EL MOMENTO POPULISTA

noviembre 5, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en La Nación de Argentina el 9 de noviembre de 2019)

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Sebastián Piñera tenía razón al presentar a Chile como una excepción -un “oasis”, dijo- en un contexto de inestabilidad política regional y global. El viernes 18 de octubre de 2019, sin embargo, Chile se sumó finalmente a la larga lista de países que viven un momento populista, en el sentido académico del término: un pueblo que denuncia y se manifiesta contra una élite que percibe como corrupta y abusiva. Esa es la nueva normalidad, en Latinoamérica y el mundo. Es lo que conecta, guardando las obvias particularidades, el Brexit y Donald Trump, Orban y Erdogan, Cinque Stelle y Des Gilets Jaunes, el impeachment a Dilma y la revuelta de Ecuador. Si Chile era un oasis, lo era porque aun no entraba en la dinámica de los tiempos. Seguía fiel a la teoría noventera de Fukuyama. El viernes 18 de octubre de 2019, como me sugirió un colega historiador, Chile entró definitivamente en el siglo XXI.

Por supuesto, la tesis del momento populista no excluye otras claves interpretativas de un fenómeno que aun está en desarrollo. Hay que dudar de los diagnósticos concluyentes, sobre todo si nos falta perspectiva y distancia. Pero hay muchos elementos que se conjugan para darle sustento. Es cierto que la furia ciudadana se combustionó a partir del alza en la tarifa del transporte público, y se explicó más tarde como un malestar extendido por el encarecimiento de los servicios básicos y del costo de la vida, en general. En Chile, sabemos, todo se paga. Sin embargo, las dificultades para llegar a fin de mes y las exigencias que impone una sociedad de consumo se ligaron, en el discurso de las últimas semanas, a la convicción de que existe una clase dirigente que flota en sus privilegios, estruja a la población en su exclusivo beneficio, y nunca responde por sus pecados de la misma manera que lo hace la clase trabajadora. Hasta las demandas más oportunistas y teóricamente incompatibles con el reclamo original -como los automovilistas particulares que exigen la rebaja del peaje de las autopistas, una demanda regresiva desde el punto de vista redistributivo y perjudicial desde el punto de vista medioambiental- calzan con esta doble condición: por un lado, se trata de incrementos objetivos del costo de la vida; por el otro, se percibe que los empresarios detrás de estas concesiones lucran en forma desmedida e inmoral.

El momento también parece populista en su rechazo transversal a la dirigencia política. No hay banderas de partidos y los pocos congresistas que se han aparecido por las marchas corren peligro de ser linchados. El populismo, explica la literatura, prescinde de las instituciones mediadoras del conflicto político. El líder populista busca conectarse directamente con la voluntad putativa del pueblo, sin intermediarios ni representantes, sin comités de expertos ni mecanismos contramayoritarios. Aunque de este movimiento no ha surgido (aun) ningún caudillo carismático -la ausencia de interlocutores claros es su marca registrada-, el rechazo a todas las instituciones de intermediación, sin distinción ideológica, es patente en el ánimo colectivo.

Ligado a lo anterior, el momento también parece populista en tanto simplifica problemas complejos. Se multiplican las voces que consideran que las soluciones son sencillas y que la única razón por la cual no se procesan inmediatamente las innumerables demandas del movimiento social es mezquindad o pura mala voluntad. Nadie quiere ser el aguafiestas que recuerda las restricciones presupuestarias. Aunque puede ser la oportunidad idónea para plasmar las bases de un nuevo acuerdo político y así rehabilitar la legitimidad del sistema, se ha presentado el camino de la asamblea constituyente como el remedio a todos los males de la patria.

Pareciera que fue hace una eternidad cuando éramos Greta-lovers y discutíamos sobre la urgencia de mitigar los efectos de la crisis climática. Chile acaba de cancelar la organización de la COP25, y los más felices son los extremos del espectro político. Emulando a otros líderes mundiales de derecha populista, José Antonio Kast viene diciendo hace tiempo que estas cumbres de liberales biempensantes y burócratas internacionales son innecesarias y desvían la atención de las verdaderas necesidades de la gente. Por su parte, el Partido Comunista afirmó que la cancelación de la COP25 era un triunfo del pueblo movilizado. La similitud con el caso francés salta a la vista: la resistencia ciudadana a los impuestos verdes de Macron fue simultáneamente azuzada por Le Pen en la esquina derecha y Melenchón en la esquina izquierda: ¿De qué sirven los compromisos multilaterales y el desfile de expertos cuando hay carencias materiales indiferentes a la huella de carbono? Usando un argumento similar al de los Brexiteers en Reino Unido, que exigían la salida de Bruselas para financiar hospitales, Kast y los comunistas chilenos consideran que hay mejores formas de emplear esos recursos (aunque sean apenas simbólicos para la magnitud de los desafíos).

En todas estas dimensiones, el golpe lo acusa la democracia liberal, formalista y representativa. Más que un enemigo ideológico, el populismo aparece como el síntoma de todas sus limitaciones, deficiencias y promesas incumplidas. Con todas las complejidades de un movimiento social y políticamente heterogéneo, un denominador común subyace a todas sus demandas: la percepción de asimetría y subordinación ante un establishment que dice gobernar por todos pero concentra glotonamente las granjerías. Es un sentimiento que lleva tiempo instalándose en el mundo a partir de la ralentización de la economía. Chile recién se pone al día.

Link: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/de-el-fin-de-la-historia-de-fukuyama-al-fin-de-la-excepcion-chilena-nid2303026

¿CUÁNTO AGUANTA UNA DEMOCRACIA?

octubre 28, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada el viernes 25 de octubre en revista Capital)

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¿Cuánto aguanta una democracia? ¿Qué tan fea tiene ponerse la cosa para que sea claro que el orden vigente no da abasto? ¿Qué tan asediado por la realidad tiene que verse un jefe de estado para evaluar su continuidad en el cargo? ¿Cuánta excepcionalidad es admisible para volver a la normalidad? ¿Dónde está la línea que distingue a un dirigente que exige responsabilidades políticas de un golpista? ¿Cuánto vale el mandato popular obtenido en elecciones limpias frente a una movilización social posterior que pareciera, informalmente, revertirlo?

Al momento de hacer estas preguntas (N. de la R.: lunes 21 de octubre), ninguna suena evidentemente descabellada. Ojalá que al momento de su publicación, esta columna esté desactualizada, el caos haya sido superado, la violencia haya cesado, y los chilenos hayan vuelto a lo suyo. Ahora bien, ni en el escenario de más rápida estabilización será posible hacer como que nada pasó. El orden de las prioridades cambió y ningún actor político relevante puede ignorarlo. Si las propias instituciones democráticas son capaces de procesar los dolores más sentidos de la calle, estaremos bien. Esta columna está pensada para un escenario más sombrío: el escenario en que la dirigencia es incapaz de conducir esta crisis a buen término, las posiciones no se acercan, y se hace imposible saber si la conflictividad va in crescendo o lo peor ya pasó. El tipo de escenario donde se producen manifestaciones que piden explícitamente el término del gobierno en funciones.

