POR QUÉ LA DESIGUALDAD IMPORTA

por Cristóbal Bellolio y Daniel Brieba (publicada en Revista Capital, edición del 8 al 21 de abril de 2011)

Los pronósticos más auspiciosos dicen que Chile podría derrotar la pobreza antes de finalizar la presente década. La estrategia de crecimiento económico y políticas sociales focalizadas podrían transformarnos en el primer país de la región en conseguir dicha meta -salvo que Uruguay nos arrebate el título en los minutos finales. El Presidente Piñera suele nombrar razones para hacerlo: porque se trata de un imperativo moral, una inversión a futuro y una garantía de paz social. Existe consenso absoluto en nuestra clase política –no siempre lo hubo- respecto de la urgencia de esta tarea, ya sea por las razones que entrega el Presidente o por otras que no se alejan demasiado. Que el debate sobre el Ingreso Ético Familiar discurra por canales más técnicos que ideológicos refleja ese acuerdo general: todo chileno tiene derecho a un nivel de vida digno, asegurado por el Estado.

Lo interesante es observar qué ocurre una vez que la pobreza, en términos absolutos, ha sido superada. El problema de los países ricos como Estados Unidos o Gran Bretaña en la actualidad no es la miseria dura que corroe a los países en vías de desarrollo, sino el progresivo aumento de la desigualdad entre los que más y los que menos tienen. Como chilenos, la pregunta que nos hacemos en el presente artículo parece simple pero reviste una respetable complejidad: ¿nos debiera importar, además de vencer la pobreza, el nivel de desigualdad socioeconómica que existe actualmente en nuestra sociedad?

En una primera aproximación, digamos que la desigualdad en sí misma no es tan grave, mientras toda la población cuente con recursos suficientes para vivir decentemente. Por decirlo de alguna manera, una vez satisfecho ese mínimo universal todo es cancha. Más aun, si los ricos se hacen más ricos, y a consecuencia de ello los pobres son menos pobres, bienvenido sea. La tributación a los primeros debiera ser la justa para no desincentivarlos y la suficiente para establecer una red de protección para los segundos. Todo esto sin perjuicio de contar con un esquema abierto a la movilidad social. Visto así, todos ganan.

Nosotros no estamos tan de acuerdo. A continuación ofrecemos tres clases de argumentos que, a nuestro juicio, conforman un caso sólido para comprometerse políticamente con la disminución de la desigualdad socioeconómica, incluso en el evento en que Chile ya hubiese cumplido con proveer a todos ese “mínimo digno” y asumiendo que dicho piso básico no es una situación fija sino que demanda mejores condiciones a través del tiempo, en concordancia con el progreso material de la sociedad.

I

La primera es una razón de justicia y suele estar en centro de los argumentos igualitarios. Sostiene que es injusto que algunos cuenten con ventajas respecto a otros cuando éstas obedecen a las arbitrarias contingencias del destino. Sabemos que las personas no se merecen enteramente la posición social y económica en la que se encuentran. Suena duro, pero la verdad es que estamos donde estamos gracias a una combinación de factores, la mayoría de ellos independientes de nuestro mérito. No elegimos donde nacer, ni a qué colegio asistir. Si vamos o no a la universidad tiene mucho que ver con las dos variables precedentes. Cuando salimos de ella, ya estamos corriendo con una inmensa ventaja. Alguien podrá objetar que las ganas y el empuje fueron claves para llegar donde están. No lo negamos, pero añadiríamos que las oportunidades que aprovecharon también estuvieron determinadas por el capital cultural que absorbieron del medio, por las redes sociales a las que tuvieron acceso y -cómo no- por su no escogida herencia genética. Casi todo, pura suerte. Un niño que nace en una familia que le enseña desde el comienzo la importancia de la responsabilidad y el trabajo bien hecho tiene mejores perspectivas que otro niño al que jamás se le transmitieron valores similares. El primero es un niño afortunado, el segundo no.

Poca gente está dispuesta a sostener que estar condenado por la mala suerte es “justo”. Si quisiéramos ser verdaderamente imparciales, estaríamos de acuerdo en extremar recursos para eliminar o al menos mitigar las diferencias producidas por variables que escapan a nuestro control. Estaríamos de acuerdo en que la sociedad tiene el deber moral de emparejar las condiciones de tal manera que la mala suerte no sea determinante. Este es el origen de la noción de la igualdad de oportunidades. En este esquema, las desigualdades sólo son justas si todos los participantes tuvieron las mismas posibilidades de acceso a las distintas posiciones en la escala social. Es una idea que apela al sentido común: nos gusta que los resultados sean la expresión de reglas uniformes, ciertas e imparciales; nos rebelamos cuando no es así. Aceptamos que haya ganadores y perdedores en la vida siempre y cuando la batalla haya sido leal.

