Archive for 28 octubre 2019

¿CUÁNTO AGUANTA UNA DEMOCRACIA?

octubre 28, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada el viernes 25 de octubre en revista Capital)

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¿Cuánto aguanta una democracia? ¿Qué tan fea tiene ponerse la cosa para que sea claro que el orden vigente no da abasto? ¿Qué tan asediado por la realidad tiene que verse un jefe de estado para evaluar su continuidad en el cargo? ¿Cuánta excepcionalidad es admisible para volver a la normalidad? ¿Dónde está la línea que distingue a un dirigente que exige responsabilidades políticas de un golpista? ¿Cuánto vale el mandato popular obtenido en elecciones limpias frente a una movilización social posterior que pareciera, informalmente, revertirlo?

Al momento de hacer estas preguntas (N. de la R.: lunes 21 de octubre), ninguna suena evidentemente descabellada. Ojalá que al momento de su publicación, esta columna esté desactualizada, el caos haya sido superado, la violencia haya cesado, y los chilenos hayan vuelto a lo suyo. Ahora bien, ni en el escenario de más rápida estabilización será posible hacer como que nada pasó. El orden de las prioridades cambió y ningún actor político relevante puede ignorarlo. Si las propias instituciones democráticas son capaces de procesar los dolores más sentidos de la calle, estaremos bien. Esta columna está pensada para un escenario más sombrío: el escenario en que la dirigencia es incapaz de conducir esta crisis a buen término, las posiciones no se acercan, y se hace imposible saber si la conflictividad va in crescendo o lo peor ya pasó. El tipo de escenario donde se producen manifestaciones que piden explícitamente el término del gobierno en funciones.

A primera vista, pedir la renuncia de Piñera es absurdo. Que un gobierno no esté cumpliendo sus promesas de campaña a medio camino de su gestión no es causal para interrumpir el ciclo democrático constitucional, eso es evidente. Hasta los malos gobiernos tienen derecho a terminar, diría un auténtico demócrata. Cuenta la leyenda que, en 1973, al enterarse que un golpe militar estaba en marcha, el dirigente democratacristiano Bernardo Leighton quiso abandonar la seguridad de su casa para concurrir a La Moneda a defender al gobierno en funciones. No era mucho lo que podía hacer, pero para Leighton se trataba de una cuestión de principios. Leighton era opositor a Salvador Allende. Pero lo que estaba en juego no era una cuestión de alianzas partidistas. Lo que estaba en juego era la continuidad del sistema democrático. La familia y sus amigos, según esta historia, tuvieron que extremar recursos para abortar su arrebato. Si aplicamos el estándar Leighton, todos deberíamos defender la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, aunque no nos guste su ideología, su programa o su estilo de conducción.

Concebida de esta forma, la democracia puede ser exasperante. Mucho énfasis en los procedimientos y poco en los resultados. Pero son justamente esos procedimientos los que garantizan que nadie se lleve la pelota para la casa. La democracia es lenta y burocrática, inhabilitada para operar transformaciones sustantivas en corto plazo. Los únicos regímenes que aprueban reformas estructurales de la noche a la mañana son las dictaduras. La democracia tampoco asegura un derrotero recto hacia un mundo mejor, precisamente porque reconoce la existencia de distintas ideas respecto de lo que constituye un mundo mejor. La democracia es un camino zigzagueante, lleno de baches, retrocesos y saltos discretos. Probablemente ni siquiera sea digna de un poema o de una exhortación dramática. Pero suele resolver una cuestión central para la vida social: el traspaso no violento del poder. Nadie muere en la cámara secreta como se muere en las guerras. Simple y radical a la vez. Cualquier alternativa es peor.

