaprueban, (3) la permanencia de Golborne con un alto porcentaje de apoyo. En otras palabras, suponen que porque los hombres jóvenes son los que siguen el fútbol con mayor atención (particularmente el de la selección nacional), y a la vez son los que mostraron la mayor caída en las categorias etarias, son ellos quienes habrían lidereado (o en sus palabras “provocado”) la caída de 10 puntos de Piñera.

Además, para refutar el argumento de la segunda hipótesis (que reventó la burbuja tras el retiro de la campaña mediatica pro-piñera) reclaman que si efectivamente habría reventado la burbuja, tambien habría caído Golborne.

Aquí viene el contra-ataque.

Piñera cayó 10 puntos porque tenía 10 puntos prestados. No eran de él, erán de los mineros, y se los debía. Cuando Adimark midió aprobación presidencial en Agosto (2010), por esas casualidades de la vida, parte del trabajo de campo se hizo antes de descubrir que los mineros seguian con vida (05-21 de Agosto), y la otra parte se hizo después (22-30  de Agosto). La diferencia entre ambas partes fue significativa. Antes del 22 de Agosto, Piñera recibió 49% del apoyo; despues del 22 de Agosto, Piñera recibió el 65% del apoyo. Con este dato es válido inferir que los mineros provocaron un aumento importante en la aprobación de Piñera, que de otro modo no habría conseguido.

Cuando Piñera fue electo, lo hizo con 52% de los votos. Asimismo, en todos los sondeos, previos y posteriores a Octubre (el mes relacionado con los mineros), Piñera obtiene +-50% del apoyo en las encuestas. Yo interpreto esto de la siguiente forma: La base de Piñera esta en la mitad del electorado (+-50%). Tener más o menos que eso es una anomalía.

¿Qué tiene la ANFP que ver con esto? Los que apoyan la primera hipótesis dicen que Piñera bajó porque los “futbolizados” lo castigaron, le quitaron el apoyo (tentativamente por que consideraron que el proceso de eleccion en la ANFP constituyo un fraude–un conflicto de interes). En la visión de esta gente, probablemente si no habría ocurrido lo de la ANFP, Piñera no habría bajado de su 63%.

Pero la evidencia muestra que los conflictos de interes no tienen mayor impacto en la aprobación presidencial (de Piñera, al menos). En el gráfico que muestro más abajo uso como proxy la pregunta sobre la confianza que genera el Presidente. Podriamos esperar que los conflictos de interes muestren bajas significativas en la confianza de la gente. Pero no lo hacen. Ni los conflictos de CHV ni LAN muestran una asociación significativa con el apoyo de la gente a Piñera. A la luz de esto, uno podria infereir que tampoco habría de hacerlo el conflicto de la ANFP (tomándolo como un conflicto de interés también).

Algunos podrán alegar que la ANFP es diferente, y que por las caracteristicas en la baja (de edad y sexo) de la aprobación presidencial, lo de la ANFP es más importante (al menos más significativo) que los conflictos que ocurrieron con CHV o LAN. Eso es especulación. Más abajo vuelvo a ese punto.

Por otro lado también podrán alegar que Golborne no cayó, y por ende la caída de Piñera no esta asociado con los mineros. Pero eso es una falacia metódologica. Golborne es un fenomeno, Piñera no. Mientras Golborne rankió en el último lugar de todos los ministros por los primeros 5 meses del gobierno, y subió al primer lugar solo tras el conflicto de los mineros, Piñera siempre ha tendido al 50% (con una baja desviacion estandar, en terminos relativos). No se puede inferir nada válido comparando un fenómeno (Golborne) con un factor institucional (Piñera).

Concluyó con lo siguiente. Si bien (para mí) esta más que probado que la mayor parte de la baja se debe a el reventon de la burbuja que se infló a partir de los mineros, no descarto la idea de que la ANFP también influyó.

Pero creo que hay un tema de orden. Primero, Piñera bajó porque estaba inflado, y segundo, podríamos especular que también bajó por los conflictos de la ANFP. Mientras lo primero es empiricamente validable, lo segundo (el link entre los futbolizados y aprobación presidencial) es una asociacion aun desconocida.

En lo personal, esperaría un poco más de tiempo, y un poco más de evidencia, para sostener que Piñera bajó 13 puntos por la ANFP.”

Link: http://tresquintoschile.wordpress.com/2010/12/04/%c2%bfpor-que-bajo-pinera-anfp-o-mineros/

REPUBLICANISMO Y VOTO VOLUNTARIO

diciembre 6, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Post el viernes 3 de diciembre)

En la tribuna de El Post, varios defensores del voto obligatorio han apuntado correctamente al corazón de la teoría republicana para sostener que con su implementación no hay propiamente una limitación de la libertad. Daniel Mansuy señala que “lo que dio origen a la libertad fue la creación de la política… no es de extrañar que una condición mínima de existencia para la libertad sea la existencia de una comunidad política medianamente sana y robusta”. En la misma línea, Fernando Atria alude a la creación de “condiciones para que cada ciudadano haga su (pequeña) contribución a la estabilidad democrática”. Finalmente, Jorge Fábrega nos dice que para disfrutar de libertad, “necesitamos crear un bien público que se llama democracia. Y ese bien público se crea colectivamente… adivinen cómo: votando”.

Hay dos maneras de justificar esta exigencia. La primera es instrumental o procedimental: los deberes establecidos por la comunidad son un precio justo para asegurar el colectivo de la libertad. La segunda es intrínseca o sustantiva: la participación política es valiosa en sí misma en el camino de la perfectibilidad del ser humano. Me concentraré especialmente en la justificación del primer tipo, que parece ser más fácil de aceptar. La justificación sustantiva es bastante más compleja porque asume que la sociedad puede determinar cuáles son los fines del individuo.

Para el republicanismo, la libertad -personal y colectiva- depende de la realización de ciertos “servicios públicos”, que no pueden ser sino deberes. Si éstos no son realizados, la libertad misma se vería seriamente amenazada, sino erradicada. Desde este punto de vista, la libertad individual no está desconectada del mecanismo que la provee. No podría haber violación alguna de la libertad cuando se trata justamente de posibilitar su existencia. Para el republicanismo contemporáneo, la libertad es ausencia de dominación o dependencia. Es, al igual que la idea liberal de libertad como no interferencia, una noción “negativa” del concepto. Habría violación de la libertad en cualquier relación que ponga al sujeto frente al riesgo de interferencia arbitraria, aunque no sea necesario que éste actualmente se produzca ¿Cómo nos aseguramos de que nadie llegue a dominarnos arbitrariamente? A través del autogobierno, cuya mejor expresión es la república, hoy la democracia representativa. Recapitulando, sólo la democracia posibilita la libertad, y porque esto es así, la contribución a la democracia debe ser obligatoria.

Hasta aquí todo bien. El primer escollo es hacer sinónimo “democracia” con “participación electoral”, que sabemos que no es lo mismo. Pero aun así, podemos aceptar que se trata de uno de sus elementos constitutivos. Entonces ¿se viene abajo la libertad con una participación electoral deficiente? Si la respuesta es sí, entonces el voto debiera ser obligatorio. Si la respuesta es no, entonces debería ser voluntario.

Mi percepción es que no sólo no se viene abajo la libertad con una baja participación electoral –lo que no implica considerar ese fenómeno como una cuestión preocupante e indeseable- sino que además los ciudadanos conservan en su poder el instrumento que garantiza su libertad. Como toda garantía, sigue siendo nuestra prerrogativa hacer uso de ella. Dicho de otra manera, es la oportunidad y no la acción propiamente tal la que actúa proveyendo el bien público “libertad”. El voto voluntario sigue siendo un recurso igualmente efectivo para los propósitos republicanos, ya que una vez que los ciudadanos vislumbren la amenaza de la tiranía, el despotismo o la aplicación arbitraria del poder, pueden hacer efectivo su derecho a voto para aplacar dichas amenazas.

Que esas amenazas no sean actualmente visibles es una cuestión esperable en contextos políticos habituados a vivir en libertad, o que dispongan de otro tipo de instituciones suficientemente sólidas para que jamás lleguen a cristalizarse. Si consideramos, en cambio, que por la mera potencialidad del riesgo, por lejano que parezca, debemos estar tomando precauciones obligatorias, entonces los partidarios del voto como deber no debieran estar en contra de los sistemas de conscripción militar obligatoria, ya que la amenaza de la guerra está siempre presente en nuestro vecindario. Maquiavelo, de quien Quentin Skinner rescata la vieja teoría republicana de los romanos, hablaba efectivamente de dos amenazas para la libertad: la interna y la externa. La primera se combatía a través de la ley y la virtud cívica, la segunda con ejércitos propios. Ambas eran igualmente exigibles bajo el mismo principio. Tengo serias dudas de que los partidarios del voto obligatorio en Chile estén pensando realmente en extender la paranoia de la destrucción de la democracia a tales niveles.

