LAS POSIBILIDADES ACTUALES DEL ESTADO LIBERAL

Transcribimos presentación de Cristóbal Bellolio, con fecha 1° de Julio de 2010, en el marco del Taller de Formación de Líderes Liberales, que tuvo lugar en las dependencias de la Fundación Balmaceda:

Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Balmaceda por su encomiable esfuerzo de conmemorar el bicentenario de nuestra vida independiente con un nuevo impulso a las ideas liberales que tan precoces fueron en la patria latinoamericana. La mayoría de los próceres de la emancipación estuvieron influidos por las ideas de la ilustración, entre las cuales estaban presentes las liberales. Digo “entre las cuales” porque el impulso revolucionario que concluyó el Siglo de las Luces tuvo más de libertad positiva que de libertad negativa, más de Rousseau que de Locke, más de la utopía de soberanía popular que de la aspiración de gobierno limitado.

Mi enfoque será, con el perdón Maquiavelo, expresamente prescriptivo: Qué deberíamos llamar Estado Liberal en siglo XXI. Pero se trata de una ruta normativa que no ignora que han pasado tres siglos desde que las primeras ideas liberales se pusieron por escrito. Recoge algo de la experiencia, de los éxitos y fracasos de un programa político relativamente nuevo en la historia de la humanidad, para finalmente proponer una solución que tiene tanto de convicción como de compromiso.

 El Estado Liberal original

Para que el contraste se haga evidente, recurriré a simplificaciones aun a riesgo de sacrificar rigurosidad. Les propongo que comencemos examinando la idea del Estado, como asociación política, que tuvieron los primeros liberales. Básicamente se trataba de un recurso contractual y utilitario para, en palabras de Hobbes, evitar que la vida de los hombres fuera tosca, pobre, embrutecida y breve. Para algunos puede ser sorprendente que Hobbes sea citado como el primer liberal, pero su concepto de libertad como no-interferencia bien puede ser el punto de partida de la tradición del pensamiento liberal. Sin embargo, para no añadir más complejidades, quedémonos con la justificación del Estado que hace John Locke: los hombres se asocian políticamente para preservar su vida, libertad y bienes, a los que sabemos denomina genéricamente “propiedad”. No hay más tareas que justifiquen el despliegue del poder organizado. Las personas gozarán, según el credo liberal originario, de un ámbito, esfera de libertades individuales en las cuales ninguna autoridad puede meter sus narices. Toda intromisión en ese radio es rechazada. Su misión se cumple y se agota al mismo tiempo en la protección (prevención y sanción) del daño que otros puedan causarnos. De ahí que este modelo de Estado haya recibido el apelativo de “Estado policial” o “Estado gendarme”: un carabinero gigante que evita mutuos atentados. Entre los liberales contemporáneos, seguramente es Robert Nozick el principal promotor de resucitar esta idea abandonada por los tiempos, esta vez como “minarquismo” o “Estado mínimo”: cualquier Estado que pretenda extender su autoridad más allá de la protección de la violencia, el robo y el fraude es injustificable y afecta la dignidad intrínseca de los seres humanos.

Ninguna de las funciones que actualmente le asignamos al Estado estaba en los planes del liberalismo clásico, aunque algunos anticipaban una cerrada disputa. John Stuart Mill, con su elegancia característica, señalaba que había dos tipos de personas: aquellas que apenas veían “un bien que hacer o un mal que remediar” incitaban al gobierno a que pusiese “manos a la obra”, y aquellas (dentro de las cuales se encontraba él, por supuesto) que preferirían “soportar casi todos los males sociales antes que aumentar la lista de aquellos intereses humanos susceptibles de ser controlados por ese mismo gobierno”. Mill, de hecho, no sólo las emprende contra la tiranía del poder político sino también contra la creciente influencia de la opinión pública que disminuye la autenticidad de los individuos, pero eso es parte de otra sesión de este taller, destinada a lo que se entiende por sociedad liberal.

En síntesis, la noción central de un Estado Liberal es protección del individuo y sus libertades inviolables. Éstas no pueden ser jamás sacrificadas en nombre de un bien colectivo supuestamente superior. La asociación política es abusiva e ilegítima, desde esta perspectiva, si intenta reducir esos espacios de inviolabilidad para producir mayor bienestar social. En tiempos en los cuales las monarquías absolutas disponían de la vida de sus súbditos, la limitación del poder político se alzó como la principal bandera liberal.