A primera vista, pedir la renuncia de Piñera es absurdo. Que un gobierno no esté cumpliendo sus promesas de campaña a medio camino de su gestión no es causal para interrumpir el ciclo democrático constitucional, eso es evidente. Hasta los malos gobiernos tienen derecho a terminar, diría un auténtico demócrata. Cuenta la leyenda que, en 1973, al enterarse que un golpe militar estaba en marcha, el dirigente democratacristiano Bernardo Leighton quiso abandonar la seguridad de su casa para concurrir a La Moneda a defender al gobierno en funciones. No era mucho lo que podía hacer, pero para Leighton se trataba de una cuestión de principios. Leighton era opositor a Salvador Allende. Pero lo que estaba en juego no era una cuestión de alianzas partidistas. Lo que estaba en juego era la continuidad del sistema democrático. La familia y sus amigos, según esta historia, tuvieron que extremar recursos para abortar su arrebato. Si aplicamos el estándar Leighton, todos deberíamos defender la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, aunque no nos guste su ideología, su programa o su estilo de conducción.

Concebida de esta forma, la democracia puede ser exasperante. Mucho énfasis en los procedimientos y poco en los resultados. Pero son justamente esos procedimientos los que garantizan que nadie se lleve la pelota para la casa. La democracia es lenta y burocrática, inhabilitada para operar transformaciones sustantivas en corto plazo. Los únicos regímenes que aprueban reformas estructurales de la noche a la mañana son las dictaduras. La democracia tampoco asegura un derrotero recto hacia un mundo mejor, precisamente porque reconoce la existencia de distintas ideas respecto de lo que constituye un mundo mejor. La democracia es un camino zigzagueante, lleno de baches, retrocesos y saltos discretos. Probablemente ni siquiera sea digna de un poema o de una exhortación dramática. Pero suele resolver una cuestión central para la vida social: el traspaso no violento del poder. Nadie muere en la cámara secreta como se muere en las guerras. Simple y radical a la vez. Cualquier alternativa es peor.

¿Qué argumento podría elaborarse entonces para pedir la renuncia de Piñera sin abandonar el compromiso democrático? Que dirigentes comunistas y tuiteros afiebrados declaren unilateralmente su incompetencia no parece suficiente. Podemos enumerar todo lo que el gobierno ha hecho mal en esta crisis, pero -hasta el momento- nada sugiere que esa negligencia política se pague con la rescisión del mandato popular otorgado en diciembre de 2017. Lo único que podría echar todo abajo es el abuso de la fuerza contra la propia población. La decisión de mandar a los militares a la calle es riesgosa. Se multiplicarán las situaciones confusas donde más de algún testimonio delatará la brutalidad de los fusiles. En principio, y esto es importante decirlo, no hay contradicción entre un régimen democrático y la presencia de las Fuerzas Armadas controlando el orden público que las fuerzas originalmente destinadas a ello no pudieron controlar. No es una medida necesariamente arbitraria o injusta, en la medida que las atribuciones del estado de excepción respectivo están expresamente detallas en la constitución. Una cosa es lamentarse -y con razón- de una imagen que la inmensa mayoría de los chilenos no quería volver a ver, y otra es inventar un principio según el cual eso no puede nunca ocurrir. Si las FFAA son efectivas y discretas en su rol de asegurar condiciones básicas de orden público, Piñera habrá cumplido su rol más esencial. Es su deber escuchar las demandas de la ciudadanía movilizada y procesar políticamente la nueva agenda. No obstante, como enseña Hobbes, no hay nada más importante que la seguridad, pues nadie quiere vivir una vida breve. El desafío es que el Leviatán no amenace la seguridad de aquellos que debe defender. Al delegar en ellos, la suerte de Piñera depende del criterio de los militares. Si fallan, no habrá formalidad democrática que valga.

Link: https://www.capital.cl/cuanto-aguanta-una-democracia/

UN ICEBERG EN EL OASIS

octubre 23, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en Diario Financiero del 21 de octubre de 2019)

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“En medio de esta América Latina convulsionada”, dijo hace unos días el Presidente Sebastián Piñera, “Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”. Es cierto: no vivimos la crisis económica de Argentina, la lucha de las FARC en Colombia, el estallido social de Ecuador, la fragilidad de las instituciones en Perú o el descaro generalizado de la clase política en Brasil. Nuestros indicadores objetivos en materia de la calidad de vida y desarrollo humano están entre los mejores del continente. Lo que hemos logrado, especialmente en materia de reducción de la pobreza dura, es meritorio bajo cualquier parámetro. Pero la prosperidad que revelan los números nunca ha sido garantía de paz social. Malestares originalmente localizados son capaces de expandirse en la medida que la población conecta y empatiza con la demanda. Nuevas demandas, en tanto pueden relacionarse con la original en su estructura normativa, se suman al reclamo. Lo que parte como un hecho aislado se transforma en un proceso de descontento ciudadano generalizado. Así ha ocurrido siempre. El movimiento estudiantil de 2011 partió con un tímido rechazo a las condiciones del pase escolar. Terminó poniendo en jaque la legitimidad del lucro. En 2018, la ola feminista partió con casos puntuales de abuso mal procesados por las universidades. Terminó generando una reflexión nacional sobre la igualdad de género.

Por alguna incomprensible razón, Piñera no entendió que esta vez se estaba germinando un cuadro similar. Es fácil ser general después de la batalla, pero la verdad es la mayoría de los analistas coincidía ya el viernes en la mañana en que lo que vivía Santiago no podía ser tratado como un problema de estricto orden público, sino como un fenómeno que requería un tratamiento político. De la evasión como respuesta al alza en el pasaje del metro, habíamos pasado a un discurso que conectaba distintas alzas en el costo de la vida de los chilenos, situación que contrastaba con la percepción de privilegios de la elite económica, y se agudizaba ante la torpe insensibilidad de las intervenciones ministeriales. La teoría del Iceberg, dijeron algunos: lo del metro es la punta que se ve, pero abajo hay una plétora de situaciones que se combustionaron en un encabronamiento colectivo. Cuando el gobierno sacó la voz, el viernes por la tarde, no se dio por enterado. Sólo ofreció aplicar la ley de seguridad interior del estado contra los violentistas. En ese momento quedó sellada su suerte. El sábado en la tarde, cuando habló el propio Piñera, congelando incluso el alza en el pasaje del metro, ya era demasiado tarde. Todo Chile -y no solo los delincuentes- se plegaba a una manifestación espontánea, inorgánica, confusa pero genuina, de malestar. Todos los déficit políticos de la derecha en el poder se hicieron patentes. Haberle entregado el control de la ciudad a los militares -una decisión que pudo ser justificada en su propio mérito- revela que la política sencillamente no tuvo los medios para hacer su tarea, es decir, canalizar el conflicto. Es posible que este no sea el momento de pedir cabezas -la situación sigue delicada y hay una logística que sostener- pero es manifiesto que este gabinete político está inhabilitado para conducir el proceso de recomposición de las confianzas que urge comenzar. Si el caso Catrillanca sólo fue capaz de abollar al acorazado Chadwick, el fin de semana en que Santiago se convirtió en Ciudad Gótica lo hundió en las profundidades.

Sobre el rol de la oposición se abren muchas interrogantes. Desde el comienzo resultó algo disonante que partidos o movimientos que juegan dentro de la institucionalidad avivaran la cueca de la evasión. Visto en perspectiva, eran performances inofensivas. Pero contribuyeron a articular un relato que condicionaba el acatamiento de las normas a la percepción subjetiva de injusticia. Desde la izquierda, muchos ironizaron con la obsesión liberal por las “formas” de la protesta, como si las grandes transformaciones se hubieran conseguido siguiendo las reglas y sin costos asociados. Alguna violencia ocurriría, algo de destrucción material habría. Pero estaba bien, parecían sugerir, en la medida que despertara al gobierno de su letargo. Narrativa peligrosa, porque la decisión sobre la legitimidad de los medios utilizados queda a discreción. La democracia es justamente un acuerdo sobre el rango de formas permisibles. Si alguien piensa que todo vale para conseguir un fin, por noble que sea, bien puede ser un justiciero social pero no es demócrata. Es evidente que el gobierno inflamó el conflicto y fue su torpeza la que agudizó las contradicciones. Pero la irresponsabilidad que manifestaron dirigentes del Frente Amplio y el Partido Comunista no pasó desapercibida para los muchos que vemos con interés la emergencia generacional de un nuevo actor en la izquierda chilena que sea capaz de gobernar. Es cierto que el movimiento espontáneo que protagonizó este episodio no se dejaría cooptar por sector político alguno, pero la izquierda que ayudó a darle forma discursiva también podría haber ofrecido sus buenos oficios para destrabar el conflicto. La postal apocalíptica del domingo en la mañana es testimonio de ese (otro) fracaso.

Ahí se acabó la política y comenzó una catarsis que osciló entre el frenesí festivo de la transgresión colectiva y el nihilismo anómico al cual le importa un carajo dañar al propio pueblo. La pregunta es si acaso los demonios que se desataron sobre varias ciudades del país son la externalidad indeseable pero inevitable de un llamado a la protesta social pacífica, y si acaso estamos a tiempo de rescatar la causa profunda de esa protesta para su tratamiento político, sin la amenaza de los fusiles.

Link: https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/un-iceberg-en-un-oasis/2019-10-20/183738.html

EL DERECHO A GOBERNAR

octubre 16, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 11 de octubre de 2019)

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Se salvó la ministra de educación Marcela Cubillos. En el fragor de la celebración, describió el rechazo de la acusación constitucional en su contra como “el reconocimiento al derecho de gobernar”. Es el argumento más inteligente que desplegó el gobierno. La cuestión tenía poco que ver con la “valentía” de la ministra (como majaderamente trató de instalar el oficialismo a través de un hashtag absurdo), sino con una pregunta más fundamental: ¿puede un gobierno promover su propia agenda cuando ésta colisiona con las reformas aprobadas por la administración anterior? Fue el enfoque de la defensa del abogado Francisco Cox, quien si bien se definió como opositor ideológico al gobierno de Sebastián Piñera, insistió en que las acusaciones constitucionales no se pueden usar para castigar la discrepancia política. Es el mismo argumento que terminó por convencer a los diputados Pepe Auth y Matías Walker: ambos dejaron claro que les desagrada el estilo agresivo y confrontacional de la ministra Cubillos, y que no comulgan con las políticas de educación del actual gobierno, pero recalcaron que aquello no configura ninguna de las causales de cesación del cargo que establece la constitución.

Es decir, la tesis que se impuso no constituye un espaldarazo político a la gestión de Marcela Cubillos ni necesariamente sugiere que el gobierno va por buen camino en materia educacional. La tesis que se impuso es mucho más gruesa: los gobiernos tienen derecho a llevar adelante el programa con el cual fueron elegidos, aunque eso signifique desalentar las normas y políticas públicas del antecesor. Desde el oficialismo señalan que a Cubillos no se le puede exigir entusiasmo en la promoción de reformas que no sólo no comparte, sino que considera injustas y perjudiciales para los niños de Chile. Es obvio y natural que haya insistido en las falencias de la ley de inclusión de Michelle Bachelet. Si bien es cierto que se trata de una cuestión emblemática para el mundo de la ex Nueva Mayoría, e incluso para el Frente Amplio (pues fueron sus dirigentes los que comenzaron a empujar sus ideas matrices en las movilizaciones de 2011), el principio de evaluación es el mismo: al votar nuevamente por Piñera, la gente votó por rechazar las reformas del segundo mandato de Bachelet. De eso se trata, precisamente, el derecho a gobernar: es un derecho a desandar lo andado, que emana del mandato popular.

Pero la línea es delgada. ¿Es qué momento la crítica pública de las normas vigentes se confunde con la displicencia dolosa de su aplicación? ¿En qué momento la falta de entusiasmo de la ministra Cubillos para comunicar el nuevo sistema se confunde con sus ganas de sabotearlo? ¿En qué momento la selección de evidencia a favor de la tesis propia se confunde con la omisión o tergiversación de la evidencia a favor de la tesis contraria? Estas son preguntas válidas. No es necesario pertenecer a una “izquierda totalitaria”, como señaló un diputado UDI, para atender a estas preguntas. Aunque, personalmente, no creo que los casos citados por el libelo acusatorio hayan sido lo suficientemente contundentes como para demostrar notable abandono de deberes por parte de la ministra, tampoco creo que este episodio haya demostrado necesariamente la mala utilización de la herramienta. En jerga futbolística, la ministra venía pegando patadas y al menos se merecía una amarilla. Por eso me hace ruido ese lugar común que declara que la ministra salió “fortalecida”. Por jugar al filo del reglamento, estuvo a punto de ver la tarjeta roja. Conservar la pega no equivale, al menos no directamente, a salir fortalecido de una situación.

El gobierno de Piñera, entonces, impuso su tesis: en democracia, los gobiernos entrantes tienen derecho a un sutil torpedeo de las reformas del gobierno anterior. Sutil, porque no puede consistir en incumplimiento flagrante de la ley. Pero torpedeo a fin de cuentas, porque es evidente que no le interesa en lo más mínimo que a esas reformas les vaya bien, o que tengan buena acogida en la ciudadanía. Por el contrario, piensa Cubillos, ojalá que no la tengan. Con ese propósito explícito recorrió Chile. Por supuesto, nadie en el gobierno actual fue tan bruto como para hablar de una retroexcavadora. Pero la diferencia es de grado, no de esencia. En el fondo, la tesis que salvó a Cubillos es incompatible con nuestra tradición -que tanto nos enorgullecía en tiempos de la Concertación- de continuidad de las políticas públicas. No puede haber continuidad en las políticas públicas si cada nuevo gobierno reclama su derecho a desandar el camino andado por el gobierno anterior, especialmente si se trata de sus reformas más emblemáticas. Esto no quiere decir que no tenga ese derecho. Sólo quiere decir que afirmar ese derecho colisiona con la vieja narrativa de la continuidad de las políticas públicas. La derecha, al menos, queda impedida de usarla honestamente.