En síntesis, aunque las teorías liberales y republicanas disienten en varios aspectos, no parece descartable que incluso utilizando los procedimientos de esta última el voto voluntario aparezca plenamente justificado. Mientras el sufragio siga siendo una garantía que no desaparezca por su no uso circunstancial, los ciudadanos siguen ostentando todo su poder asegurador de la libertad.

Link: http://elpost.cl/content/republicanismo-y-voto

UN BRINDIS POR SU MAJESTAD

diciembre 4, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicado en la sección Calling from London de Revista Capital, edición N°290 del 3 de diciembre)

Anticipándome a las preguntas de mis amigos y familiares, aclaro de una vez por todas que no participaré en ninguna celebración callejera –menos oficial- en honor al Príncipe William y su prometida Kate Middleton. Mi posición apela a mis convicciones políticas, por supuesto: como liberal no puedo validar la institución de la monarquía. Un poder transmitido en forma hereditaria y amparado en títulos de nobleza evoca demasiado al antiguo régimen.

Pero claro, están los matices. Estamos hablando de una monarquía que comparte el poder con un parlamento y que no desempeña funciones de gobierno. Estamos hablando de una monarquía que está lejos de sus antecedentes absolutistas y que por el contrario se somete a la ley –supuestamente- como todos los británicos. Estamos hablando de una monarquía que en los últimos lustros ha perdido varios de sus privilegios, y que en tiempos de opinión pública empoderada, tiene bien rayada la cancha.  Aun así, estamos hablando de una monarquía.

Los espíritus críticos le bajan el perfil. Para ellos, la monarquía se parece a las figuras de cera del museo de Madame Tussauds. Lo consideran un recurso turístico –de hecho, acabo de comprar postales de cartón con el Príncipe Consorte en tenida de caza-, además de un recordatorio vivo de la gloria de otros tiempos, cuando Inglaterra era un Imperio, o más atrás cuando cobijaba leyendas medievales.

Sin embargo, sería un error reducir el rol de la monarquía al mero fetiche. Todavía es depositaria de un fuerte simbolismo político. La corona es la representación de la nación británica y por ende, el único recurso indisputable de unidad. Derechas e izquierdas por igual deben acudir a Buckingham para formar gobierno, mientras la Reina Isabel II se ubica –en teoría- por sobre el bien y el mal de la contingencia.

Asociado a lo anterior, hay que recordar que los británicos han sido generalmente identificados como exponentes de una cultura política “deferencial”. Es decir, son dados a respetar los símbolos de la autoridad sin mayores cuestionamientos. Ya sea por costumbre, vínculo afectivo o compromiso cívico, en estos lados la tradición vale. Los cambios se producen gradualmente, y en un marco básico de continuidad. El consenso ha sido, históricamente, una de sus claves políticas.

Se ha dicho que últimamente todo esto está sufriendo alteraciones. Que estamos presenciando –particularmente desde años setenta- el obituario de la deferencia. Sin embargo, varios analistas contemporáneos descartan esta posibilidad. Normalmente se destaca la paciencia y estoicismo de los huelguistas en los años ochenta, y se recuerda medio en broma medio en serio que los desempleados de la película Full Monty no se hicieron revolucionarios, sino strippers. Las masivas aglomeraciones para despedir a la Reina Madre en 2002 parecen indicar que la deferencia no ha muerto. Dicho de otro modo, aunque evidentemente existe una sociedad civil más informada y consciente de sus derechos –lo que en parte explica la limitación de los excesos monárquicos-, ésta no parece estar dispuesta a abandonar los ritos y ceremoniales que constituyen su identidad.

El casorio del Príncipe será una nueva oportunidad para ver quién tiene razón. Algunos grupos se han levantado para objetar el costo de la boda (algo así como 14 millones de euros), pero por otro lado el comercio –y el gobierno- se frota las manos con la expectativa de recaudar hasta 800 millones de euros durante los días de fiesta, entre visitantes, merchandising y festejos. Nada de mal para una economía alicaída.