El problema, como reconoce el propio Mill, es que las demandas por soberanía popular y ejercicio representativo del poder terminaron por hacer olvidar que lo importante es “cómo” se gobierna y no “quien gobierna”. Si los gobernantes pasaban a ser elegidos por nosotros mismos, ¿con qué sentido limitar su acción de gobierno? Junto a la tentación democrática que teóricamente puede ser incompatible con el liberalismo, se alza en el siglo XIX la tentación de volver a poner los intereses del “todo” por sobre los intereses de la “parte” (aunque bien sabemos que quienes hablan a nombre del “todo” son siempre una “parte” interesada). Rousseau y Hegel se presentan como los enemigos más encarnizados del pensamiento liberal clásico. El primero estaba dispuesto a considerar que la minoría “se equivocaba” en descifrar la voluntad general que debía dirigir al cuerpo social. Si era así, se les “obligaría a ser libres”. El segundo, en tanto, aplastó la individualidad bajo el peso del espíritu colectivo encarnado en el Estado. El marxismo, tomando de Hegel su punto de partida, continúa esta tradición que hace trizas (a veces literalmente) la idea de libertad negativa defendida por los liberales.

 El Estado Liberal frente al Estado Democrático

El Estado liberal debió enfrentar entonces dos arremetidas, que en cierto sentido se hicieron una sola y  demoledora. Norberto Bobbio llama a la primera la irrupción del Estado Democrático. En síntesis, plantea que la ampliación del sufragio tuvo por efecto incorporar al proceso político a una serie de nuevos actores que también se sintieron en el derecho de presentar sus demandas. Antes, los representantes eran elegidos sólo por los ricos, los que se contentaban con un Estado gendarme que velara porque nadie atentara contra su propiedad. Ahora, los gobernantes son electos por sectores menos favorecidos en la distribución de riqueza, y no se conforman con un Estado meramente vigilante. Quieren un Estado que mejore su calidad de vida. De esa forma se hace inevitable que el Estado del siglo XX deje su vocación de laissez faire y adopte la vida de los pulpos: muchos tentáculos para realizar diversas tareas. Al comenzar la ruta republicana independiente, el Estado de Chile no tenía más que un puñado de ministerios, aquellos que justamente se concentraban en la seguridad interna y en la externa, así como en las finanzas públicas que permitían sustentar esas funciones. Hoy en día, el Estado tiene más de una veintena de ministerios a cargo de diversos ámbitos de la vida social. Se involucra con la misma naturalidad en educación, vivienda, salud, transportes, comercio, cultura o deportes. Ante cualquier problema social, como anticipaba Mill, la respuesta parece ser: hagamos un ministerio, o a lo menos una repartición pública que se haga cargo de él. Desde esta estricta perspectiva, ya no tenemos un Estado Liberal como fue configurado en su inicio; el Estado Democrático ha ganado la partida. Sin embargo, salvo desde la nostalgia, esto no parece un problema grave. De hecho, hay un intercambio entre liberalismo y democracia que empíricamente ha resultado ser beneficioso. Incluso los llamados “neoliberales” serían demócratas en la medida que las libertades políticas puedan asegurar el ejercicio de las libertades económicas. En todo caso, puestos en el lugar de elegir, es obligatorio recordar a Hayek en su visita a Chile: “Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente”.

 El Estado Liberal frente al Estado Redistributivo

La segunda arremetida encontró espacio ante la absoluta incapacidad del liberalismo clásico de responder a las desigualdades escandalosas que se producían en las sociedades industriales del siglo XIX. Desigualdades hubo siempre, pero ahora el pensamiento liberal pretendía soslayarlas con el argumento de la igualdad ante la ley. Ya no habían justificaciones divinas para que unos lo tuvieran todo y otros no tuvieran nada. El mismo proceso democratizador consiguió que esas demandas se escucharan fuerte y claro. Cuando la democracia resultaba demasiado lenta para procesarlas, tomaba cuerpo la ansiedad revolucionaria. El Estado Liberal a secas se volvió indulgente con los poderosos e indiferente frente a la miseria. Entre las nuevas atribuciones, entonces, el Estado tomó como una de sus prioridades la redistribución. La pregunta del millón es ¿se puede ser liberal y al mismo tiempo justificar el rol redistributivo del Estado? Alexis de Tocqueville ya había anticipado el zapato chino del liberalismo, pero no ofreció formulas para salir del embrollo. Algo más de un siglo después, John Rawls hizo su macizo aporte. Se discute si acaso Rawls sea un verdadero liberal. Su tesis de “igual libertad” es controvertida porque intenta cuadrar un círculo que a muchos les parece imposible. Rawls no sacrifica explícitamente las libertades de los individuos (por el contrario, las ubica en el primer sitial de su teoría de la justicia), pero está dispuesto a agregar, junto a la igualdad de oportunidades, un principio que impide que los más aventajados desplieguen libremente su capacidad de aumentar su riqueza si ese despliegue no beneficia directamente a los menos aventajados de la sociedad. Es decir, pone límites al mérito y al esfuerzo individual si éstos no están ordenados en función del beneficio colectivo. Dejo la pregunta planteada: ¿son Rawls y los liberales igualitarios una versión coherente y actualizada del liberalismo, o más bien hacen una apología de la socialdemocracia en una versión descafeinada?