¿Qué argumento podría elaborarse entonces para pedir la renuncia de Piñera sin abandonar el compromiso democrático? Que dirigentes comunistas y tuiteros afiebrados declaren unilateralmente su incompetencia no parece suficiente. Podemos enumerar todo lo que el gobierno ha hecho mal en esta crisis, pero -hasta el momento- nada sugiere que esa negligencia política se pague con la rescisión del mandato popular otorgado en diciembre de 2017. Lo único que podría echar todo abajo es el abuso de la fuerza contra la propia población. La decisión de mandar a los militares a la calle es riesgosa. Se multiplicarán las situaciones confusas donde más de algún testimonio delatará la brutalidad de los fusiles. En principio, y esto es importante decirlo, no hay contradicción entre un régimen democrático y la presencia de las Fuerzas Armadas controlando el orden público que las fuerzas originalmente destinadas a ello no pudieron controlar. No es una medida necesariamente arbitraria o injusta, en la medida que las atribuciones del estado de excepción respectivo están expresamente detallas en la constitución. Una cosa es lamentarse -y con razón- de una imagen que la inmensa mayoría de los chilenos no quería volver a ver, y otra es inventar un principio según el cual eso no puede nunca ocurrir. Si las FFAA son efectivas y discretas en su rol de asegurar condiciones básicas de orden público, Piñera habrá cumplido su rol más esencial. Es su deber escuchar las demandas de la ciudadanía movilizada y procesar políticamente la nueva agenda. No obstante, como enseña Hobbes, no hay nada más importante que la seguridad, pues nadie quiere vivir una vida breve. El desafío es que el Leviatán no amenace la seguridad de aquellos que debe defender. Al delegar en ellos, la suerte de Piñera depende del criterio de los militares. Si fallan, no habrá formalidad democrática que valga.

Link: https://www.capital.cl/cuanto-aguanta-una-democracia/

UN ICEBERG EN EL OASIS

octubre 23, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en Diario Financiero del 21 de octubre de 2019)

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“En medio de esta América Latina convulsionada”, dijo hace unos días el Presidente Sebastián Piñera, “Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”. Es cierto: no vivimos la crisis económica de Argentina, la lucha de las FARC en Colombia, el estallido social de Ecuador, la fragilidad de las instituciones en Perú o el descaro generalizado de la clase política en Brasil. Nuestros indicadores objetivos en materia de la calidad de vida y desarrollo humano están entre los mejores del continente. Lo que hemos logrado, especialmente en materia de reducción de la pobreza dura, es meritorio bajo cualquier parámetro. Pero la prosperidad que revelan los números nunca ha sido garantía de paz social. Malestares originalmente localizados son capaces de expandirse en la medida que la población conecta y empatiza con la demanda. Nuevas demandas, en tanto pueden relacionarse con la original en su estructura normativa, se suman al reclamo. Lo que parte como un hecho aislado se transforma en un proceso de descontento ciudadano generalizado. Así ha ocurrido siempre. El movimiento estudiantil de 2011 partió con un tímido rechazo a las condiciones del pase escolar. Terminó poniendo en jaque la legitimidad del lucro. En 2018, la ola feminista partió con casos puntuales de abuso mal procesados por las universidades. Terminó generando una reflexión nacional sobre la igualdad de género.

Por alguna incomprensible razón, Piñera no entendió que esta vez se estaba germinando un cuadro similar. Es fácil ser general después de la batalla, pero la verdad es la mayoría de los analistas coincidía ya el viernes en la mañana en que lo que vivía Santiago no podía ser tratado como un problema de estricto orden público, sino como un fenómeno que requería un tratamiento político. De la evasión como respuesta al alza en el pasaje del metro, habíamos pasado a un discurso que conectaba distintas alzas en el costo de la vida de los chilenos, situación que contrastaba con la percepción de privilegios de la elite económica, y se agudizaba ante la torpe insensibilidad de las intervenciones ministeriales. La teoría del Iceberg, dijeron algunos: lo del metro es la punta que se ve, pero abajo hay una plétora de situaciones que se combustionaron en un encabronamiento colectivo. Cuando el gobierno sacó la voz, el viernes por la tarde, no se dio por enterado. Sólo ofreció aplicar la ley de seguridad interior del estado contra los violentistas. En ese momento quedó sellada su suerte. El sábado en la tarde, cuando habló el propio Piñera, congelando incluso el alza en el pasaje del metro, ya era demasiado tarde. Todo Chile -y no solo los delincuentes- se plegaba a una manifestación espontánea, inorgánica, confusa pero genuina, de malestar. Todos los déficit políticos de la derecha en el poder se hicieron patentes. Haberle entregado el control de la ciudad a los militares -una decisión que pudo ser justificada en su propio mérito- revela que la política sencillamente no tuvo los medios para hacer su tarea, es decir, canalizar el conflicto. Es posible que este no sea el momento de pedir cabezas -la situación sigue delicada y hay una logística que sostener- pero es manifiesto que este gabinete político está inhabilitado para conducir el proceso de recomposición de las confianzas que urge comenzar. Si el caso Catrillanca sólo fue capaz de abollar al acorazado Chadwick, el fin de semana en que Santiago se convirtió en Ciudad Gótica lo hundió en las profundidades.