De aquí en adelante, los grupos políticos que accedan al poder tienen un precedente: si no les gustan las políticas de sus antecesores, tienen derecho a torpedearlas sutilmente. Nada muy vistoso: una exageración por aquí, una caída de sistema por allá. Las leyes hay que cumplirlas, pero no es exigible la buena fe. Tampoco comprometerse con su implementación exitosa. A fin de cuentas, diría un tomista, es inmoral perseguir con ahínco el cumplimiento de leyes que se estiman injustas.

Link: https://www.capital.cl/el-derecho-a-gobernar/

MORIR CON LAS BOTAS PUESTAS

octubre 3, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 27 de septiembre de 2019)

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En el último tiempo, principalmente gracias al trabajo de Daniel Kahneman y Amos Tversky, se ha popularizado la idea de que los seres humanos pensamos con dos sistemas alternativos: por un lado, uno rápido, que apela fundamentalmente a emociones e intuiciones; por el otro, uno lento, que involucra lógica y deliberación. Entre otras cosas, esta teoría explicaría por qué los ciudadanos ordinarios y los expertos discrepan en tantos debates públicos: mientras los primeros piensan (más seguido) con el sistema 1, los segundos aplican (más seguido) el sistema 2. Los expertos serían capaces, dándole en el gusto a Kant, de elevarse por sobre sus deseos de guata para analizar los escenarios de manera fría y racional. Esta teoría también echaría por tierra una vieja premisa de la llamada “epistemología naturalizada”: que las personas comunes y los científicos profesionales activan el mismo sistema cognitivo, con la única diferencia de que los segundos corrigen sus sesgos de confirmación a través de una serie de procesos de control. En lo central, pensaban autores como W. V. O. Quine, John Dewey e incluso Karl Popper, el razonamiento científico es apenas una extensión del sentido común. Según la teoría del sistema dual, se ha dicho, se trata de dos formas de razonamiento distintas.

Sin embargo, la teoría del sistema dual de pensamiento ha sido recientemente amenazada por una nueva teoría, que sus promotores denominan “interaccionista”. La teoría interaccionista, articulada en detalle en el libro The Enigma of Reason (Penguin: 2017) de Hugo Mercier y Dan Sperber, sostiene que no es posible establecer dicha separación. La razón humana, señalan los autores, evolucionó para adaptarse a un nicho ecológico altamente social. Eso significa que su función no es precisamente identificar la verdad de las cosas, sino para navegar la realidad de su entorno. En otras palabras, para interactuar exitosamente. Mercier y Sperber no descartan la existencia de distintos módulos inferenciales, pero que no son independientes. La relación entre intuición y razón sería más estrecha de lo que pensamos: las personas se mueven básicamente por intuición, y la razón cumple la función de justificar ex post dichas intuiciones. Esta no es una función menor, pues el éxito de nuestras interacciones sociales depende de la capacidad de ofrecer razones persuasivas al resto. Eso es lo que llamamos capacidad argumentativa. Contra Kant, la idea básica de esta teoría ya está presente en Hume: la razón es la sierva de las pasiones, y su función es proveer de los medios más eficientes para alcanzar los fines que las intuiciones morales ya decidieron. Lo que esta teoría añade es que no da lo mismo la calidad de las razones que ponemos sobre la mesa, pues de ellas depende nuestra vida social.

En resumen, lo que Mercier y Sperber proponen es olvidarse del paradigma del genio solitario, que aplicando procesos mentales complejos, llega a las mejores conclusiones o realiza los más grandes descubrimientos. Lo cierto es que pensamos mejor en colectivo, justamente por la razón humana evolucionó en ese contexto. Por lo mismo, somos flojos para evaluar nuestras propias razones y estrictos cuando se trata de evaluar las razones ajenas. Esto explica por qué nos enamoramos de nuestras tesis y nos cuesta tanto reconocer que estamos equivocados. No queremos aparecer ante el mundo como personas equivocadas y por tanto hacemos lo posible por presentar nuestras opiniones de la manera más convincente posible, incluso cuando sospechamos que algo huele mal. Seleccionamos la evidencia que refuerza nuestro punto y descartamos la que infringe daño. Siempre ha sido mejor, desde una perspectiva evolucionaria, morir con las botas puestas. Esto resume, en buena parte, nuestra vida social y política.

Pero también explica la importancia de contar con procedimientos e instituciones capaces de canalizar nuestra tendencia a los sesgos de confirmación. Una de esas instituciones son los jurados. Varias cabezas piensan mejor que una, en la medida que se aplican, en forma cruzada, estándares más exigentes para las opiniones del resto. Lo mismo respecto de la ciencia. Mercier y Sperber no creen que los científicos razonen distinto a los ciudadanos comunes y corrientes. Ellos también quieren tener (siempre) la razón. No son modelos de virtud epistémica. Por el contrario, la virtud epistémica de la ciencia radica en el método, capaz de mitigar la influencia de los distintos sesgos de confirmación en acción. Justamente porque conocemos nuestra necesidad ancestral de ganar las discusiones, y en la ciencia no debiera ganar la retórica más hábil sino la teoría que mejor describa la realidad fáctica, es que sometemos las hipótesis científicas a exhaustivos controles de pares. Esto, de paso, rehabilita a Quine: el razonamiento científico no es, en esencia, distinto al razonamiento de la persona común. La diferencia es que el razonamiento científico se produce en un contexto social que nos permite apreciar sistemáticamente los errores en los que habitualmente incurre la razón.

Todo esto tiene aplicaciones prácticas que superan la mera reflexión filosófica. Permite entender mejor la naturalidad de nuestros desacuerdos políticos y morales, así como nos ayuda a comprender fenómenos como el negacionismo científico contemporáneo. Las personas se aferran a sus creencias y elaboran argumentos más o menos complejos para defenderlas en la vida social. Por eso escuchamos tan pocas veces la frase: tienes razón, estoy equivocado. Nuestros sistemas cognitivos evolucionaron para -si se perdona la teleología- morir con las botas puestas.