Hoy, lo sabemos, no lo es. La igualdad de oportunidades que existe en Chile es puramente formal. Los casos en los cuales la cuna no determina el nivel socioeconómico se cuentan como excepciones y están lejísimos de ser la regla general. Incluso dos egresados universitarios de la misma carrera y establecimiento enfrentan oportunidades efectivas muy distintas a la hora de conseguir trabajo, si uno de ellos posee el perfil de la elite y el otro no. Conformarse con la igualdad de oportunidades que aparece en el papel consolida la injusticia de un sistema que castiga la mala suerte. Por el contrario, un sistema justo corrige las desigualdades de origen a través de una efectiva igualdad de oportunidades y dispone compensaciones a lo largo de la carrera para aquellos que cargan con desventajas que no pudieron ser eliminadas

No está demás señalar que la desigualdad de oportunidades en América Latina no es obra del llamado modelo “neoliberal”, sino que se arrastra desde un pasado colonial que favoreció la concentración centenaria del poder político, social y económico. No es una tradición que nos llene de orgullo. Por el contrario, es de aquellas que requieren ser desafiadas.

II

El segundo argumento para oponerse a desigualdades muy profundas se basa en la idea republicana de la igualdad democrática, la que se expresa de dos maneras. Por un lado, significa que las instituciones deben tratar a todos los ciudadanos como iguales. Por el otro, que entre los mismos ciudadanos nos debemos los unos a los otros un trato respetuoso basado en la mutua aceptación de nuestra igualdad. Ambas, a nuestro juicio, pueden verse afectadas si existen compatriotas en posiciones de poder tan asimétricas que favorecen –o al menos facilitan- el abuso, la excesiva dependencia y la dominación. Dicho de otra manera, aun con recursos básicos asegurados e igualdad de oportunidades, las desigualdades socioeconómicas se vuelven problemáticas cuando se traducen en desigualdades de estatus.

Respecto de las instituciones políticas, es sabido que aunque la Constitución garantiza a todos los chilenos igualdad ante la ley, los órganos del Estado suelen caer en la tentación de poner más oreja a ciertos actores poderosos que al resto. Piense en el diferencial acceso a la justicia que tienen los grupos en la cima y aquellos en la base de la pirámide social. Piense en el tipo de cobertura que los medios le dedican a los hechos que ocurren en los mismos extremos. Pregúntese si las fuerzas policiales actuarían con la misma fiereza que despliegan contra ciertas comunidades indígenas si los perpetradores de tomas fueran vecinos del barrio alto.

Respecto del trato entre los mismos ciudadanos, cuando las desigualdades de estatus entre ricos y pobres son tan pronunciadas que se pierde entre nosotros la más mínima noción de reciprocidad en la cual se sustenta la idea de igualdad democrática. Se consolida la mentalidad de castas afectando finalmente aquello que Rawls llamaba las “bases sociales del auto respeto”. Es decir, aquella parte de la valoración que los más vulnerables tienen de sí mismos que depende de cómo el resto de la sociedad los percibe. Si esto le resulta abstracto, piense en los fenómenos de segregación y estigmatización en las ciudades chilenas: acá vivimos los decentes, honrados y felices; allá en cambio los ladrones, drogadictos y desgraciados. Si bien no podemos hacernos cargo de todas las situaciones en la vida que producen envidia o resentimiento –quizás no haya razón para hacerlo-, sí debemos generar las condiciones sociales que promuevan menores distancias de estatus entre ciudadanos iguales, y aproximarnos de esta forma al ideal democrático de igual respeto.

Piense, por último, en cómo la libertad resulta también afectada. Es cierto que las libertades de expresión, de desplazamiento o de asociación, por nombrar algunas, están consagradas como derechos fundamentales para todos los ciudadanos independientemente de sus recursos económicos. Ahora piense en el siguiente caso: dos ciudadanos son igualmente libres –tienen el derecho y nadie se los impide- para inscribir una candidatura parlamentaria; pero mientras el primero es multimillonario el segundo sólo tiene para cubrir sus necesidades básicas. En un esquema sin financiamiento público de las campañas, el primero tapizará las calles y comprará todos los espacios de propaganda, dejando al segundo en la virtual inexistencia. ¿Puede este último valorar realmente la libertad política que le garantiza la ley para competir electoralmente? La respuesta parece ser negativa. Entonces, si nos importa la libertad, pareciera que una vez asegurados los derechos formales hay que preocuparse de dotar a todos los ciudadanos de herramientas que posibiliten el despliegue de dichas libertades en el espacio público.

III

Finalmente, un tercer argumento de tipo consecuencialista o utilitarista parece tener cabida. De hecho, es el elemento central del “imperativo de equidad” al que se refiere el ex presidente Lagos en un reciente documento. Consiste básicamente en que los países desarrollados exhiben mejores indicadores sociales cuando sus niveles de desigualdad socioeconómica son reducidos. Al contrario, países acomodados en términos de ingreso per cápita pero con malas distribuciones de riqueza sufren de una serie de trastornos sociales que sería mejor evitar: baja confianza interpersonal, problemas de salud mental y adicciones, obesidad, pobre desempeño educacional de los niños, embarazos adolescentes, mayor tasa de homicidios y encarcelamientos, y en general poca movilidad social. La idea entonces es la siguiente: Si queremos mejorar el bienestar agregado –o como diría Bentham, alcanzar la mayor felicidad del mayor número- entonces la recomendación es inequívocamente acortar la brecha. En la misma línea, si creemos que mil pesos rinden más abajo que arriba –es decir, su utilidad marginal es mayor para aquellos en el fondo- una consideración utilitaria también nos orientaría hacia sociedades con distribuciones más equitativas.