Quiero creer que la gente que supuestamente saldrá a las calles a celebrar lo hará porque cualquier excusa es buena para hacerlo -no voy a descubrir aquí la debilidad de los británicos por el alcohol- antes que por la particular razón de brindar por el Príncipe y la Princesa. Si me pillan volando bajo, en una de esas también hago el brindis, pero que no se preste para confusión: un buen trago bien vale una reverencia.

Link: http://www.capital.cl/calling-from-london/un-brindis-por-su-majestad-2.html

OSSANDÓN Y LA CONVICCIÓN

diciembre 2, 2010

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el miércoles 1 de diciembre)

El alcalde Ossandón se niega a repartir la “píldora del día después” en los consultorios de su comuna. Para justificar su actuación, se ampara en dos argumentos relacionados: primero, que los electores de Puente Alto estaban conscientes de su posición al respecto al momento de elegirlo (y con una abrumadora mayoría), y segundo, que en esta materia están en juego sus convicciones más profundas, aquellas que no está dispuesto a transar. ¿Son argumentos válidos? Me parece que no.

En el estilo Peña, se me hace necesario traer a colación esa vieja distinción weberiana entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. De acuerdo a la primera, las personas actúan motivadas por sus creencias y valores. De acuerdo a la segunda, las personas actúan por ciertos compromisos ineludibles. Manuel José Ossandón, como individuo, tiene todo el derecho de actuar de acuerdo a sus creencias y valores. Manuel José Ossandón, como alcalde, debe conducirse en la vida pública respetando ciertos compromisos ineludibles. Aunque a veces nos cueste aceptarlo, en la vida nos toca desempeñar distintos roles que requieren de distintas actitudes. La consecuencia o coherencia que algunos quieren ver en las actuaciones del alcalde Ossandón respecto de la píldora, no es tal. Como funcionario público, su deber es actuar de acuerdo a la ética de las responsabilidades de su cargo. Si el Estado de Chile ha llevado a cabo todas las instancias de validación necesarias para que la anticoncepción de emergencia esté disponible en los consultorios, entonces no hay creencia personal que lo justifique para no cumplir las responsabilidades de su cargo.

Esta lógica se aplica independiente del sector político del cual provenga la autoridad. Aunque todavía sea motivo de crítica desde algunos sectores de la izquierda, la actitud que asumieron los gobiernos de Frei y Lagos respecto de la detención de Pinochet en Londres fue la correcta desde la perspectiva de la responsabilidad, aunque haya sido incómoda o incluso dolorosa desde la óptica de la convicción. Ministros que fueron exiliados por el dictador se vieron en la necesidad de actuar con criterio de Estado (aunque podamos discutir si éste fue el correcto), supeditando sus anhelos personales de retribución.

Pero en el caso de Ossandón hay otro problema más grave aún, que suele darse en la derecha más que en la izquierda. Se trata de la precaria comprensión de la necesaria prioridad de lo Justo por sobre las concepciones personales del Bien. En las sociedades complejas y cada vez más diversas en las que vivimos, es posible encontrar variadas visiones respecto de cómo vivir la vida. Todas esas visiones, mientras no destruyan la convivencia, merecen respeto. El alcalde Ossandón también tiene derecho a que respeten la suya.

Pero ninguna de ellas –tampoco la suya- puede ser impuesta sobre los demás en el espacio público. Es imperativo, entonces, establecer acuerdos o consensos básicos –la idea de lo Justo- que se traduzcan en instituciones y normas, las únicas que pueden ser legítimamente obligatorias. Volviendo a la píldora, no es la particular creencia o concepción del Bien del alcalde Ossandón la que debe ser satisfecha, sino la adecuada razonabilidad pública de acuerdo a los procedimientos establecidos, es decir, lo Justo para todos los ciudadanos.

No conozco exactamente la extensión del decreto y posterior legislación que autoriza la repartición de la píldora en los consultorios municipales. Pero si se llegara a configurar la transgresión legal, no hay ética de la convicción ni concepción del Bien que valga. El alcalde Ossandón tendría dos caminos: la renuncia en nombre de sus valores (lo que tiene un enorme mérito más allá de lo político), o bien el sometimiento a la ley como todos los mortales.

Por supuesto, esto no tiene absolutamente nada que ver con su evidente reclamación de que hay cosas más importantes de que preocuparse. Este es un asunto, como él mismo señala, de convicciones y principios. 

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/12/01/ossandon-y-la-conviccion/