Link: https://www.capital.cl/morir-con-las-botas-puestas/

DE CAPITANES Y BOMBEROS

septiembre 22, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 13 de septiembre de 2019)

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“Bombero del Amazonas”, le llamó un vespertino de la plaza al presidente Sebastián Piñera, a propósito de su rol como intermediario en la crisis ecológica que afecta al bosque tropical más importante del planeta. Es un título entusiasta, que deposita esperanzas en los buenos oficios del mandatario chileno, en su capacidad de liderazgo regional y, especialmente, en su coherencia verde. Sin dudarlo, Piñera se hizo cargo de la COP25 que dejó botada Brasil apenas asumió Jair Bolsonaro. Si se trata de cambio climático, el presidente chileno se distancia del negacionismo científico que caracteriza a los populistas de derecha como Trump y el propio Bolsonaro. Chile, en ese sentido, tiene un mérito: aunque hay uno que otro libertario escéptico del consenso científico, hasta la extrema derecha que representa José Antonio Kast reconoce la magnitud de la emergencia climática.* Según una encuesta reciente, nueve de cada diez chilenos creen en la realidad del cambio climático.

Sebastián Piñera, en definitiva, quiere posicionarse como el actor regional más relevante en el desafío global más importante de nuestro tiempo. No es puro oportunismo. Aunque está lejos del ecologismo político de Sara Larraín, la devoción conservacionista de Douglas Tomkins, o la militancia de Greenpeace, Piñera siempre ha tenido un lugarcito en su discurso para la causa medioambientalista. Cuando puede, saca a relucir las obras de su Parque Tantauco. Pero no es el único presidente que hemos tenido en este registro. Sus dos antecesores se matricularon -al menos discursivamente- en la promoción del desarrollo sustentable. Hace una década, cuando la ONU le pidió ayudar a generar conciencia mundial sobre lo que entonces se llamaba calentamiento global, otro diario de la plaza bautizó a Ricardo Lagos como “Capitán Planeta”. Hasta hoy, Lagos insiste en la necesidad de volcar nuestros mejores esfuerzos políticos a mitigar los efectos de la crisis climática en ciernes. Luego fue el turno de Michelle Bachelet, que hacia el final de su segundo gobierno apareció ante los ojos del mundo como la principal defensora de los océanos, lo que incluso le valió un inédito reconocimiento de National Geographic como “Planetary Leadership Award”. Parafraseando su franja de 2005, Bachelet se encontró en este rol “sin imaginarlo ni pedirlo”, una vez que todos los relatos igualitaristas de su segundo mandato se fueron a la pailas tras Caval. En cualquier caso, Piñera es el continuador de una saga que nos debería enorgullecer -aunque a él, obviamente, le habría gustado ser el primero y sin duda quiere ser el más trascendente

En este empeño, sin embargo, es presa de un incómodo dilema político, que de algún modo quedó manifestado cuando se encontró como jamón del sándwich entre Bolsonaro y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En términos sencillos, la tensión se produce entre los principios de irrestricta soberanía nacional -a los que apeló el brasileño- y la urgencia de adoptar políticas supranacionales de protección medioambiental -a lo que apeló el francés. Piñera se matriculó con la primera tesis, ya sea por cuidar sus relaciones con el vecino, o bien porque abriga genuinas convicciones -propias de la derecha- respecto de la primacía de la soberanía nacional por sobre otras consideraciones globales y cosmopolitas. No olvidemos que este segundo gobierno de Sebastián Piñera se restó del Acuerdo de Escazú -que regula el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe- y más tarde se abstuvo de ratificar el Pacto Mundial sobre Migración -el primer acuerdo intergubernamental para orientar coordinadamente la regulación el fenómeno migratorio. Más allá de las razones específicas que se entregaron para cada caso, lo cierto es que Chile se puso del lado de los países que desconfían de los procedimientos políticos multilaterales y rechazan la injerencia de los organismos e instrumentos internacionales sobre lo que ocurre dentro de las fronteras nacionales. Eso es legítimo. Lo complejo es presentarse al mismo tiempo como referente para la solución -o apenas mitigación- de un problema que es fundamentalmente global y cosmopolita. No se puede ser todo al mismo tiempo.

Lo anterior sin mencionar que, bajando a la realidad política local, el sector del presidente Piñera tiene escasa cultura de sustentabilidad. Sus ministros celebran el aumento en la compra de vehículos contaminantes y dan escasas señales de querer introducir cambios radicales en el transporte urbano. Por el contrario, anuncian nuevas carreteras y ampliación de pistas que incentivan el uso de automóviles particulares. La preocupación por el crecimiento económico es enteramente justificable, pero en algunos casos colisiona con la conservación medioambiental. Piñera ya anunció el cierre de las termoeléctricas en el mediano plazo, lo que encendió las alarmas en aquellas localidades que dependen de estas fuentes laborales. En este sentido, el problema no lo tiene solamente la derecha. Lo tenemos todos, en la medida que tomarse en serio la crisis climática implica cambios en hábitos de consumo que no se aceptan de buena gana. Incluso la democracia, han sugerido algunos filósofos, podría resultar inadecuada para enfrentar este desafío: ningún político de la era modera gana elecciones prometiendo sangre, sudor y lágrimas. Por el contrario, los populistas son exitosos en las urnas porque, al negar el fenómeno climático, le ahorran a la gente los inconvenientes del cambio y el sacrificio. Piñera no está exento de la necesidad de popularidad. Tiene que responder a las expectativas ideológicas de sus electores. No puede abjurar de la promesa de la expansión del consumo (contaminante) ni del soberanismo nacionalista en boga en las derechas del mundo. Pero, he ahí el dilema, tiene que hacerlo -aunque sea parcialmente- si quiere pasar de bombero del Amazonas a Capitán Planeta.

Link: https://www.capital.cl/de-capitanes-y-bomberos/

* Después del envío de esta columna, José Antonio Kast emitió diversas opiniones que permiten matizar este punto. Aunque sostiene que su discrepancia con la COP25 es política, y no científica, al mismo tiempo señala que no está claro si la presente crisis se debe a un ciclo natural del planeta, o que la magnitud de la emergencia tampoco ha sido acreditada (ambos argumentos típicos del negacionismo climático en otras latitudes).

EL OTRO OTRO MODELO

septiembre 5, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 30 de agosto de 2019)

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Cuenta la leyenda que en una reunión de gabinete, la entonces primer ministra británica Margaret Thatcher sacó de su cartera un ejemplar de “La Constitución de la Libertad” del filósofo y economista austríaco Friedrich Hayek, lo tiró en la mesa y sentenció “en esto creemos”. En el improbable caso que un liberal de centro llegara a La Moneda en las próximas elecciones presidenciales, pondría sobre la mesa el nuevo libro de Andrés Velasco y Daniel Brieba, “Liberalismo en Tiempos de Cólera” (Debate, 2019). Aunque no es un recetario de políticas públicas para gobernar, su mérito es proveer de coordenadas doctrinarias relativamente claras respecto de la dirección ideológica y el estilo que debiese adoptar esa tribu política, tan venida a menos en Chile y en el mundo. No será, como los autores lo reconocen, material de referencia para todas las ramas que salen del gran tronco liberal. Aunque se advierte el respeto intelectual hacia figuras como Adam Smith y el propio Hayek, ni Velasco ni Brieba se consideran liberales “clásicos”. El suyo es un ladrillo liberal “igualitario”, en la progresista tradición que anticipa John Stuart Mill y consolida John Rawls.

