¡QUEREMOS VER, SANGRE CORRER!

por Cristóbal Bellolio (publicada en Las Últimas Noticias del 30 de noviembre de 2014)

El primero fue en Agustinas con Bandera. El segundo en Lyon con Providencia. En menos de una semana, dos auténticos ajusticiamientos públicos se han producido en la capital. Gente de a pié que se encabrona al ser testigo de robos flagrantes y espontáneamente se moviliza para linchar al delincuente. ¿Es ésta una actitud moralmente justificable?

Los defensores de esta forma ancestral de autotutela popular sostienen que la justicia formal no hace la pega. Que los patos malos entran y salen por la puerta giratoria. Que la norma suele ser la impunidad y las personas honestas se llevan la peor parte viviendo en un clima de inseguridad. Y que por lo tanto es natural y comprensible que las víctimas quieran propinarle su merecido a los victimarios cuando tienen la ocasión. En efecto, no es difícil empatizar con la rabia de los transeúntes que vieron con sus propios ojos a un anciano con un cuchillo al cuello en pleno centro de Santiago. Hasta dan ganas de pegarle un par de palmazos al mocoso.

Pero comprender la rabia no es igual a justificar. Lo que hicieron estas turbas aparentemente justicieras es éticamente incorrecto y debiera ser objeto de una contundente condena social en todas las tribunas de opinión. Hablaría muy mal de nosotros si no fuese así. No hay problema con la detención ciudadana. De hecho es perfectamente legal. Es también valiente cuando los ciudadanos se involucran en la presencia de un abuso o fechoría. Otra cosa radicalmente distinta es proceder a humillar y vejar a un ser humano ante la mirada complaciente de la audiencia de turno, que incluso se manifestó con aplausos después que el aturdido sentenciado quedara finalmente desnudo y atado a un poste, como si se tratase de una macabra acción de arte. Esa es una perversión que supera con largueza el delito original.

Se ha dicho que la pertenencia social del delincuente habría explicado el incontenible deseo castigador. No es novedad que en sociedades histórica y estructuralmente desiguales como la nuestra los más pobres sufren el rigor penal con mayor intensidad. Pero es incorrecto sostener que el celo castigador se focalice sólo en la marginalidad. No me cuesta mucho imaginar a un lote de estafados dándole una camotera épica al pillo que los timó, aunque vaya de cuello y corbata. Hoy en día cualquiera es potencial objeto de un linchamiento público. No todos se producen en la calle y de la forma grotesca que vimos en fotos y videos. Otros tantos ocurren en las redes sociales, una nueva plaza abierta al azote colectivo y con el gatillo siempre listo. Ahí también brota el ánimo castigador (muchos se indignaron porque el Congreso consideró innecesario sancionar con cárcel a los sostenedores de colegios que fueran sorprendidos lucrando). Como dicen los niños azuzando una pelea, “¡queremos ver sangre correr!”. Por algo la retórica de la exasperación de las penas siempre ha sido políticamente rentable. Usufructúa de la legítima rabia de la gente y sin distinción social. Porque los verdugos del Alusa Plast tampoco son miembros de una elite social, económica o cultural chilena que quiera imponer dominación a través de la tortura. En teoría son personas comunes y corrientes. Ese es principal signo de alarma: la desesperanza de constatar que ninguno de los mirones prefiriera dejar de grabar con su celular y dijera “ya es suficiente, basta de barbaridad”.

Link: http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-11-30&NewsID=295033&BodyID=0&PaginaId=26

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