Yo optaría por una lectura indulgente de Rawls, insertándolo dentro de la tradición liberal. Isaiah Berlin, varios años antes, reconocía que la libertad individual no era la primera necesidad de todo el mundo. La promesa de libertad negativa, entendida como no-interferencia del Estado, no parece tener mucho sentido si el receptor carece de pan, techo y abrigo. Seguramente lo que desea es que el Estado se haga presente y satisfaga sus demandas a partir de los inputs del sistema político democrático. Si para eso debe jugar a ser Robin Hood y violar la propiedad de los ricos para dar a los pobres, entonces que lo haga. En los últimos años, Amartya Sen ha entregado una visión original del problema que busca salvar el dilema entre liberalismo y redistribución, entre el derecho de propiedad y la expropiación de ella a través de impuestos y tributos. Si la libertad es un valor tan caro para los liberales, entonces deberían estar de acuerdo en que cada persona pueda gozar del mayor ámbito posible para ejercerla. Aquellos que viven en la pobreza no pueden hacerlo. El combate a la miseria, más allá de sus connotaciones religiosas, utilitarias o ideológicas, estaría ligado a la ética liberal de aumentar las capacidades y funciones de los individuos. Es probable que Hayek no estuviera de acuerdo en este punto.

 Adaptando el Estado Liberal al siglo XXI

Tenemos entonces dos grandes alamedas por donde transitar. Una de ellas significa reconocer que lo que tenemos en la actualidad no se parece mucho al Estado Liberal que imaginaron los padres del liberalismo, y ante ello –como fervientes liberales dogmáticos- rebelarnos ante los embates del Estado Democrático y Redistributivo. Quienes se interesen en esa opción, les recomiendo la biblioteca antes que la arena política. La otra opción es adaptarse. Tal como suena. La adaptación implica siempre cambio y aprendizaje. Un proyecto liberal que aspira a ser políticamente competitivo en el siglo XXI, como me imagino muchos de ustedes sueñan, no puede ser antidemocrático ni echarse al bolsillo la demanda por mayor igualdad. Debe, por el contrario, incorporar sus elementos más esenciales a un ideario liberal más depurado. Los Estados Democráticos, en los cuales manda la Constitución y las leyes, tienden a ser cuidadosos con las libertades individuales y respetuosos de las minorías. Por otra parte, siguiendo a Sen y justificando el Estado Redistributivo, todo Estado liberal desearía una sociedad donde las personas gozan de más, y no menos, libertad negativa. Mi impresión personal es que, aun después de estos fuertes embates, tenemos la posibilidad de hablar de un Estado de inspiración liberal en sus fundamentos más preciados: la dignidad del ser humano, la autonomía del individuo para escoger su plan de vida, la consiguiente limitación del poder de la autoridad, y aquello que Benjamin Constant llamaba el “disfrute apacible de la independencia privada”.

 Una amenaza final al Estado Liberal

Me van a permitir, eso sí, una última reflexión. Creo que el verdadero rival que tiene hoy en día el pensamiento liberal no pasa por el animus democraticus ni tampoco con las necesidades de igualar la cancha para que los individuos compitan en similares condiciones (es poderosa la idea de que no hay nada más liberal que la competencia y la asignación de recompensas en base al mérito y no al privilegio). En el mundo contemporáneo subsiste y late con fuerza la amenaza del Estado Integrista o Confesional, ese que desde la autoridad (y con los instrumentos coercitivos de los cuales dispone la fuerza monopólica) impone o favorece una determinada concepción del Bien a sus ciudadanos. Digo Bien con mayúscula porque para sus promotores, se trata de la mismísima verdad revelada, esa Verdad también con mayúscula. Para el liberalismo todo autoritarismo es rechazable, y en especial el teocrático, que busca determinar incluso la mente de los individuos. Estaremos de acuerdo en que Chile está lejos de ser uno de ellos, tan comunes en el mundo musulmán, pero de vez en cuando aparecen señales preocupantes. La tendencia de quienes ostentan el poder a abusar de su posición para favorecer su credo religioso debe ser advertida. La reiteración del nombre de Dios en las alocuciones públicas no es recomendable; excluye a quienes no creen y a los que profesan otros credos (quienes tienen el derecho de creer que el Dios cristiano posee características sustantivamente  distintas a Alá, Yahvéh, Buda o al Monstruo del Espagueti Volador). También son discutibles, desde una perspectiva liberal,  las políticas públicas que incentivan o premian ciertas maneras de vivir la vida privada, rechazando tácitamente otras. Es fundamental que comprendamos que un Estado Liberal es incompatible con la aspiración -consciente o inconsciente- de los gobiernos de turno por promocionar la concepción particular del Bien que profesan sus ocupantes temporales, lo que ocurre además con recursos públicos. No entraré a divagar sobre las dificultades que encierra la tesis liberal de la  neutralidad ética del Estado, pero aun consciente de su imposibilidad práctica, es preferible estar siempre más cerca de ésta que de su contrario.

Cierro abruptamente con Mill, una vez más, recordando que “la única finalidad por la que el poder puede ser ejercido, con todas las de la ley, sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada (…) estriba en evitar que perjudique  a los demás, pues su propio bien, físico o moral, no basta como justificación”.

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