Más aun, dentro del liberalismo igualitario, Velasco y Brieba precisan que su idea política medular está contenida en la filosofía de igualdad democrática o relacional de Elizabeth Anderson, con guiños a Martha Nussbaum y Amartya Sen. A diferencia de los liberales igualitarios canónicos, que se centran en la importancia de la redistribución de los recursos económicos, la concepción de igualdad democrática apunta a generar relaciones sociales igualitarias -donde no hay dominación y cada ciudadano vive una vida relativamente autónoma- que son independientes de la igualdad material estricta. Desde este lugar montan una robusta crítica al proyecto intelectual que los autores identifican con Fernando Atria y en general con la orientación normativa del Frente Amplio, que también han asumido los sectores autoflagelantes de la vieja Concertación. En uno de los capítulos más importantes del libro, Velasco y Brieba proponen una concepción alternativa de derechos sociales que admite ciertas desigualdades en su provisión en la medida que se cumplan ciertos estándares. Agregan, sin embargo, una condición crucial: que esas desigualdades operen en favor de todos, y no solo de algunos. De otra manera carecerían de legitimidad, que es, a fin de cuentas, el objetivo final de cualquier proyecto político liberal: que las normas coercitivas que se imponen en una sociedad sean justificables para todos.

En una frase, Velasco y Brieba son promotores de un liberalismo win-win, esto es, un liberalismo cuyo atractivo normativo reside en su promesa de que todos estaremos mejor, en parte, precisamente, porque se permiten ciertas desigualdades. Este no es el liberalismo utilitarista a-la-Friedman: no basta que, en promedio, la sociedad esté mejor. Tampoco es el liberalismo de suma cero de los llamados “igualitaristas de la suerte” (luck egalitarians) ni mucho menos el libertarianismo Lockeano de los derechos pre-políticos de propiedad que es indiferente al resultado de la distribución. El liberalismo del win-win, que discurre de Smith a Rawls, exige que, si vamos a aceptar la desigualdad, sea beneficiosa para todos.

En este contexto, no sorprende que los autores evalúen positivamente el legado de la Concertación en Chile, y de la llamada Tercera Vía en el mundo. Bajo Ricardo Lagos, por ejemplo, nuestro país efectivamente creció con igualdad. Si de la obra del primer Rawls se dijo que era una especie de justificación ex post del estado de bienestar, el libro de Velasco y Brieba es testimonio de las virtudes de los gobiernos de la Concertación. No sólo de sus reformas políticas, económicas y sociales, sino también de su talante gradualista y moderado, que sería equivalente a una actitud liberal, cauta frente a los cambios radicales y escéptica de las revelaciones proféticas. En esta dimensión del liberalismo, barren para adentro hasta con Aylwin.

En todo caso, el adversario declarado del libro no es el socialismo Atriano ni el Chicago-Gremialismo -como le llaman- que tanto ha influido en la derecha. Es el fenómeno populista, que Velasco y Brieba resumen como el discurso que niega tanto la complejidad de los problemas públicos como el legítimo pluralismo de ideas a la hora de enfrentarlos. La batalla del futuro, anticipan, será entre populismo y democracia liberal. Aunque la vía que proponen es específicamente liberal igualitaria en su registro doctrinario, los autores entienden que en esta batalla tendrán que hacer causa común con otras tradiciones que comparten nociones básicas con el liberalismo -como la idea de constitucionalismo liberal que aceptan conservadores, socialdemócratas y socialcristianos, y la misma idea de un talante o actitud liberal en el arte del gobernar. Aunque no acusan directamente ni a la derecha ni a la izquierda chilena de populistas, identifican brotes problemáticos en ambos extremos.

Aquí, finalmente, se advierte una paradoja: por un lado, el liberalismo es escéptico frente a las autoproclamadas autoridades epistémicas que diseñan instituciones y políticas públicas top-down. Pero, al mismo tiempo, el rechazo al saber experto y la tecnocracia son marcas registradas del populismo. Nadie puede acusar a Velasco y Brieba de despreciar la evidencia científica y de glorificar el mero sentido común. Falta en ese sentido una explicación más contundente de las áreas que someteremos a control democrático y de aquellas que le serán sustraídas en función de la calidad de los resultados, especialmente si queremos trazar una línea divisoria entre populismo y liberalismo.

Link: https://www.capital.cl/el-otro-otro-modelo/

BALAS DE PLATA

agosto 27, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 16 de agosto de 2019)

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En política no existen las balas de plata. Es decir, no existen propuestas o medidas que cumplan todos los objetivos socialmente deseables. Algunas serán buenas en un sentido pero malas en otro sentido, mientras que las que son malas en el primer sentido pueden ser buenas en el segundo. Los actores políticos, sin embargo, intentan persuadir a la ciudadanía de que sus propuestas y medidas son buenas en todos los niveles posibles. Eso es, usualmente, falso.

Algo parecido está ocurriendo en la discusión sobre la jornada laboral. Derecha e izquierda postulan sus proyectos como si fuesen capaces de conjugar las evidentes tensiones que los atraviesan. Si bien la flexibilización de la jornada -como propone el Gobierno- es positiva para muchas ocupaciones, es innegable que para otras genera los clásicos problemas asociados a la asimetría de poder negociador entre empleador y empleado. Si bien la reducción de la jornada -como propone la oposición- es positiva para que los trabajadores puedan disfrutar, entre otras cosas, de más tiempo libre con sus familias, perfectamente podría significar un costo para muchas empresas -grandes y chicas- y eventualmente un sacrificio de la productividad. En resumen, ambos proyectos permiten proyectar beneficios pero también tienen sus puntos ciegos.

Lo políticamente honesto es reconocer esos puntos ciegos y justificar normativamente por qué hay que bancárselos. Es decir, construir un argumento que no mienta ni oculte los eventuales costos, sino que los asuma en nombre de los valores superiores que encarnan los beneficios proyectados. Por ejemplo, el Gobierno podría reconocer que flexibilizar la jornada laboral podría generar escenarios de precarización pero que, en el agregado, es la dirección obligada que debe tomar una economía que busca revitalizarse. Del mismo modo, la bancada transversal por las 40 horas podría transparentar que tiene escaso control sobre la reacción del mundo empresarial y que más de alguno podría quedarse sin trabajo.

Esto no significa que los dos proyectos sean igual de buenos o igual de malos. Significa que la decisión final que tomemos depende de una evaluación sobre el tipo de sociedad que queremos. Esa evaluación, en último término, es principalmente ideológica y no meramente técnica. No tiene ningún sentido acusar al adversario político de defender un proyecto ideológico -como se han acusado ambos bando en forma cruzada- si la razón final por la cual se promueven dichos proyectos es legítimamente ideológica, es decir, representa una manera de comprender el mundo que asigna mayor importancia a unos valores que a otros. Todos quieren libertad, justicia, igualdad, paz, solidaridad, etcétera. Todas las ideologías, en este sentido no-marxista del término, se constituyen a partir de estos ingredientes, pero cada fórmula ideológica tiene una receta distinta. En algunos casos será más importante la libertad, en otros casos la igualdad, en otros tantos la paz social, y así sucesivamente.

