DE QUÉ SE DISCUTE QUE YO ME OPONGO

 

Mi compadre Matías Reyes se quejó hace unos días porque mi blog estaba “muy cargado hacia la derecha”, lo que obviamente ofendió mis pretendidas aspiraciones de imparcialidad analítica y amarillismo. Por eso hoy voy a arremeter contra una de las actitudes más recurrentes en la Alianza por Chile: La defensa constante del “principio de soberanía” para rechazar toda iniciativa de la comunidad internacional que busque la protección, prevención y sanción de los atentados a los derechos humanos más fundamentales. El último episodio de esta teleserie fue el rechazo de la Cámara de Diputados a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El ministro Viera Gallo señaló que se trataba de una situación “vergonzosa”, y estoy completamente de acuerdo con él. No hay razón alguna, como dijo, para que un país civilizado y democrático se reste a una propuesta de este tipo. Las críticas de la izquierda no se dejaron esperar: “Vimos el verdadero rostro de la derecha”, “siguen defendiendo a la dictadura militar”, “fueron cobardes porque ni siquiera se atrevieron a votar en contra, sino que se abstuvieron”.

Este bochorno se suma al rechazo que años atrás sufrió la ratificación del Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional. Aunque en dicha ocasión se manifestaron reparos de forma (era necesaria una reforma constitucional), en el fondo se utilizaron todo tipo de pretextos para esquivar el bulto. El miedo más presente, obviamente, era la potencial amenaza de un órgano internacional de intervenir en casos judiciales domésticos, especialmente retrotrayéndose al período 73-90. En subsidio, arguyeron como excusa la eventual reacción negativa de los EEUU (que no han prestado su consentimiento al Estatuto, y que a mayor abundamiento presionan a los países firmantes a suscribir un artículo especial que sustrae a los norteamericanos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional). En el caso de la Convención Interamericana, los aspectos más espinudos radicaban en la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada y en la atribución de la Comisión Interamericana de DDHH para solicitar a los Estados toda información sobre presuntos detenidos desaparecidos, sin prejuzgar sobre la solicitud.

Muchos de los argumentos previamente señalados tienen cierta racionalidad. Aun despejados los fantasmas jurídicos (que muchas veces obedecen a simple desinformación, como el de la supuesta retroactividad de este tipo de tratados) y aun cuando nos aseguremos de que ninguno de estos instrumentos de Derecho Internacional “atenta contra nuestra soberanía” o pretende “volver a hurgar heridas del pasado”, lo que en verdad determina la actuación de las fuerzas políticas es su vocación por la verdad, la justicia y el respeto a los DDHH. Y la derecha chilena, en general, todavía reprueba dicho examen.  

En los próximos días el Ejecutivo insistirá con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que como su nombre indica, no atañe sólo al continente sino que interpela a todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Esta vez si que no hay excusas: Esta Convención respeta expresamente el régimen de prescripción de los sistemas penales internos, no crea ningún órgano internacional para el castigo de estos crímenes sino que radica la jurisdicción en los propios tribunales domésticos, constituye un Comité contra la Desaparición Forzada que examina rigurosamente toda petición de familiares de supuestos desaparecidos (y no las acepta si no se han agotado los recursos judiciales en el país involucrado) que además sólo tiene atribución para solicitar información a los Estados parte si ellos expresamente así lo estipulan al ratificar la Convención, y por si fuera poco le otorga competencia sólo sobre los delitos de desaparición forzada que se hayan “iniciado” con posterioridad a la entrada en vigencia de la Convención (evitando todas suspicacias por el carácter permanente y continuo de esta clase de crímenes). En resumen, su simple rechazo no se justifica ni jurídica ni políticamente. La Alianza debería ser la primera, para lavar sus heridas, en reponer el proyecto de ley que desde el 2006 duerme en el Senado para tipificar en la legislación penal chilena el delito de desaparición forzada, cumpliendo así con la primera condición de la Convención y dando señales políticas potentes de que ya no se trata de una derecha complaciente con los abusos, timorata y vacilante frente al Derecho Internacional, sino de una nueva derecha, moderna y democrática, que presenta sus credenciales de  verdadera integración al mundo.

Anuncios

2 comentarios to “DE QUÉ SE DISCUTE QUE YO ME OPONGO”

  1. Kenneth Bunker Says:

    Cierto. Pero surge el problema de credibilidad. Me refiero a que como la Alianza puede demostrar que es consecuente con su historia. Me parece que la derecha hoy en dia es muy diferente a la de principios –y durante los noventa–. Pero por usu bien deben mostrar eso, y me temo que aveces los hechos pueden traicionar esa misma idea de querer mostrar una nueva postura.

    saludos.

  2. Alexo Says:

    Me parece que la derecha chilena está totalmente confundida. Queda clarísimo al leer este artículo, que no hay razones jurídicas para rechazar tal documento internacional, pero peor aún me parece que es el hecho de que así como no tienen razones abundantes para votar de esta manera, no la tienen en muchos otros proyectos y es así como nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia nuestra sociedad, se va quedando estancada, rústica y miserable.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: