LA REFORMA EDUCACIONAL Y LA IGLESIA

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 17 de octubre de 2014)

La reforma educacional que pretende el gobierno no sólo se ha encontrado con la obvia resistencia de la oposición. Varias organizaciones de apoderados de colegios particular subvencionados se han manifestado escépticas y preocupadas por los efectos del plan en la educación de sus pupilos. Sumemos a los jóvenes de liceos emblemáticos, que han puesto el grito en el cielo al enterarse de cambio en las reglas del juego. Y está finalmente la siempre influyente Iglesia Católica, de larga tradición educando generaciones de chilenos y con lazos políticos imposibles de soslayar. De todos los actores mencionados, es probable que sea la institución del cardenal Ezzati la pieza más delicada del puzzle. ¿Qué es lo que está en juego en este debate y cuáles son las posibles vías de solución?

Los colegios religiosos han usado históricamente el mecanismo de selección para filtrar a sus miembros de acuerdo a los lineamientos de su proyecto educativo. Esa es la razón por la cual suelen investigar el estatus conyugal de los padres antes de aceptar un nuevo alumno, por ejemplo. Les interesa saber si la niña o el niño es material adecuado para un establecimiento que defiende una particular visión del mundo. En cierto sentido, es lo que permite que las sociedades expresen su pluralidad de concepciones del bien, combinando libertad de enseñanza con libertad religiosa o de conciencia.

Hasta aquí todo bien. El asunto se complejiza cuando el estado asume un rol garante de la educación a través del financiamiento íntegro del sistema particular-subvencionado además del estrictamente público. La pregunta relevante es si acaso los establecimientos educacionales religiosos pueden conservar el derecho a seleccionar cuando la educación es proveída con recursos públicos.

El problema, en principio, es todavía más grave: no correspondería que las platas públicas vayan destinadas a promover ciertos proyectos ideológicos particulares, ya sean religiosos o de otra índole. Si el estado es laico, sus instituciones educativas también debiesen serlo. Por ende, donde hay recursos públicos involucrados, toda la educación debiera ser laica y “metafísicamente” neutral (es decir, no promover la religiosidad ni la anti religiosidad sino mantener prudente distancia de ambas). Aquellos padres que quieren inculcar a sus hijos una determinada creencia religiosa conservan el derecho de hacerlo a través de la educación privada o bien de actividades extra-escolares. Nada obliga al estado a subsidiar la continuidad de doctrinas religiosas y en estricto rigor no se estaría violando ningún derecho de los padres si el estado optara por bajarle la cortina a la educación religiosa con fondos públicos.

Sin embargo, llevar este principio a la práctica podría tener consecuencias desastrosas. Y en este caso todo indica que el ministro Eyzaguirre también tomará la ruta del pragmatismo. No es necesario atribuirle a la Iglesia una “autoridad moral” especial, como equivocadamente lo hizo para tratarse de granjearse una simpatía de última hora. Basta con constatar que terminar con la educación religiosa para satisfacer el ideal laicista afectaría directamente la enseñanza que reciben miles de niñas y niños. Sólo las familias ricas podrían llevar a sus hijos a colegios (privados) de Iglesia. Sin mencionar que la estatización total de la educación socava el sano pluralismo que mencionamos anteriormente. Es bueno que diversos proyectos educativos florezcan en una sociedad libre.

Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertos mínimos republicanos que los colegios parroquiales y congregacionales deberían cumplir. Como en todas las soluciones pragmáticas, ambas partes deben ceder. El estado accede a subsidiar proyectos educativos ideológicos particulares si éstos se comprometan con ciertas exigencias básicas. ¿Cuáles podrían ser?

En primer lugar, erradicar la discriminación en el acceso por vía de selección por motivos religiosos. Donde hay platas públicas por igual, todos tienen derecho a estudiar por igual. En eso Eyzaguirre tiene razón: es un objetivo intransable de la reforma. En segundo lugar, limitar el adoctrinamiento religioso. Es decir, que el objetivo de los establecimientos sea principalmente educar y no evangelizar. Esto no quiere decir que no puedan llevar adelante cursos de religión, ceremonias litúrgicas y ritos sacramentales. Todo eso debe estar permitido. Pero al mismo tiempo debe estar garantizado el derecho de los estudiantes a eximirse de dichas actividades sin padecer represalias ni hostigamientos. Finalmente, los colegios religiosos deben ajustarse a un tipo de currículum mínimo donde la educación cívica, humanista y científica tenga la relevancia adecuada. Ninguno de ellos puede excusarse, por ejemplo, de evadir la educación sexual y reproductiva por motivos religiosos. En paralelo a lo anterior, los padres deben tener la opción de matricular a sus hijos en colegios netamente laicos, para lo cual el ministerio de educación debe instruir a las escuelas y liceos públicos para que adopten este principio secular no sólo en teoría sino también en la práctica.

Link: http://www.capital.cl/opinion/2014/10/17/081042-la-reforma-educacional-y-la-iglesia

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Una respuesta to “LA REFORMA EDUCACIONAL Y LA IGLESIA”

  1. Andrés Says:

    “no correspondería que las platas públicas vayan destinadas a promover ciertos proyectos ideológicos particulares, ya sean religiosos o de otra índole.”

    Me imagino que esto incluye que el Estado no puede pasar plata para teatro, películas, fondos artísticos y culturales de cualquier tipo, ya que todo obra de arte tiene un proyecto ideológico particular.
    ¿O tú consideras que el arte es neutral? ¿o sea el artista no tiene una concepción de mundo particular?

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