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ATEOS FUERA DEL CLÓSET

abril 26, 2011

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el lunes 25 de abril de 2011)

En una columna de opinión notable, el sacerdote jesuita Jorge Costadoat extiende la invitación a pensar la “Iglesia post-Karadima” también a los no creyentes. Como miembro de este lote acuso recibo y despliego mi respuesta. Me parece, en todo caso, que ateos y agnósticos tenemos poco que decir respecto de la ropa sucia del clero católico, más allá de las esperables reacciones de indignación ante el abuso de poder y la hipocresía moral de algunos de sus exponentes. Nuestro problema con la institución vaticana y con otras organizaciones del género es mucho más profundo y desafía la idea misma de una divinidad creadora y omnipresente así como su conveniente representación en la tierra; aun en el hipotético caso que los curas fueran verdaderos modelos de virtud, nuestras discrepancias con la Iglesia no serían sustantivamente menores.

La pregunta que me gustaría añadir a la de Costadoat es en qué condiciones queda la comunidad de “no creyentes post Karadima”.

Parto enfatizando que nada de lo que ha ocurrido nos sirve como argumento para sostener que no tener fe es mejor que tenerla. El destape de las fechorías de un anciano megalómano y cobarde -o varios de ellos- no constituye prueba alguna de que Dios no exista, que Jesús no haya efectivamente resucitado o que María no haya sido una auténtica virgen. Ninguna batalla filosófica o teológica relevante se gana o se pierde al presenciar estos lamentables casos. Los que creen sinceramente en un ser superior bondadoso, a mi juicio, pueden seguir haciéndolo tranquilamente. Añadir dos cucharaditas de contradicción a un mar de contradicciones no hace la diferencia.

Sin embargo, el affaire Karadima y todas sus conexiones y coletazos sirven para recordar a la tradicionalista sociedad chilena que el estándar moral de las personas no se mide por su filiación religiosa. Que decirse “católico” no sirve como una presunción de comportamiento ético. Y que, por el contrario, ateos y agnósticos son merecedores del mismo respeto social que reciben los más se golpean el pecho.

Ok, reconozco que los tiempos han cambiado y hemos progresado bastante desde que infieles, herejes y apóstatas eran quemados en las plazas públicas. Pero Albert Einstein vivió hasta hace poco y la correspondencia que recibió al declarar que no creía en el Dios de cristianos o judíos es testimonio vivo de la intolerancia y estrechez mental de nuestros contemporáneos. Es sabido que, hasta nuestros días, es imposible competir por la Presidencia de Estados Unidos sin hacer alarde de algún compromiso religioso. Chile parece un país más maduro en este sentido: tanto Lavín como Piñera trataron de arrinconar a Lagos y Bachelet, en 1999 y 2005 respectivamente, con el discurso del pretendido monopolio valórico. En ambas ocasiones, los rimbombantes católicos fueron derrotados por humanistas agnósticos y ateos.

Pero aún falta mucho. En muchísimos círculos reconocerse ateo equivale a confesar una desgracia. O peor aún, a hacerse digno de una especie de sospecha moral. Somos los licenciosos, los individualistas, los nihilistas. A fin de cuentas, ¿a qué le tememos aquellos que no tenemos Dios? La respuesta debe ser contundente: una vida sin ritos religiosos puede ser tanto o mejor –desde el punto de vista de la virtud personal- que una vida abundante en cruces, santitos, misas u oraciones. También tenemos nuestras creencias –seculares, claro- respecto de cómo transformar al mundo en un mejor lugar para todos. Estas se han desarrollado racionalmente y en muchos casos son más aptas para responder a las preguntas de la vida moderna que las que se encuentran en textos escritos hace dos mil años.

Es hora que los ateos, agnósticos e incluso deístas (aquellos que creen en la participación de una inteligencia superior en el diseño del universo, pero no meten a Dios en los aconteceres cotidianos ni dan un peso por la validez de los vicariatos terrenales) salgan del clóset. Mientras más seamos, más convencidos estemos y más ayuda inesperada recibamos de los Karadima por venir, más haremos retroceder ese miedo social a rechazar los convencionalismos católicos, desde la presión a “hacer la confirmación” o “casarse por la Iglesia” hasta el casillero que marque el próximo año en el Censo de población. El catolicismo no es la opción por defecto. Debe estar acompañada de una voluntad explícita de participar en dicha comunidad de creencias. El resto… hagamos y digamos la firme.

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/04/25/ateos-fuera-del-closet/

CON UN PITUTO

abril 21, 2011

por Cristóbal Bellolio (publicada en Calling from London de Revista Capital, edición del 21 de abril de 2011)

Seguramente Nick Clegg, líder de los Lib-Dems y vice-primer ministro británico, nunca escuchó “Los Pitutos”, legendaria canción de los valdivianos de Sexual Democracia. Si la conociera, no podría sacársela de la cabeza por estos días. La historia es la siguiente: preocupado por la falta de movilidad social en Gran Bretaña, Clegg acaba de lanzar una ofensiva en contra de lo que ha bautizado como la “conspiración tácita”, es decir, en contra del amiguismo y a favor de la meritocracia en el sistema. “Queremos un mercado laboral justo, basado en el mérito y no en las redes de contacto. Debería ser sobre qué sabe cada uno y no sobre quién es cada uno”, remató inspirado. Hasta acá, todo bien. Nada muy original, por lo demás: el ideario liberal inglés ha estado siempre comprometido con la idea de igualdad de oportunidades.

A renglón seguido, Clegg confesó haber conseguido su práctica profesional gracias a una “palabrita” –esa fue la expresión que usó- que tuvo su padre, un destacado banquero, con un conocido del mismo rubro. Luego, reconoció haber conseguido su primer trabajo también gracias a un par de amigos de la familia. El joven Nick, no le quepa duda, partió de bien arriba. Su exitosa carrera estuvo en gran parte determinada por sus redes sociales. Hoy, veinte años después, Clegg dice que lo que hizo estuvo mal y que el sistema debe ser reformado.

¿Hipocresía o valentía? Los medios de comunicación le han pegado duro, optando por la primera calificación. Les resulta el colmo que alguien que se haya aprovechado tan abiertamente de la injusticia venga ahora a presentarse como el paladín del juego limpio y parejo. Visto desde la perspectiva indulgente, en cambio, parece positivo que Clegg haya cambiado de opinión sobre este asunto, sobretodo tomando en cuenta que a los veintitantos no tenía la visión pública que tiene ahora. Si, como sostienen algunos, los más sinceros y efectivos móviles de la acción política son la rabia y la culpa –la primera para los infortunados, la segunda para los afortunados- entonces Nick Clegg está haciendo uso legítimo de sus instintos culposos: no quiere que en el futuro otros tengan tantas ventajas inmerecidas. Pero claro, él ya las tuvo y no hay nada que hacer para remediarlo. Me ha llamado la atención que nadie ha defendido –al menos públicamente- el eventual derecho de los padres de asegurar el porvenir laboral de sus hijos.

La reflexión parece ser doble. Una es sustantiva y apela al corazón del problema: la sociedad británica todavía no abandona un patrón clasista a la hora de asignar posiciones en la escala social. Londres es una metrópolis cosmopolita y llena de oportunidades, pero el acceso a ciertos cargos y círculos está vedado para la gran mayoría. Descendientes de inmigrantes indios o africanos, por muy cultivados que sean, tienen un tope en las empresas más prestigiosas. Por su parte, la elite se educa en pocos colegios y luego asiste a las mismas universidades: Oxford o Cambridge (Clegg, Cameron, Blair y Thatcher entre ellos). En todo caso, en honor a la verdad, la ostentación no es un vicio muy británico. Poseedores de históricos títulos nobiliarios pueden vivir lado a lado con ciudadanos comunes y corrientes. Pero aun así, por algo no se habla del “sueño inglés” como se habla del “sueño americano”. Cuando hago la conexión con Chile no puedo dejar de pensar que el autocomplaciente mote de “los ingleses de Latinoamérica” tiene entonces algún sentido.

La otra reflexión se refiere a la situación de Clegg y de tantos otros políticos que en su vida privada han tenido –o tienen- comportamientos distintos a los que predican en público. Cameron y Obama, por ejemplo, reconocieron haber usado drogas en su etapa universitaria. Nadie les reprocha que hoy combatan frontalmente el narcotráfico. Pareciera que esos “pecados de juventud” no constituyen casos particularmente condenables. Distinto es la situación de políticos que desde el púlpito promocionan la educación pública pero que no les pasa por la cabeza enviar a sus hijos a liceos municipales. La razón es cruda pero obvia: quieren lo mejor para ellos. Imagíneselos divagando: “¿Qué se puede hacer si esas son las reglas del juego? ¿Nadar contra la corriente? ¿Disponer de la suerte de los niños en nombre de la convicción política?” Bueno, que de algo sirva la convicción política, ¿no?

Seguramente el padre de Clegg no estaba en esa posición. Quizás quería que el joven Nick siguiera sus pasos en la banca y consolidara la fortuna familiar a punta de pitutaje sin exhibir remordimientos. Pero en lo sucesivo, el actual vice-primer ministro no tiene excusas. A él, como diría el Rumpy en su programa radial, “le vamos a ponerle un tema”… adivine cual.

Link: http://www.capital.cl/calling-from-london/con-un-pituto.html

ROTULANDO LA LIBERTAD

abril 17, 2011

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el viernes 15 de abril de 2011)

El debate sobre la rotulación de alimentos parecía inocuo y se ha transformado en un campo de batalla donde vuelan los calificativos y las acusaciones. Pero más allá de los excesos del lenguaje y la imaginación, acá se están jugando ideas centrales sobre qué tipo de sociedad queremos que sea Chile.

Echemos un vistazo a los criterios fundamentales que sirven como estandarte a las posiciones en competencia. A la izquierda, tenemos un grupo de legisladores que estiman que el estado tiene la primera responsabilidad a la hora de combatir los males sociales, en este caso la obesidad. Lo que las propias personas decidan al respecto les parece una consideración secundaria. A la derecha, centros de estudio y connotadas figuras subrayan la importancia de la libertad de elección y la responsabilidad de la familia en la educación de sus hijos, especialmente respecto de hábitos alimenticios.

Si tuviera que elegir, me quedo con la segunda. Lo que Rossi, Girardi y compañía denominan “bien común” no puede tener primacía por sobre la libertad de las personas cuando las acciones que buscan prohibirse, limitarse o restringirse les afectan principalmente a ellas y no a terceros. Parafraseando a Stuart Mill, ni siquiera su propio bien, físico o moral, es justificación suficiente para la acción del estado. Entonces, respecto al proyecto en trámite, concuerdo con lo expuesto por el director de Libertad y Desarrollo: quienes valoran la libertad deberían oponerse a un proyecto excesivo.

Sin embargo, tres importantísimas precisiones tienen lugar.

Primero, que el principio de libertad –como lo reconoce el mismo Mill- no es aplicable a los niños o adolecentes que no han alcanzado la mayoría de edad. Por el contrario, ellos deben ser guiados en el proceso de maduración y resulta enteramente razonable que la sociedad pueda regular los alimentos que consumen. En consecuencia, el criterio aplicable para colegios, liceos y escuelas no debiera  ser el mismo que para universidades, institutos profesionales y centros de formación. Son justamente los adultos los que piden no ser tratados como niños. Estos últimos, en cambio, deben ser tratados como tales. Aquí, Libertad y Desarrollo prefiere poner sus fichas en el rol de la familia como transmisora de valores de autodisciplina y contención. Creo que es un error. Ese modelo de familia brilla por ausencia particularmente en los contextos más vulnerables. El estado tiene una responsabilidad ineludible, tal como en el caso de la educación sexual, con la formación de ciudadanos aptos para vivir sanamente.

Segundo, que son igualmente inescapables los deberes públicos en materia de acceso a información veraz, completa, transparente y oportuna respecto de los alimentos que se consumen. Si el estado no vela por el flujo igualitario e universal de dicha información, le abre la puerta al abuso.  El derecho a elegir se ve entonces reducido a caminar a tientas en la oscuridad. Si esto significa mayores costos para la industria (así como menores ganancias derivadas de su restricción en colegios), éstos deben ser asumidos por ella como parte de una estrategia de juego limpio.