El caso de la reforma a la jornada laboral no es, en el fondo, distinto. El gobierno tiene una convicción ideológica respecto de la importancia de reactivar la economía dándole mayor libertad a los empleadores, en la esperanza que dicha reactivación sea beneficiosa para todos en el agregado. Es la misma convicción que trasunta su reforma tributaria. Esa no es una posición puramente técnica, en el sentido que no descansa sobre la constatación empírica de la efectividad de la política del chorreo. Por supuesto que la derecha cree que el chorreo funciona, pero aunque no funcionara todo lo bien que cree, la convicción ideológica sobre la importancia de la libertad económica no se ve alterada. La oposición, por su parte, tiene la convicción ideológica de que no todo es trabajo en la vida, en la esperanza que trabajadores más plenos en otras áreas de su vida sean también más productivos en el lugar de trabajo. Tampoco es una posición estrictamente técnica. Si bien hay correlaciones entre salud mental y productividad laboral, es posible que en Chile no aumente un ápice la productividad sino todo lo contrario. Pero tampoco sería el fin del mundo, desde esta perspectiva ideológica. Hay cosas más importantes que el crecimiento, sentenció la ex presidenta Bachelet, haciendo frente a las críticas por los magros números de su gestión económica. Lo dijo cuando se rechazó el proyecto minero Dominga. La ocasión fue propicia. Bachelet construía así una coartada plausible para explicar el bajo crecimiento de su segundo gobierno: hay cosas más importantes, entre ellas la protección medioambiental. Esa decisión, entre crecimiento económico y protección medioambiental, por mencionar solo un ejemplo, es finalmente una evaluación política que se toma desde un marco ideológico determinado.

Por eso es tan importante que los actores políticos no esquiven ni omitan evidencia o datos empíricos, para que los ciudadanos podamos desentrañar y evaluar las verdades razones que motivan sus propuestas. Estas razones no son ideológicamente neutras ni de mero sentido común, como algunos pretenden. Están ligadas a una cierta prelación de valores. Eso es completamente normal en sociedades pluralistas, donde las personas tienen legítimas discrepancias sobre lo que constituye una vida buena. Lo que no es normal es encontrar balas de plata que resuelvan todos los problemas y se conecten con todas las aspiraciones normativas del espectro político.

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LA CASA DE LOS ESPÍRITUS

agosto 8, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 2 de agosto de 2019)

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La gobernación provincial de Antofagasta acaba de facilitar una propiedad fiscal al “centro de sanación espiritual Luz y Progreso” que, según la declaración de la propia autoridad, trata a los enfermos con la ayuda de “médicos que han fallecido y que siguen trabajando en esta tierra, pero desde otra dimensión”. El comunicado detalla que estas almas (¿en pena?) tendrían “diferentes especializaciones”, las que se harían efectivas a través de la acción de una médium.

Naturalmente, la noticia despertó la indignación de las sensibilidades más racionalistas y las comunidades científicas. El senador por la zona, Alejandro, Guillier pidió incluso un informe del ministro de Bienes Nacionales, comparando las actividades del centro en comento con el tierraplanismo y el movimiento antivacunas. El gobierno provincial, por su parte, se defendió argumentando que la casa en comento estaba infestada de drogadictos y okupas. Desde ese punto de vista, la asignación sin duda mejora la situación actual. Sin embargo, se supo que había otras instituciones -como la Cruz Roja- que también habían postulado -sin éxito- a terrenos fiscales para desarrollar su labor social. La diputada RN Paulina Núñez avaló las actividades del grupo -aparentemente cristiano- Luz y Progreso, por su larga trayectoria sirviendo a la población local a través de actividades de extensión social y cultural. Pero esa no fue la razón por la cual se les asignó el inmueble, según el propio documento oficial. La discusión está circunscrita a sus métodos controversiales de sanación vía participación sobrenatural.

A primera vista, este es un clásico caso donde falla la separación entre estado e iglesia. Al aceptar la validez de las prácticas de este centro de sanación espiritual, el estado chileno estaría reconociendo la veracidad de un postulado metafísico de textura religiosa: que los muertos siguen participando de alguna manera en los asuntos terrenales. No obstante, tal como lo sugiere Guillier, estos rituales de sanación espiritual se parecen al tierraplanismo y al antivacunismo. Pero estos últimos no son fenómenos religiosos sino bastante seculares. Lo que los hace problemáticos desde el punto de vista político no es su carácter religioso o secular, sino ciertas deficiencias epistémicas: no cuentan con evidencia a su favor, no siguen el método científico, no son creencias justificadas ante estándares de razonamiento compartido, no funcionan, etcétera.En Estados Unidos, por ejemplo, los creacionistas que desafían la teoría de Darwin han intentado varias veces hacerse un espacio en los textos escolares y las clases de biología. Las cortes han fallado que, en la medida que se propone una hipótesis sobrenatural para explicar la biodiversidad, el creacionismo es religión y por tanto debe quedar fuera del currículo. Sin embargo, esta lógica parece igual de equivocada: la razón por la cual el creacionismo queda fuera del currículo no es porque invoque agencia sobrenatural sino porque es mala ciencia.

Piense en el caso de la homeopatía. En Reino Unido y Francia se ha debatido intensamente si acaso los servicios públicos de salud deben costear tratamientos y medicinas homeopáticas. Mucha gente piensa que no. Y sus razones no tienen ninguna relación con la religión, sino con que se trata de una pseudo-ciencia igual de desacreditada que la quiromancia, la numerología, la iridología o las teorías agrícolas de Lysenko en la Unión Soviética. Lo que se advierte es que sólo la ciencia occidental establecida y convencional basta como estándar justificatorio para el desembolso de recursos fiscales y como base para las políticas públicas. Ninguna medicina alternativa, por ejemplo, cumpliría esas condiciones. Los ciudadanos conservan el derecho de recurrir a ellas, pero no pueden esperar ayuda del gobierno para acceder a ellas.

Piense ahora en el siguiente ejemplo. Tenemos tres alternativas y debemos escoger una para el currículum escolar obligatorio: dos horas de educación física, dos horas de Yoga, o dos horas de plegarias. A mucha gente le parece obvio que debemos optar por lo primero. El Yoga todavía suena demasiado oriental, místico, esotérico. Sin embargo, si se hacen explícitos sus objetivos beneficios físicos y mentales, quizás estén dispuestos a reevaluar su decisión. La razón por la cual no escogerán las plegarias no tiene que ver con su carácter religioso, sino con que no son efectivas como práctica gimnástica o deportiva. Es decir, la decisión dependerá de cuál de las alternativas parece ser más efectiva para los propósitos específicos. Lo mismo ocurre con la ciencia: damos por sentada su primacía justificatoria porque casi siempre funciona.

