SECULARISMO A LA BRITÁNICA

por Cristóbal Bellolio (publicado en la sección Calling from London de Revista Capital, edición 291 del 17 de diciembre)

Dos años atrás, el Príncipe Carlos causó cierta controversia al anunciar que de llegar a ocupar alguna vez el trono cambiaría el título de “Defender of the Faith” (que ostentan todos los monarcas británicos desde Enrique VIII) por el de “Defender of Faith”. Lo que a primera vista parece un cambio menor, tiene un alto contenido simbólico: mientras el primero sólo se refiere a la Iglesia Anglicana, el segundo reconoce la existencia de diversos credos en el territorio del Reino Unido.

Pero no se trata sólo de un reconocimiento formal al evidente multiculturalismo, sino del reconocimiento sustantivo de la religiosidad como un activo, como la expresión de una manifestación cultural deseable y merecedora del apoyo del poder político.

Hago esta precisión para distinguir el modelo británico de los dos modelos de Estado secular más conocidos: el propiamente liberal (cuyo principal exponente es Estados Unidos) y el denominado republicano (asociado con el concepto de laïcité francés).

El modelo liberal básicamente consiste en permitir la proliferación de diversas manifestaciones religiosas en el ámbito de la sociedad civil, sin que el Estado asuma preferencia alguna. Las religiones, en cierto sentido, pueden competir en el espacio público, pero jamás monopolizarlo. Se ha llegado a sostener que se trata de un modelo hipócrita, toda vez que excluye formalmente las expresiones de Fe al mismo tiempo que cuestiona la integridad de sus líderes políticos cuando no son creyentes.

El modelo francés, por otro lado, construye su secularidad desterrando las representaciones externas de la religiosidad del espacio público, lo que no se limita a las oficinas gubernamentales sino que se extiende, como hemos visto últimamente, a cualquier institución responsable de la enseñanza de los valores nacionales. Así, el rito religioso queda relegado a la vida privada. También se le ha criticado porque genera conflictos insalvables para quienes la vida misma está asociada al cumplimiento u ostentación de cierta ritualidad y simbolismo religioso. A favor de ambos modelos, por supuesto, está la garantía de la igualdad que reciben los credos respecto del poder político, y de la indiscutida tolerancia que existe respecto de sus prácticas.

Pero lo que podemos llamar modelo británico, a partir de lo señalado al comienzo, pareciera asignar especial valor la creencia religiosa como tal, cualesquiera que ésta sea. No es liberal ni republicano, sino acomodaticio, en el mejor sentido del término. Evita comprometerse con la idea del Estado neutral –como si en ello existiere una omisión- y prefiere la noción del Estado respetuoso –como si en ello identificáramos una acción. Como casi todo lo que hacen los británicos, se trata de un modelo pragmático y moderado. No se compromete, claro está, con la visión de trascendencia que ellas implican, pero genera lazos de distintos tipos entre la provisión de bienes públicos y las comunidades religiosas. Por eso no es raro encontrar en los hospitales públicos salas especiales para rezar en dirección a La Meca (en los barrios de alta presencia islámica), o proyectos conjuntos donde el Estado financia y los clérigos locales se hacen cargo de la atención de la tercera edad. También se impone cierta presunción de que los espacios religiosos son de público acceso. Conocí el caso de una pareja de jóvenes ingleses que fue a “pedir hora” a una hermosa iglesia del vecindario. Cuando el sacerdote les dijo que era primera vez que los veía por ahí y pretendió reprimirlos por su descaro, la pareja lo increpó de vuelta con el argumento de que se trataba de “su” iglesia, agregando que tenían “todo el derecho” de casarse en ella.

En síntesis, hay varias razones para destacar el particular secularismo británico. Por un lado, entiende la religión en sí misma como bien público y no sólo como bien privado. Por otro lado, involucra al Estado con las distintas comunidades religiosas en la creación de bienes públicos. Y finalmente, proyecta la idea de que la “Iglesia” le pertenece a la nación y sus ciudadanos, más que a los exclusivos miembros de dicha confesión.

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