Para mi tercer punto, quiero recordar la sensata declaración del senador Jovino Novoa: “una persona que quiere una parrillada tiene todo el derecho a comérsela… ¿o van a prohibir los asados también por el alto contenido de grasa de los chorizos?” Lo que resulta difícil de explicar es porque la UDI se opone entonces cada vez que la autonomía valórica de las personas adultas entra en discusión. Le cambio dos palabras a la oración: “una persona que quiere un pito tiene todo el derecho a fumárselo… ¿o van a prohibir la marihuana también por el alto contenido de THC que produce?”. Hago la misma pregunta respecto de la eutanasia, el matrimonio homosexual y otras tantas conductas que sólo afectan a sus consumidores o protagonistas y que debieran estar sometidas al mismo estándar libertario. Es la rancia combinación entre libertad para algunas cosas pero no para otras (quizás porque éstas le desagradan a la divinidad) la que provoca un especial rechazo por su inconsistencia desde el punto de vista de la razón pública.

La libertad conlleva el derecho de hacer cosas que no son buenas desde distintos puntos de vista.  El consumo de comida chatarra en exceso es una de ellas. En lo personal, soy uno de los que la detesta. Pero no le atribuyo al estado ninguna legitimidad para negar a personas adultas el acceso a ella. Donde el estado sí la tiene es respecto a la supervigilancia de los productos ofrecidos a los niños y a la información disponible al público en general. Por su parte, la UDI y sus centros afines debieran decidir de una buena vez qué ideología promueven: la neoconservadora a la Bush que gobierna con el mercado en una mano y la biblia en la otra, o la libertaria a la Friedman que prioriza la libertad en todos los ámbitos de la vida humana.

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/04/15/rotulando-la-libertad/

¿QUÉ DIABLOS ES LA “BIG SOCIETY”?

abril 14, 2011

por Cristóbal Bellolio (publicada en Calling from London de Revista Capital, edición del 8 de abril de 2011)

En un foro al que asistí hace un par de semanas, la audiencia -compuesta en su mayoría por estudiantes universitarios- estalló en una forzada carcajada cuando el panelista que representaba a los conservadores quiso referirse a las virtudes de la denominada “Big Society”, eslogan de campaña con el cual David Cameron llegó al poder en Gran Bretaña.

La burla se entiende con sólo mirar los números. La oposición laborista se acerca al 40% de aprobación y supera a los tories en todas las encuestas desde hace algunos meses. La sensación de que los cortes en el gasto público están poniendo en jaque la continuidad del gobierno de Coalición de conservadores y liberal-demócratas hizo que hace pocos días el mismo Cameron reconociera que algunas medidas tendrían que ser reevaluadas. Al hacerlo, sin embargo, ratificó su compromiso –lo llamó “su misión”- con transformar a Gran Bretaña en la “Big Society” de sus sueños.

Los invito entonces a preguntarse qué diablos es la “Big Society”. En corto, digamos que es un proyecto que cambia la forma de administrar el Estado, su poder y sus recursos. En parte se construye sobre la senda de modernización que ya había trazado Tony Blair, al externalizar varios servicios que hasta entonces eran desempeñados por una extensa burocracia. Pero Cameron va más allá y le incorpora dos elementos distintivos. El primero es la noción de localismo, que podemos definir como la filosofía de acercar la toma de decisiones a quienes realmente van a ser afectados por ella. En otras palabras, promueve el fortalecimiento del poder local restándole atribuciones al gobierno central. El segundo es la curiosa solicitud de un voluntariado activo. O sea, que sean los propios ciudadanos los que se involucren en la provisión de ciertos servicios comunitarios que no requieren mayor expertise, como atender la biblioteca del barrio. Reconozcamos que hasta aquí la “Big Society” tiene cuento. Localismo y voluntariado no suenan nada mal.

Desde una perspectiva ideológica, tiene de liberal y de comunitarista. Por una parte, su efecto es achicar en cierta forma el aparato público. El Estado, dice Cameron, está para financiar pero no necesariamente para gestionar los servicios. En honor a la verdad, digamos que con la profundidad de los cortes tampoco ayuda mucho a financiar. Pero desconcentrando y descentralizando generaría polos de poder más pequeños que contrastan con la idea de una burocracia grande y grasosa. Por el otro lado, son las propias comunidades las que asumen responsabilidades sociales en su entorno. Con el tiempo, éstas podrían desarrollar grados significativos de autosuficiencia y generar identidades propias en base al trabajo común, vecino con vecino, hombro con hombro. Esta idea no deja de ser atractiva incluso para algunos laboristas y en general para ciertas miradas desde la izquierda. Retrocede lo público pero se fortalece lo social.

Las características del proyecto de Cameron –especialmente la última- lo distancian de la herencia conservadora. Su último ícono, Margaret Tatcher, inmortalizó la frase “no hay tal cosa llamada sociedad, sino hombres y mujeres individuales”. El actual líder tory, en cambio, sostiene que está tan preocupado por la recuperación económica como por la “recuperación social” de su nación. En síntesis, no cree que todas las respuestas vengan del gobierno –contra la ortodoxia izquierdista- pero tampoco le confía todas las soluciones al mercado –contra el dogmatismo derechista.

Dos observaciones podrían hacerse para tentar una comparación con Chile. La primera es la importancia que Cameron asigna a su relato o narrativa política. Piñera, en cambio, nunca se preocupó demasiado por esa verdadera carencia de su sector, la cual seguramente consideraba una obsesión esotérica de asesores e intelectuales. Sostener que el objetivo es una sociedad de “oportunidades, seguridades y valores” resulta demasiado comprehensivo, vago y de difícil recordación. El segundo comentario se descompone en varias preguntas: ¿Pretende la derecha chilena hacer algo similar con la administración del Estado? Una vez en el poder, ¿tiene la voluntad política de acelerar los cambios como tantas veces exigió desde sus centros de estudios? ¿Posee una vocación especial por el localismo y el voluntariado en la provisión de servicios públicos, o estima que esos códigos no van con nuestra cultura política? ¿Es, finalmente, una derecha de promoción individual o social? No estaría de más algo de claridad en estos asuntos, aunque los turbulentos días que pasa el oficialismo británico evidencian que la claridad tampoco asegura popularidad.

