¿UN GRAN ACUERDO PARA SALIR DEL POZO?

por Cristóbal Bellolio (publicada en Las Últimas Noticias del 1° de marzo de 2015)

La Presidenta Bachelet se ha comprometido a reformar el estatuto que regula la relación entre dinero y política, tanto para las campañas electorales como para resguardar la probidad de los funcionarios públicos. No era un tema prioritario en su agenda, pero los sucesos de los últimos meses han cambiado el escenario. Originalmente, la UDI era la única tienda seriamente complicada. Por eso en calle Suecia estaban tan interesados en reeditar un gran acuerdo como el que patrocinaron junto al gobierno de Ricardo Lagos para salir del pozo del MOP-Gate. El oficialismo no les dio mucha bola, pues disfrutaban ver desangrarse al gremialismo. Pero después de Penta vino Caval y luego SQM. Las sospechas se ramificaron y ahora es toda la clase política la que está contra las cuerdas; la tesis del gran acuerdo entre todos los sectores toma fuerza.

Hay dos extremos riesgosos, sin embargo. El primero es que la ciudadanía perciba en esta estrategia un contubernio más entre la clase dirigente para salvar el pellejo y dejar las cosas como están. Es decir, un proyecto de ley hecho a la medida para regularizar lo irregular y hacer como que aquí no ha pasado nada. El gobierno tiene que alejar el fantasma de estar fraguando un perdonazo retroactivo, que sólo contribuiría a calentar más los ánimos de la opinión pública. Una propuesta interesante es que los encargados de desarrollar la nueva normativa provengan de fuera de la política partidista profesional. De lo contrario, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pueden aparecer como juez y parte en la disputa.

El otro extremo es insistir en una reforma excesivamente restrictiva o beata cuando se trata de canalizar las platas públicas y privadas hacia las candidatas y candidatos que buscan un cargo de representación. No es necesaria una nueva ley para sancionar el uso de boletas falsas para financiar campañas, por ejemplo: eso ya es una violación de la ley vigente. El modelo de donaciones reservadas, por otra parte, tiene su racionalidad. Algunas de las medidas anunciadas ya están incorporadas en un proyecto ingresado en diciembre, como prohibir los aportes de empresas. Finalmente, asfixiar las posibilidades de financiamiento privado puede poner cuesta arriba la carrera de los desafiantes frente a autoridades incumbentes que en la práctica hacen campaña durante todo su período con dinero público (es cosa de verificar quién paga los pasajes del diputado Hasbún a la Araucanía para preparar su plataforma senatorial: usted y yo).

En síntesis, la gran reforma al sistema de financiamiento de la política debe navegar entre dos aguas. Por un lado, transmitir una voluntad real de cambio en ciertas prácticas ampliamente rechazadas por la ciudadanía y discurrir en paralelo –jamás sustituir- al camino judicial que algunos de estos casos han tomado. Por el otro, cuidarse del maximalismo santurrón que por exceso de entusiasmo termine siendo un remedio peor que la enfermedad para nuestro sistema político.

Link: http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-03-01&NewsID=302945&BodyID=0&PaginaId=12

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