Pero esto no resuelve el problema que se genera en sociedades pluralistas donde coexisten grupos de personas que tienen distintas ideas de lo que funciona para ellos. Esta discusión se vincula con el tipo de reconocimiento que deben (o no deben) tener los placebos y se extiende hacia las distintas nociones de efectividad que caben en medio de la diversidad cultural y cognitiva contemporánea. No basta, por tanto, decir que la casa de los espíritus de Antofagasta es una afrenta contra la ciencia. Hay que explicar por qué la ciencia goza de un lugar preferencial en la estructura de justificación en democracias donde hay gente que cree en métodos alternativos. Esa tarea, al menos desde la filosofía política, está incompleta, y se hace cada vez más urgente en un mundo donde las grandes autoridades epistémicas se han debilitado y las personas reivindican su derecho a conducirse de acuerdo con teorías que desafían el consenso científico.

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NEYMAR EMOCIONAL

julio 26, 2019

por Cristóbal Bellolio (publicada en revista Capital del 19 de Julio de 2019)

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“La víctima es el héroe de nuestro tiempo”, escribe el filósofo italiano Daniele Giglioli en su último ensayo Crítica de la víctima (Herder, 2017). Evidentemente, no es un ataque contra las víctimas reales de abusos o injusticias. Lo que Giglioni observa es que “hacerse” la víctima tiene una serie de beneficios, pues se presume automáticamente que la víctima es buena e inocente. Es decir, inmuniza ante la crítica y genera una especie de derecho al reconocimiento moral de la comunidad. Por eso, insinúa, las redes sociales están repletas de acusadores: una vez identificado el victimario, uno queda libre de toda sospecha. Es perfectamente racional, entonces, que exageremos todos los agravios. Hasta la falta más mínima se presenta como el peor de los pecados. Ya lo había notado John Locke: la razón por la cual se hace necesario un tercero imparcial para juzgar nuestras disputas es porque somos especialmente severos y desproporcionados con aquellos que nos hacen un mal, pero rara vez consideramos igual de graves los males que nosotros cometemos.

Un amigo lo definió como el síndrome del Neymar emocional. Más allá de su habilidad superlativa, el crack brasileño se hizo famoso en el último mundial por exagerar a destajo las faltas en su contra. Todavía circula el gif de Neymar rodando hasta el infinito. Algo parecido ocurre en el debate actual: ante un pequeño empellón, nos tiramos al suelo bramando de dolor y exigiendo tarjeta para el agresor. Sabemos lo feo que se pone el fútbol cuando los jugadores caen en esa práctica. El debate público no es la excepción: se pone horrible. Cuando la batalla de los argumentos se pone cuesta arriba, muchos esperan la oportunidad de agrandar una falta que les permita vestirse de víctimas y con ello inhabilitar moralmente al contradictor. El senador Jaime Quintana, por ejemplo, se pasó tres pueblos acusando al presidente Piñera de articular un “discurso de odio” por sugerir obstruccionismo por parte de la oposición. La diputada Andrea Parra acusó de misógino a su colega René Manuel García por una expresión que no tuvo la connotación sexual que prácticamente todos los medios le dieron. Valga la aclaración: el diputado García está lejos de ser santo de mi devoción, pero me parece injusto que no nos hayamos dado el trabajo de analizar de buena fe lo que quiso decir en esa ocasión (en corto, que no se le “caerían los pantalones” como quien no se deja amilanar). Para qué: una vez identificado el victimario, lo imperioso era sumarse a la camotera de las víctimas, aunque sean presuntas. Si andamos por la vida con las antorchas prendidas, siempre encontraremos a quien quemar.

Si el síndrome del Neymar emocional es común en política, lo es más aun en las universidades. En The Coddling of the American Mind, Greg Lukianoff y Jonathan Haidt sacan una extraordinaria foto del momento crítico de la educación superior en Estados Unidos. Muchas de sus observaciones se aplican también a Chile. Son tres los grandes problemas, según los autores. Primero, muchos estudiantes piensan que la universidad debe ser un “espacio seguro”, donde no se vean expuestos a ideas desafiantes o controvertidas que puedan causarles algún cuadro de ansiedad. El fenómeno de vetar invitados en los campus no es nuevo. Lo nuevo es justificar la censura en nombre de la salud mental. Sin embargo, advierten Lukianoff y Haidt, la universidad es el gimnasio intelectual ideal para aprender a enfrentar, en pequeñas dosis como las vacunas, los inquietantes fenómenos políticos que los estudiantes encontrarán fuera de sus burbujas.

En segundo lugar, muchos estudiantes se han malacostumbrado a obedecer a sus emociones, sin necesidad de pasarlas por un filtro de racionalidad crítica. Importa poco si un profesor o un compañero tuvo la intención de causar un daño o si acaso existe mérito objetivo para declararlo. Lo que importa es si acaso los estudiantes se “sienten” ofendidos o vulnerados. Es decir, todo depende de la percepción subjetiva del daño. El problema es que muchas veces nuestras emociones juzgan demasiado rápido y, de cuando en cuando, se equivocan. Sin espacio para generar esa reflexión, el umbral para la victimización es muy bajo. Un ejemplo es lo que ocurrió hace algunos meses con el candidato gremialista a la FEUC. Descontando la arista política del caso, lo más probable es que el centenar de estudiantes que abandonaron el Aula Magna abrazadas y entre lágrimas hayan experimentado una sincera sensación de angustia y vulnerabilidad. Fueron un solo cuerpo representándose como víctima. Lo único que faltó fue una evaluación racional del escenario, tomando en cuenta que se trataba de una acusación anónima en redes sociales, sin indicios serios de su culpabilidad. Las dirigentes sostuvieron incluso que no se sentían seguras a su lado en la tarima, como si el joven en comento fuera un monstruo incapaz de contenerse. Una suposición escasamente racional.

Finalmente, agregan Lukianoff y Haidt, el tercer problema es la reconfortante pero distorsionada idea de que el mundo se divide entre los buenos (nosotros) y los malos (ellos). Bajo ese marco, víctimas y victimarios están predeterminados. Ni siquiera es necesario juzgar caso a caso. Lo que hace falta, sugieren, es aplicar el principio de caridad, es decir, hacer el esfuerzo ético e intelectual por interpretar lo que la otra persona hace o dice en la mejor de sus versiones, tomando en cuenta su contexto y considerando la posibilidad de que no actúa motivado por el egoísmo mezquino o es malo del alma. A fin de cuentas, todos hemos sido malinterpretados o sacados de contexto alguna vez. Por el contrario, si no le damos el beneficio de la duda a nuestros pares, la sentencia condenatoria ya viene escrita. En ella, nosotros siempre somos las víctimas, rodando eternamente por el pasto como Neymar, pidiendo tarjeta para el rival, aunque apenas nos hayan rozado.

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