Link: http://www.capital.cl/calling-from-london/que-diablos-es-la-big-society-2.html

POR QUÉ LA DESIGUALDAD IMPORTA

abril 11, 2011

por Cristóbal Bellolio y Daniel Brieba (publicada en Revista Capital, edición del 8 al 21 de abril de 2011)

Los pronósticos más auspiciosos dicen que Chile podría derrotar la pobreza antes de finalizar la presente década. La estrategia de crecimiento económico y políticas sociales focalizadas podrían transformarnos en el primer país de la región en conseguir dicha meta -salvo que Uruguay nos arrebate el título en los minutos finales. El Presidente Piñera suele nombrar razones para hacerlo: porque se trata de un imperativo moral, una inversión a futuro y una garantía de paz social. Existe consenso absoluto en nuestra clase política –no siempre lo hubo- respecto de la urgencia de esta tarea, ya sea por las razones que entrega el Presidente o por otras que no se alejan demasiado. Que el debate sobre el Ingreso Ético Familiar discurra por canales más técnicos que ideológicos refleja ese acuerdo general: todo chileno tiene derecho a un nivel de vida digno, asegurado por el Estado.

Lo interesante es observar qué ocurre una vez que la pobreza, en términos absolutos, ha sido superada. El problema de los países ricos como Estados Unidos o Gran Bretaña en la actualidad no es la miseria dura que corroe a los países en vías de desarrollo, sino el progresivo aumento de la desigualdad entre los que más y los que menos tienen. Como chilenos, la pregunta que nos hacemos en el presente artículo parece simple pero reviste una respetable complejidad: ¿nos debiera importar, además de vencer la pobreza, el nivel de desigualdad socioeconómica que existe actualmente en nuestra sociedad?

En una primera aproximación, digamos que la desigualdad en sí misma no es tan grave, mientras toda la población cuente con recursos suficientes para vivir decentemente. Por decirlo de alguna manera, una vez satisfecho ese mínimo universal todo es cancha. Más aun, si los ricos se hacen más ricos, y a consecuencia de ello los pobres son menos pobres, bienvenido sea. La tributación a los primeros debiera ser la justa para no desincentivarlos y la suficiente para establecer una red de protección para los segundos. Todo esto sin perjuicio de contar con un esquema abierto a la movilidad social. Visto así, todos ganan.

Nosotros no estamos tan de acuerdo. A continuación ofrecemos tres clases de argumentos que, a nuestro juicio, conforman un caso sólido para comprometerse políticamente con la disminución de la desigualdad socioeconómica, incluso en el evento en que Chile ya hubiese cumplido con proveer a todos ese “mínimo digno” y asumiendo que dicho piso básico no es una situación fija sino que demanda mejores condiciones a través del tiempo, en concordancia con el progreso material de la sociedad.

I

La primera es una razón de justicia y suele estar en centro de los argumentos igualitarios. Sostiene que es injusto que algunos cuenten con ventajas respecto a otros cuando éstas obedecen a las arbitrarias contingencias del destino. Sabemos que las personas no se merecen enteramente la posición social y económica en la que se encuentran. Suena duro, pero la verdad es que estamos donde estamos gracias a una combinación de factores, la mayoría de ellos independientes de nuestro mérito. No elegimos donde nacer, ni a qué colegio asistir. Si vamos o no a la universidad tiene mucho que ver con las dos variables precedentes. Cuando salimos de ella, ya estamos corriendo con una inmensa ventaja. Alguien podrá objetar que las ganas y el empuje fueron claves para llegar donde están. No lo negamos, pero añadiríamos que las oportunidades que aprovecharon también estuvieron determinadas por el capital cultural que absorbieron del medio, por las redes sociales a las que tuvieron acceso y -cómo no- por su no escogida herencia genética. Casi todo, pura suerte. Un niño que nace en una familia que le enseña desde el comienzo la importancia de la responsabilidad y el trabajo bien hecho tiene mejores perspectivas que otro niño al que jamás se le transmitieron valores similares. El primero es un niño afortunado, el segundo no.

Poca gente está dispuesta a sostener que estar condenado por la mala suerte es “justo”. Si quisiéramos ser verdaderamente imparciales, estaríamos de acuerdo en extremar recursos para eliminar o al menos mitigar las diferencias producidas por variables que escapan a nuestro control. Estaríamos de acuerdo en que la sociedad tiene el deber moral de emparejar las condiciones de tal manera que la mala suerte no sea determinante. Este es el origen de la noción de la igualdad de oportunidades. En este esquema, las desigualdades sólo son justas si todos los participantes tuvieron las mismas posibilidades de acceso a las distintas posiciones en la escala social. Es una idea que apela al sentido común: nos gusta que los resultados sean la expresión de reglas uniformes, ciertas e imparciales; nos rebelamos cuando no es así. Aceptamos que haya ganadores y perdedores en la vida siempre y cuando la batalla haya sido leal.

Hoy, lo sabemos, no lo es. La igualdad de oportunidades que existe en Chile es puramente formal. Los casos en los cuales la cuna no determina el nivel socioeconómico se cuentan como excepciones y están lejísimos de ser la regla general. Incluso dos egresados universitarios de la misma carrera y establecimiento enfrentan oportunidades efectivas muy distintas a la hora de conseguir trabajo, si uno de ellos posee el perfil de la elite y el otro no. Conformarse con la igualdad de oportunidades que aparece en el papel consolida la injusticia de un sistema que castiga la mala suerte. Por el contrario, un sistema justo corrige las desigualdades de origen a través de una efectiva igualdad de oportunidades y dispone compensaciones a lo largo de la carrera para aquellos que cargan con desventajas que no pudieron ser eliminadas

No está demás señalar que la desigualdad de oportunidades en América Latina no es obra del llamado modelo “neoliberal”, sino que se arrastra desde un pasado colonial que favoreció la concentración centenaria del poder político, social y económico. No es una tradición que nos llene de orgullo. Por el contrario, es de aquellas que requieren ser desafiadas.

II

El segundo argumento para oponerse a desigualdades muy profundas se basa en la idea republicana de la igualdad democrática, la que se expresa de dos maneras. Por un lado, significa que las instituciones deben tratar a todos los ciudadanos como iguales. Por el otro, que entre los mismos ciudadanos nos debemos los unos a los otros un trato respetuoso basado en la mutua aceptación de nuestra igualdad. Ambas, a nuestro juicio, pueden verse afectadas si existen compatriotas en posiciones de poder tan asimétricas que favorecen –o al menos facilitan- el abuso, la excesiva dependencia y la dominación. Dicho de otra manera, aun con recursos básicos asegurados e igualdad de oportunidades, las desigualdades socioeconómicas se vuelven problemáticas cuando se traducen en desigualdades de estatus.