Sobre el rol de la oposición se abren muchas interrogantes. Desde el comienzo resultó algo disonante que partidos o movimientos que juegan dentro de la institucionalidad avivaran la cueca de la evasión. Visto en perspectiva, eran performances inofensivas. Pero contribuyeron a articular un relato que condicionaba el acatamiento de las normas a la percepción subjetiva de injusticia. Desde la izquierda, muchos ironizaron con la obsesión liberal por las “formas” de la protesta, como si las grandes transformaciones se hubieran conseguido siguiendo las reglas y sin costos asociados. Alguna violencia ocurriría, algo de destrucción material habría. Pero estaba bien, parecían sugerir, en la medida que despertara al gobierno de su letargo. Narrativa peligrosa, porque la decisión sobre la legitimidad de los medios utilizados queda a discreción. La democracia es justamente un acuerdo sobre el rango de formas permisibles. Si alguien piensa que todo vale para conseguir un fin, por noble que sea, bien puede ser un justiciero social pero no es demócrata. Es evidente que el gobierno inflamó el conflicto y fue su torpeza la que agudizó las contradicciones. Pero la irresponsabilidad que manifestaron dirigentes del Frente Amplio y el Partido Comunista no pasó desapercibida para los muchos que vemos con interés la emergencia generacional de un nuevo actor en la izquierda chilena que sea capaz de gobernar. Es cierto que el movimiento espontáneo que protagonizó este episodio no se dejaría cooptar por sector político alguno, pero la izquierda que ayudó a darle forma discursiva también podría haber ofrecido sus buenos oficios para destrabar el conflicto. La postal apocalíptica del domingo en la mañana es testimonio de ese (otro) fracaso.

Ahí se acabó la política y comenzó una catarsis que osciló entre el frenesí festivo de la transgresión colectiva y el nihilismo anómico al cual le importa un carajo dañar al propio pueblo. La pregunta es si acaso los demonios que se desataron sobre varias ciudades del país son la externalidad indeseable pero inevitable de un llamado a la protesta social pacífica, y si acaso estamos a tiempo de rescatar la causa profunda de esa protesta para su tratamiento político, sin la amenaza de los fusiles.

Link: https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/un-iceberg-en-un-oasis/2019-10-20/183738.html

EL DERECHO A GOBERNAR

octubre 16, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 11 de octubre de 2019)

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Se salvó la ministra de educación Marcela Cubillos. En el fragor de la celebración, describió el rechazo de la acusación constitucional en su contra como “el reconocimiento al derecho de gobernar”. Es el argumento más inteligente que desplegó el gobierno. La cuestión tenía poco que ver con la “valentía” de la ministra (como majaderamente trató de instalar el oficialismo a través de un hashtag absurdo), sino con una pregunta más fundamental: ¿puede un gobierno promover su propia agenda cuando ésta colisiona con las reformas aprobadas por la administración anterior? Fue el enfoque de la defensa del abogado Francisco Cox, quien si bien se definió como opositor ideológico al gobierno de Sebastián Piñera, insistió en que las acusaciones constitucionales no se pueden usar para castigar la discrepancia política. Es el mismo argumento que terminó por convencer a los diputados Pepe Auth y Matías Walker: ambos dejaron claro que les desagrada el estilo agresivo y confrontacional de la ministra Cubillos, y que no comulgan con las políticas de educación del actual gobierno, pero recalcaron que aquello no configura ninguna de las causales de cesación del cargo que establece la constitución.

Es decir, la tesis que se impuso no constituye un espaldarazo político a la gestión de Marcela Cubillos ni necesariamente sugiere que el gobierno va por buen camino en materia educacional. La tesis que se impuso es mucho más gruesa: los gobiernos tienen derecho a llevar adelante el programa con el cual fueron elegidos, aunque eso signifique desalentar las normas y políticas públicas del antecesor. Desde el oficialismo señalan que a Cubillos no se le puede exigir entusiasmo en la promoción de reformas que no sólo no comparte, sino que considera injustas y perjudiciales para los niños de Chile. Es obvio y natural que haya insistido en las falencias de la ley de inclusión de Michelle Bachelet. Si bien es cierto que se trata de una cuestión emblemática para el mundo de la ex Nueva Mayoría, e incluso para el Frente Amplio (pues fueron sus dirigentes los que comenzaron a empujar sus ideas matrices en las movilizaciones de 2011), el principio de evaluación es el mismo: al votar nuevamente por Piñera, la gente votó por rechazar las reformas del segundo mandato de Bachelet. De eso se trata, precisamente, el derecho a gobernar: es un derecho a desandar lo andado, que emana del mandato popular.