Respecto de las instituciones políticas, es sabido que aunque la Constitución garantiza a todos los chilenos igualdad ante la ley, los órganos del Estado suelen caer en la tentación de poner más oreja a ciertos actores poderosos que al resto. Piense en el diferencial acceso a la justicia que tienen los grupos en la cima y aquellos en la base de la pirámide social. Piense en el tipo de cobertura que los medios le dedican a los hechos que ocurren en los mismos extremos. Pregúntese si las fuerzas policiales actuarían con la misma fiereza que despliegan contra ciertas comunidades indígenas si los perpetradores de tomas fueran vecinos del barrio alto.

Respecto del trato entre los mismos ciudadanos, cuando las desigualdades de estatus entre ricos y pobres son tan pronunciadas que se pierde entre nosotros la más mínima noción de reciprocidad en la cual se sustenta la idea de igualdad democrática. Se consolida la mentalidad de castas afectando finalmente aquello que Rawls llamaba las “bases sociales del auto respeto”. Es decir, aquella parte de la valoración que los más vulnerables tienen de sí mismos que depende de cómo el resto de la sociedad los percibe. Si esto le resulta abstracto, piense en los fenómenos de segregación y estigmatización en las ciudades chilenas: acá vivimos los decentes, honrados y felices; allá en cambio los ladrones, drogadictos y desgraciados. Si bien no podemos hacernos cargo de todas las situaciones en la vida que producen envidia o resentimiento –quizás no haya razón para hacerlo-, sí debemos generar las condiciones sociales que promuevan menores distancias de estatus entre ciudadanos iguales, y aproximarnos de esta forma al ideal democrático de igual respeto.

Piense, por último, en cómo la libertad resulta también afectada. Es cierto que las libertades de expresión, de desplazamiento o de asociación, por nombrar algunas, están consagradas como derechos fundamentales para todos los ciudadanos independientemente de sus recursos económicos. Ahora piense en el siguiente caso: dos ciudadanos son igualmente libres –tienen el derecho y nadie se los impide- para inscribir una candidatura parlamentaria; pero mientras el primero es multimillonario el segundo sólo tiene para cubrir sus necesidades básicas. En un esquema sin financiamiento público de las campañas, el primero tapizará las calles y comprará todos los espacios de propaganda, dejando al segundo en la virtual inexistencia. ¿Puede este último valorar realmente la libertad política que le garantiza la ley para competir electoralmente? La respuesta parece ser negativa. Entonces, si nos importa la libertad, pareciera que una vez asegurados los derechos formales hay que preocuparse de dotar a todos los ciudadanos de herramientas que posibiliten el despliegue de dichas libertades en el espacio público.

III

Finalmente, un tercer argumento de tipo consecuencialista o utilitarista parece tener cabida. De hecho, es el elemento central del “imperativo de equidad” al que se refiere el ex presidente Lagos en un reciente documento. Consiste básicamente en que los países desarrollados exhiben mejores indicadores sociales cuando sus niveles de desigualdad socioeconómica son reducidos. Al contrario, países acomodados en términos de ingreso per cápita pero con malas distribuciones de riqueza sufren de una serie de trastornos sociales que sería mejor evitar: baja confianza interpersonal, problemas de salud mental y adicciones, obesidad, pobre desempeño educacional de los niños, embarazos adolescentes, mayor tasa de homicidios y encarcelamientos, y en general poca movilidad social. La idea entonces es la siguiente: Si queremos mejorar el bienestar agregado –o como diría Bentham, alcanzar la mayor felicidad del mayor número- entonces la recomendación es inequívocamente acortar la brecha. En la misma línea, si creemos que mil pesos rinden más abajo que arriba –es decir, su utilidad marginal es mayor para aquellos en el fondo- una consideración utilitaria también nos orientaría hacia sociedades con distribuciones más equitativas.

Si bien Lagos no aborda el problema de que la correlación entre la desigualdad de ingresos y los indicadores sociales que mencionamos no implica necesariamente causalidad, el argumento utilitario es digno de atención. Si dicha causalidad llegara a comprobarse, se configura un nuevo motivo para reducir la desigualdad que es filosóficamente independiente de los dos anteriores. Por ello, puede convencer a quienes no se vieron particularmente atraídos por la idea de atenuar el rol de la suerte o por el imperativo de igual estatus democrático. Aunque a nosotros estos dos argumentos nos parecen superiores, pues tienen mayor fundamento normativo y no dependen de relaciones empíricas posiblemente contingentes, el argumento consecuencialista nos aporta una razón complementaria para querer reducir la desigualdad.

Abordemos, a modo de conclusión, una legítima aprensión. En ciertos círculos se abriga el temor de que una mayor redistribución implicaría sacrificar crecimiento económico, golpeando indirectamente a los mismos pobres a los que se pretende beneficiar. Es una aprensión, sin embargo, muy vulnerable por dos razones. La primera es teórica: Si creemos que los valores de justicia, igualdad democrática y bienestar agregado pesan más que los imperativos de eficiencia de la economía, entonces debiéramos estar dispuestos a aceptar el trade-off (partiendo de la base que los mínimos sociales ya han sido asegurados). La segunda es empírica: no parece siquiera necesario hacer ese trade-off. La relación entre crecimiento y redistribución- a diferencia de aquella entre crecimiento y la certidumbre de los derechos de propiedad- está lejos de ser inequívoca. La ecuación completa debe evaluar no sólo los costos sino también los beneficios de cualquier redistribución, como los que obtuvo Chile con la reforma tributaria a principios  de los 90 o el beneficio económico de largo plazo que podría resultar del aumento al subsidio escolar de los niños más pobres del territorio. Desde este punto de vista no nos vemos obligados a optar entre crecimiento y redistribución. Por el contrario, tanto por la fuerza moral de cada uno de los argumentos reseñados como por los intereses de largo plazo, se nos exige como país ser capaces de recorrer ambos senderos al mismo tiempo.

Link: http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/por-que-la-desigualdad-importa-2.html

A OTRA COSA MARIPOSA

abril 8, 2011

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el viernes 8 de abril de 2011)

“No nos engañemos, estamos recién dando los primeros pasos” dijo el primer mandatario respecto de la leve mejoría que exhibieron los últimos resultados de la prueba Simce para cuartos básicos. Lo tuve que leer dos veces. ¿Piñera apelando a la moderación? Increíble pero cierto. Supuse que al menos había dejado claro que el mérito era todito suyo. Pero no. Piñera partió “reconociendo el aporte de los gobiernos anteriores”. Raro en el personaje. Al día siguiente celebró las cifras arrojadas por la encuesta de seguridad ciudadana, pero también añadió que estamos “lejos de conseguir un triunfo definitivo”. ¿Dónde quedó el exitismo desbordante de la chilean way?

Mi impresión es que La Moneda acusó el golpe Van Rysselberghe. La Concertación se anotó su primer gol legítimo –los otros fueron autogoles- al defender el principio de la probidad administrativa, mostrando además la sabiduría política necesaria para saber retirarse antes de exponerse al contragolpe oficialista: la persistencia de la acusación podría haberse leído como una expresión de innecesaria beligerancia y espíritu confrontacional, lo que no suele ser  premiado por la opinión pública. Lo que pudo transformarse en el súper marzo de Piñera apenas alcanzó para empate técnico, según la recién conocida Adimark.  

La lección que saca el Ejecutivo no se limita a recomponer confianzas y aceitar las relaciones con los partidos de la Coalición. Eso es relevante, pero no es lo único. Lo que parece haber entendido el Presidente y sus asesores –crucemos los dedos, no escupamos al cielo, toquemos madera- es que hay que cambiar el tono. La expresión de Piñera al cerrar el capítulo de la ex intendenta (“a otra cosa mariposa”) debería revelar algo similar a un convencimiento de que el diálogo político debe conducirse en términos más cuidadosos. La oposición, lo sabemos, está al aguaite para salir a pegarle con todo al gobierno ante el más mínimo exabrupto. ¿Habrá entendido finalmente La Moneda que no hay que dejar la pelota dando bote?

Es cosa de hacer memoria. “El nuestro será un gobierno de excelencia” quiere decir que los anteriores fueron de regulares a malos. ¿Se acuerda de “en 20 días hemos hecho más que en 20 años”? Difícil condensar en una frase una expresión más rotunda de arrogancia y desprecio por el rival. Incluso cuando había buenas razones para jactarse –tras el rescate de los mineros- el Presidente en menos de un mes llegó a sobregirar una cuenta que parecía tener fondos ilimitados. La publicitada reacción al tsunami japonés y la comparación con la gestión de Bachelet para el 27/F fue la más reciente joyita.

La hora de humildad ha llegado para la centroderecha en el poder. Si no es por sincera convicción, al menos que sea por probar una estrategia diferente, esperando que esta sí dé resultados. No le queda otra; el aire de superioridad se puede oler a kilómetros y despierta en los contrincantes un mar de odiosidades. Subir al columpio al pesado de la clase no sólo se hace fácil, sino que además parece moralmente justificado. Es cierto que Pepe Cortisona no se puede transformar en Don Chuma la noche a la mañana. Pero hay una amplia variedad de grises entre ambas alternativas.

La Concertación, por su parte, también debe hallar su sintonía fina. A falta de un proyecto político consistente y de una generación dispuesta a “matar al padre”, en nuestros días bien basta una calibrada habilidad comunicacional. El episodio “publicidad en textos escolares” debería ponerlos en alerta. La vehemencia de la acusación original se ve desmedida e injusta cuando nos enteramos que se trataba de una medida adoptada varios años atrás. En estos casos, el gobierno debe estar atento a señalar cuando el doble estándar de la oposición se haga evidente, en forma limpia, veraz y poco aparatosa.

Los chilenos tienen olfato para esto. No queremos aduladores ni soberbios ni alharacas ni llorones. Nos merecemos un gobierno y una oposición en serio. Así es que, por favor –o como diría Coloma, “por amor a Chile”-, a otra cosa mariposa.

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/04/08/a-otra-cosa-mariposa/

Concertación y el descuento de 7% en salud a jubilados

abril 4, 2011

Transcribimos primero columna de Eduardo Engel, Dante Contreras, Cristóbal Huneeus y Andrés Velasco, publicada el domingo recién pasado en La Tercera:

“Eliminar la cotización de Salud de 7% para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile viene construyendo. Un sistema moderno de protección social es por esencia contributivo. Los que tienen más, contribuyen más; pero todos los que pueden contribuyen algo. Es lo que hace legítimo y sustentable el sistema.

Los mayores de 65 años son los principales usuarios de la Salud. Porque su gasto es tres veces el promedio de una persona menor de 60, los adultos mayores reciben más del 7% que pagan. Pretender operar un sistema de salud sin que los principales usuarios contribuyan es como hacer un asado de curso y exigirle al que pone la casa que también ponga la carne y el vino. Al tercer año no habrá nadie que se ofrezca y las reuniones de camaradería se habrán terminado.

El cambio propuesto es injusto, engañoso e imprudente. Es injusto, porque discrimina entre chilenos. En Chile todo trabajador, aunque gane sólo el salario mínimo, aporta para su jubilación, salud y seguro de desempleo. Alguien que recibe apenas 172 mil pesos, y que tiene tres o cuatro bocas que alimentar, cotiza 37 mil pesos al mes. ¿Por qué tendría esa familia que pagar por su salud si un adulto mayor que recibe una pensión de similar monto y acaso vive solo no contribuye nada?

De acuerdo con la encuesta Casen 2009, el 8,9% de los mayores de 60 años vive en la pobreza. Esta cifra irá bajando gracias a la reforma de pensiones aplicada por Michelle Bachelet. Por contraste, entre los chilenos menores de 17 años, la incidencia de pobreza supera el 20%.  Si de gastar 200 millones de dólares se trata, ¿por qué no hacerlo en los niños, que son los más necesitados?

El cambio propuesto es engañoso, porque no dice las cosas como son. Eliminar el 7% crea la ficción de que es posible aumentarles los ingresos a los pensionados sin costo alguno. Si el gobierno busca subir las pensiones en 7%, que proponga un reajuste al Congreso. Así podríamos tener un debate nacional sobre el mejor uso de estos recursos. Algunos, muy legítimamente, estarían por aumentar las jubilaciones. Otros preferirían gastar más en educación. Otros le darían prioridad a la vivienda o la pyme. Y la pregunta de cómo se financian estos gastos estaría en el centro de la discusión. Ese debate le haría bien a Chile. 

El cambio propuesto es imprudente, porque no presta atención alguna al financiamiento futuro del sistema de Salud. Los países gastan un porcentaje creciente de sus ingresos en salud por dos razones. Porque la población envejece, requiriendo mayores cuidados, y porque el costo de la salud sube más rápido que el IPC. Chile es un buen ejemplo de ambas tendencias. Naciones con sistemas de salud tan distintos como Estados Unidos, el Reino Unido y Taiwán están hoy enfrascados en debates sobre cómo contener los costos del cuidado médico y allegar nuevos recursos a la salud. Es decir, los países serios discuten cómo financiar sus sistemas de salud. La propuesta del gobierno, por contraste, se empeña en desfinanciar el nuestro.

Suele afirmarse que el 7% incluye un 2% para licencias que los adultos mayores no utilizan. Esa tesis es equivocada en un sentido formal: no hay tal asignación del 2%. Pero también es errónea en un sentido más profundo. En un sistema solidario de seguros, algunos siempre pagan por servicios que no utilizan. Los cotizantes jóvenes financian muchos servicios para los adultos mayores que a ellos -los jóvenes- de poco les sirven. Pero eso no tiene nada de malo. Al revés: es de la esencia de la seguridad social.

Otros argumentan que el cambio propuesto sólo libera de la obligación del 7% a quienes no pueden pagar. Esa afirmación también es discutible. La ley chilena hoy exime de la cotización de Salud a quienes define como carentes de recursos. Esa definición incluye a buena parte de quienes reciben una Pensión Básica Solidaria (PBS). 

No faltará quien diga que se trata de un cambio acotado, que no tendrá mayor impacto en el sistema de Salud contributivo. Lo dudamos. Algunos ya piden eliminar el 7% para la clase media; otros lo exigen para todos, sin importar ingresos. Más de alguien planteará eximir del pago de Salud a los trabajadores activos que ganan menos de un cierto sueldo. O a los que ejecutan labores pesadas. O a las trabajadoras jefas de hogar. En cada uno de estos casos existirán poderosas razones -pobreza, precariedad, discriminación- para conceder el beneficio. Pero sumado, ello implicaría privar al Estado de los recursos que hoy financian la salud de los chilenos.  

Finalmente, alguien podría sostener que así como a los jubilados no se les descuenta para financiar las pensiones, tampoco debería descontárseles para financiar la salud. En la jerga de los economistas, uno podría  tener un sistema de reparto para la salud, así como algunos países tienen un sistema de reparto para las pensiones. El problema es que los sistemas de reparto han entrado en crisis, porque el cambio demográfico (cada día hay más adultos mayores por cada trabajador joven) los vuelve inviables. Y si el problema es grave en la previsión, más grave sería en la salud, porque el alza de los costos de salud no parece revertirse en ningún país del mundo.

Chile necesita un sistema de protección social amplio y sustentable. Eliminar la cotización de Salud del 7% lo debilita. También enciende luces de alarma sobre el futuro de la salud pública. Es una política que le hace mal a nuestro país.

A continuación la respuesta de Alfredo Joignant en La Segunda del lunes:

“Cuatro destacados economistas publicaron, en un semanario del día de ayer, una crítica rotunda a la eliminación del 7% de los jubilados que fue recientemente anunciada por el Gobierno. No pretendo en absoluto hacer la defensa del Gobierno en esta materia, sino más bien criticar la abismante debilidad de la argumentación economicista (disfrazada con retórica de teoría de la justicia) de una crítica por parte de economistas opositores que apunta más bien a desacreditar políticas redistributivas —en este caso, a favor de los más viejos—, que desde un punto de vista socialdemócrata debiesen ser universales (del mismo modo que el posnatal, por ejemplo), lo que supone proporcionar buenas razones para focalizar, universalizar la política pública o repartir las obligaciones contributivas.

En el razonamiento de estos cuatro economistas, se observa la masiva presencia de giros del lenguaje que solicitan la fe (y no la razón, siempre más exigente) del lector para avalar frases tales como los “países serios” hacen tal cosa, los “sistemas modernos” apuntan a tal otra, y así sucesivamente, como si fuesen argumentaciones robustas ante asuntos que configuran preguntas y dilemas acerca de la vida buena. La famosa reforma del 7% de los jubilados debe ser discutida secundariamente (bien digo, secundaria y, agrego, subordinadamente) en función de racionalidades económicas que nunca son realmente concluyentes, ni menos convincentes. Pero, sobre todo, son inútiles para dirimir controversias acerca de preferencias sobre ideales e ideologías que bosquejan lo que se desea acerca de lo que ser viejo y vivir en tercera y cuarta edad quiere decir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que se diga sobre asuntos de redistribución de cargas, deberes y derechos es antes que nada materia de justificación, en donde proporcionar razones económicas no dibuja ni describe sistemáticamente algún tipo de ideal de sociedad, que al final del camino es lo que se juega en la competencia política democrática.

Existen innumerables justificaciones posibles para la eliminación universal del 7% de los jubilados, como también lo existen para la segregación entre “viejos” que contribuirán con este monto y otros que lo harán por menos, dando por sentado que las definiciones de la justicia involucradas son racionalmente aceptables, entendibles y accesibles para todos (y en primer lugar, para los viejos pobres que, según estos cuatro economistas, con “algo” debiesen contribuir dado que reciben más del 7% que pagan: no existe mejor definición del economicismo ingenuo). Independientemente de los costos económicos involucrados, que no pueden pretender transformarse en ultima ratio de la justificación, abogar por políticas universales (es decir, por algo muy distinto a lo propuesto por el Gobierno) equivale a razonar apelando a la justicia de las transferencias de derechos entre generaciones (Rawls), o a la racionalidad del don por parte de los más jóvenes hacia los más viejos (pensando en, y con Mauss), o simplemente a un sentido de humanidad hacia una generación desvalida y cuya contribución fue en vida activa desconocida, y que la sociedad del presente decide reconocerse como deudora hacia ella. Qué duda puede caber: si se quiere pensar con formas verosímiles de la razón, y no sólo con números, son ideales de la buena vida los que se juegan en este tipo de asuntos, los que no pueden quedar en las manos y en las mentes de los economistas, por muy doctos y bien intencionados que éstos puedan ser. Son muchos quienes ya lo han dicho, desde Stiglitz hasta Sen: la economía es demasiado importante para ser dejada en las manos de los economistas, y más aún cuando es el bienestar (y sus significados) el que se encuentra en juego.