Pero la línea es delgada. ¿Es qué momento la crítica pública de las normas vigentes se confunde con la displicencia dolosa de su aplicación? ¿En qué momento la falta de entusiasmo de la ministra Cubillos para comunicar el nuevo sistema se confunde con sus ganas de sabotearlo? ¿En qué momento la selección de evidencia a favor de la tesis propia se confunde con la omisión o tergiversación de la evidencia a favor de la tesis contraria? Estas son preguntas válidas. No es necesario pertenecer a una “izquierda totalitaria”, como señaló un diputado UDI, para atender a estas preguntas. Aunque, personalmente, no creo que los casos citados por el libelo acusatorio hayan sido lo suficientemente contundentes como para demostrar notable abandono de deberes por parte de la ministra, tampoco creo que este episodio haya demostrado necesariamente la mala utilización de la herramienta. En jerga futbolística, la ministra venía pegando patadas y al menos se merecía una amarilla. Por eso me hace ruido ese lugar común que declara que la ministra salió “fortalecida”. Por jugar al filo del reglamento, estuvo a punto de ver la tarjeta roja. Conservar la pega no equivale, al menos no directamente, a salir fortalecido de una situación.

El gobierno de Piñera, entonces, impuso su tesis: en democracia, los gobiernos entrantes tienen derecho a un sutil torpedeo de las reformas del gobierno anterior. Sutil, porque no puede consistir en incumplimiento flagrante de la ley. Pero torpedeo a fin de cuentas, porque es evidente que no le interesa en lo más mínimo que a esas reformas les vaya bien, o que tengan buena acogida en la ciudadanía. Por el contrario, piensa Cubillos, ojalá que no la tengan. Con ese propósito explícito recorrió Chile. Por supuesto, nadie en el gobierno actual fue tan bruto como para hablar de una retroexcavadora. Pero la diferencia es de grado, no de esencia. En el fondo, la tesis que salvó a Cubillos es incompatible con nuestra tradición -que tanto nos enorgullecía en tiempos de la Concertación- de continuidad de las políticas públicas. No puede haber continuidad en las políticas públicas si cada nuevo gobierno reclama su derecho a desandar el camino andado por el gobierno anterior, especialmente si se trata de sus reformas más emblemáticas. Esto no quiere decir que no tenga ese derecho. Sólo quiere decir que afirmar ese derecho colisiona con la vieja narrativa de la continuidad de las políticas públicas. La derecha, al menos, queda impedida de usarla honestamente.

De aquí en adelante, los grupos políticos que accedan al poder tienen un precedente: si no les gustan las políticas de sus antecesores, tienen derecho a torpedearlas sutilmente. Nada muy vistoso: una exageración por aquí, una caída de sistema por allá. Las leyes hay que cumplirlas, pero no es exigible la buena fe. Tampoco comprometerse con su implementación exitosa. A fin de cuentas, diría un tomista, es inmoral perseguir con ahínco el cumplimiento de leyes que se estiman injustas.

Link: https://www.capital.cl/el-derecho-a-gobernar/

MORIR CON LAS BOTAS PUESTAS

octubre 3, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 27 de septiembre de 2019)

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En el último tiempo, principalmente gracias al trabajo de Daniel Kahneman y Amos Tversky, se ha popularizado la idea de que los seres humanos pensamos con dos sistemas alternativos: por un lado, uno rápido, que apela fundamentalmente a emociones e intuiciones; por el otro, uno lento, que involucra lógica y deliberación. Entre otras cosas, esta teoría explicaría por qué los ciudadanos ordinarios y los expertos discrepan en tantos debates públicos: mientras los primeros piensan (más seguido) con el sistema 1, los segundos aplican (más seguido) el sistema 2. Los expertos serían capaces, dándole en el gusto a Kant, de elevarse por sobre sus deseos de guata para analizar los escenarios de manera fría y racional. Esta teoría también echaría por tierra una vieja premisa de la llamada “epistemología naturalizada”: que las personas comunes y los científicos profesionales activan el mismo sistema cognitivo, con la única diferencia de que los segundos corrigen sus sesgos de confirmación a través de una serie de procesos de control. En lo central, pensaban autores como W. V. O. Quine, John Dewey e incluso Karl Popper, el razonamiento científico es apenas una extensión del sentido común. Según la teoría del sistema dual, se ha dicho, se trata de dos formas de razonamiento distintas.

Sin embargo, la teoría del sistema dual de pensamiento ha sido recientemente amenazada por una nueva teoría, que sus promotores denominan “interaccionista”. La teoría interaccionista, articulada en detalle en el libro The Enigma of Reason (Penguin: 2017) de Hugo Mercier y Dan Sperber, sostiene que no es posible establecer dicha separación. La razón humana, señalan los autores, evolucionó para adaptarse a un nicho ecológico altamente social. Eso significa que su función no es precisamente identificar la verdad de las cosas, sino para navegar la realidad de su entorno. En otras palabras, para interactuar exitosamente. Mercier y Sperber no descartan la existencia de distintos módulos inferenciales, pero que no son independientes. La relación entre intuición y razón sería más estrecha de lo que pensamos: las personas se mueven básicamente por intuición, y la razón cumple la función de justificar ex post dichas intuiciones. Esta no es una función menor, pues el éxito de nuestras interacciones sociales depende de la capacidad de ofrecer razones persuasivas al resto. Eso es lo que llamamos capacidad argumentativa. Contra Kant, la idea básica de esta teoría ya está presente en Hume: la razón es la sierva de las pasiones, y su función es proveer de los medios más eficientes para alcanzar los fines que las intuiciones morales ya decidieron. Lo que esta teoría añade es que no da lo mismo la calidad de las razones que ponemos sobre la mesa, pues de ellas depende nuestra vida social.

En resumen, lo que Mercier y Sperber proponen es olvidarse del paradigma del genio solitario, que aplicando procesos mentales complejos, llega a las mejores conclusiones o realiza los más grandes descubrimientos. Lo cierto es que pensamos mejor en colectivo, justamente por la razón humana evolucionó en ese contexto. Por lo mismo, somos flojos para evaluar nuestras propias razones y estrictos cuando se trata de evaluar las razones ajenas. Esto explica por qué nos enamoramos de nuestras tesis y nos cuesta tanto reconocer que estamos equivocados. No queremos aparecer ante el mundo como personas equivocadas y por tanto hacemos lo posible por presentar nuestras opiniones de la manera más convincente posible, incluso cuando sospechamos que algo huele mal. Seleccionamos la evidencia que refuerza nuestro punto y descartamos la que infringe daño. Siempre ha sido mejor, desde una perspectiva evolucionaria, morir con las botas puestas. Esto resume, en buena parte, nuestra vida social y política.

Pero también explica la importancia de contar con procedimientos e instituciones capaces de canalizar nuestra tendencia a los sesgos de confirmación. Una de esas instituciones son los jurados. Varias cabezas piensan mejor que una, en la medida que se aplican, en forma cruzada, estándares más exigentes para las opiniones del resto. Lo mismo respecto de la ciencia. Mercier y Sperber no creen que los científicos razonen distinto a los ciudadanos comunes y corrientes. Ellos también quieren tener (siempre) la razón. No son modelos de virtud epistémica. Por el contrario, la virtud epistémica de la ciencia radica en el método, capaz de mitigar la influencia de los distintos sesgos de confirmación en acción. Justamente porque conocemos nuestra necesidad ancestral de ganar las discusiones, y en la ciencia no debiera ganar la retórica más hábil sino la teoría que mejor describa la realidad fáctica, es que sometemos las hipótesis científicas a exhaustivos controles de pares. Esto, de paso, rehabilita a Quine: el razonamiento científico no es, en esencia, distinto al razonamiento de la persona común. La diferencia es que el razonamiento científico se produce en un contexto social que nos permite apreciar sistemáticamente los errores en los que habitualmente incurre la razón.

Todo esto tiene aplicaciones prácticas que superan la mera reflexión filosófica. Permite entender mejor la naturalidad de nuestros desacuerdos políticos y morales, así como nos ayuda a comprender fenómenos como el negacionismo científico contemporáneo. Las personas se aferran a sus creencias y elaboran argumentos más o menos complejos para defenderlas en la vida social. Por eso escuchamos tan pocas veces la frase: tienes razón, estoy equivocado. Nuestros sistemas cognitivos evolucionaron para -si se perdona la teleología- morir con las botas puestas.

Link: https://www.capital.cl/morir-con-las-botas-puestas/