Pero, más profundamente, lo que se aprecia en esta aproximación económica al bienestar por parte de cuatro economistas de centroizquierda es la manifestación de un alma liberal, inevitable, siempre necesaria porque inteligente, pero cada vez más dominada en este lado del espectro opositor. Nadie duda acerca de la valía profesional de estos economistas. Pero son demasiadas las dudas en lo que concierne a la profundidad y validez intelectual y política de sus aserciones, precisamente porque descuidan el otro lado del argumento: ese que hace sentido social y políticamente, en tiempos en los que se le pierde el respeto al estatus de los hablantes (economistas), abriendo la vía para la crítica política y social que se toma también en serio lo que los economistas, los buenos economistas, dicen.”

¿POR QUÉ ME MOLESTA QUE ME DIGAN MAPUCHE?

abril 2, 2011

por Cristóbal Bellolio (publicada en El Mostrador el viernes 1 de abril de 2011)

Durante 14 años asistí a un colegio que suele mencionarse entre los semilleros de la elite chilena. Era parte de una minoría morena en un recinto de mayoría blanca. También era, comparativamente hablando, un alumno de baja estatura. No haber sido particularmente dotado para los deportes, haber usado anteojos desde 5° básico en adelante y haber exhibido un tierno “mostacho” antes de haber pasado derechamente a ser el compañero peludo, no fueron exactamente características que beneficiaran mi vida social en ese entonces. Aunque recuerdo algunos ingratos episodios, con el tiempo desarrollé herramientas de sobrevivencia y logré relacionarme de buena forma con mi entorno. Al egresar, ya estaba más que satisfecho con mi nivel de pertenencia al grupo. Pero no he olvidado el epíteto que en ese tiempo bastaba para irritarme: “mapuche”.

Pero ¿por qué me molestaba tanto que me dijeran “mapuche”? Aunque mis compañeros insistían en que lo decían con cariño -y yo les creo-, el contexto humorístico no borraba la carga peyorativa del sobrenombre. De toda la gama de calificativos posibles, nadie quería ser el indio, el negro, el peruano. Caer en una de esas categorías significaba cargar con el estigma que todos esos grupos comparten: la “inferioridad” respecto del resto. No era una cuestión de reírse de la diferencia en sí misma (decirle “rucio” al compañero sueco de dos metros no parecía especialmente ofensivo), sino de establecer una sutil estratificación racial.

¿Adónde voy con este testimonio? Al discurso que el Presidente Piñera pronunció frente Barack Obama durante la visita de este último a nuestro país. Una frase en particular se llevó mi atención: “en nuestro continente no existen divisiones raciales”. Así, como si nada, Piñera negó una de las características más persistentes de la identidad latinoamericana. Como no me cabe en la cabeza que un tipo cultivado como él haya querido sostener seriamente semejante barbaridad, no puedo sino preguntarme ¿Qué habrá querido decir Piñera?

La primera alternativa es que para el Presidente un conflicto social sólo adquiera ribetes racistas en casos extremos como los del apartheid sudafricano. Pero esta es una interpretación demasiado estrecha. Los negros, mulatos, zambos y mestizos que habitan nuestro continente siguen siendo segregados territorialmente en las ciudades, marginados a la pobreza en la mayoría de los casos, socialmente aislados por las elites, y sin posibilidades reales de influir en la toma de decisiones públicas donde siguen prevaleciendo los descendientes de europeos. La situación de los pueblos originarios no es mejor. Con un agravante: las veces que logran integrarse a la cultura hegemónica deben hacerlo a costa de sus propias identidades. ¿Cree sinceramente el Presidente que los indígenas que habitan Chile no sufren de discriminación por causa de su proveniencia ética? Sería bueno que le preguntara a los cientos de ciudadanos que en los últimos años se han cambiado sus apellidos mapuches para evitar la burla y el rechazo.

La segunda alternativa es que Piñera haya jugado la estrategia de deslumbrar al invitado. Mostrar la cara más amable de la región para transmitir una imagen de armonía social que tiente a nuevos inversionistas norteamericanos. Razonable. A fin de cuentas no nos estamos matando con machetes como los Hutus y los Tutsis lo hicieron en Ruanda. Pero creo que equivoca el rol. El liderazgo no se ejerce evadiendo los problemas. Aceptarlos es el primer paso para solucionarlos. La obsesión piñerística con la chilean way puede terminar en la ilusión de creernos mucho mejor de lo que somos, evitando de esa manera el verdadero progreso.

Chile, estimado Presidente, es un país racista. Es cierto que nuestra relativa homogeneidad racial tiende a esconderlo. Nos sale más fácil decir que somos un país clasista. Pero el hecho que los grupos racialmente discriminados se ubiquen además en los estratos sociales más bajos, no borra necesariamente la distinción. Habría que ver qué ocurre con nuestros prejuicios si en el futuro se hace realidad la mítica parodia de Plan Z y nos encontremos repletos de “Mapuches Millonarios”.

Pero ese futuro no se ve ni de lejos. La misma elite que cayó rendida ante los pies del meritocrático mulato Obama y su esposa descendiente de esclavos, contribuye a perpetuar las dinámicas de exclusión en base a la raza y la clase social. Antes de atacar ese problema, sin embargo, deberíamos partir por hacer retroceder la hipocresía. Partamos por decir, fuerte y claro, que Latinoamérica tiene una enorme cicatriz que llega hasta suelo chileno y que no admite eufemismos. ¿O no le habría molestado al Presidente –que asistió al mismo colegio que yo- que en sus años escolares le dijeran “mapuche”? 

Link: http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/04/01/%c2%bfpor-que-me-molesta-que-me-digan-%e2%80%9cmapuche%e2%80%9d/