Si bien Lagos no aborda el problema de que la correlación entre la desigualdad de ingresos y los indicadores sociales que mencionamos no implica necesariamente causalidad, el argumento utilitario es digno de atención. Si dicha causalidad llegara a comprobarse, se configura un nuevo motivo para reducir la desigualdad que es filosóficamente independiente de los dos anteriores. Por ello, puede convencer a quienes no se vieron particularmente atraídos por la idea de atenuar el rol de la suerte o por el imperativo de igual estatus democrático. Aunque a nosotros estos dos argumentos nos parecen superiores, pues tienen mayor fundamento normativo y no dependen de relaciones empíricas posiblemente contingentes, el argumento consecuencialista nos aporta una razón complementaria para querer reducir la desigualdad.

Abordemos, a modo de conclusión, una legítima aprensión. En ciertos círculos se abriga el temor de que una mayor redistribución implicaría sacrificar crecimiento económico, golpeando indirectamente a los mismos pobres a los que se pretende beneficiar. Es una aprensión, sin embargo, muy vulnerable por dos razones. La primera es teórica: Si creemos que los valores de justicia, igualdad democrática y bienestar agregado pesan más que los imperativos de eficiencia de la economía, entonces debiéramos estar dispuestos a aceptar el trade-off (partiendo de la base que los mínimos sociales ya han sido asegurados). La segunda es empírica: no parece siquiera necesario hacer ese trade-off. La relación entre crecimiento y redistribución- a diferencia de aquella entre crecimiento y la certidumbre de los derechos de propiedad- está lejos de ser inequívoca. La ecuación completa debe evaluar no sólo los costos sino también los beneficios de cualquier redistribución, como los que obtuvo Chile con la reforma tributaria a principios  de los 90 o el beneficio económico de largo plazo que podría resultar del aumento al subsidio escolar de los niños más pobres del territorio. Desde este punto de vista no nos vemos obligados a optar entre crecimiento y redistribución. Por el contrario, tanto por la fuerza moral de cada uno de los argumentos reseñados como por los intereses de largo plazo, se nos exige como país ser capaces de recorrer ambos senderos al mismo tiempo.

Link: http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/por-que-la-desigualdad-importa-2.html

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3 comentarios to “POR QUÉ LA DESIGUALDAD IMPORTA”

  1. vozyvoto Says:

    A continuación expongo tres observaciones realizadas por el abogado Guillermo Valenzuela, que me parecen muy pertinentes y útiles para clarificar algunos puntos del artículo:

    La primera es respecto del trade-off que mencionamos hacia al final. Guillermo pregunta qué ocurre con los valores de justicia o equidad si evaluamos que el argumento de eficiencia económica pesa más en la balanza, y particularmente si este último no se asemeja al argumento utilitarista que también presentamos. Efectivamente, desde un punto de vista teórico, privilegiar el crecimiento agregado puede significar mayores índices de desigualdad. La política consiste finalmente en tomar partido por uno o más valores, compatibilizarlos cuando es posible, u ordenarlos de acuerdo a alguna prelación. Si alguien considera que el crecimiento lo es todo –aunque sus beneficios se concentren en el 1% de la población- entonces está claro cuáles son los valores desplazados. No necesariamente este principio de eficiencia económica es utilitarista, al menos no de la manera en que nosotros lo hemos abordado. Menos puntos de crecimiento pero mayor equidad social puede generar mejor calidad de vida en determinados contextos, lo que es utilidad pura aunque no se traduzca automáticamente en ingreso monetario.

    La segunda apunta a cuán liberal puede ser la posición expuesta si la búsqueda de igualdad llegara a golpear la libertad de los agentes económicos. O en sus palabras, “¿cómo comulgan los discursos político-liberales con los económicamente restrictivos?… asumiendo que preocuparse por la desigualdad económica en los términos expuestos requeriría en gran medida de restringir el libre y voraz desarrollo de los mercados financieros e industriales”. Es una muy buena pregunta que requiere de dos respuestas. La primera es que la libertad económica no tiene, al menos desde una perspectiva liberal-igualitaria como la que nosotros promovemos, un status superior a otras libertades. Como las otras libertades –asociación, desplazamiento, expresión, etc.- no es absoluta y se puede ver restringida cuando su despliegue ilimitado interfiere con la libertad de otros. Si los mercados financieros e industriales que señala Guillermo producen atentados a la libertad de otros –monopolios, abusos, falta de transparencia, etc.- deben ser regulados adecuadamente. Lo segundo es que dicha regulación, en la mayoría de los casos, debería apuntar justamente a generar más y mejor competencia. Ninguna regulación, a mi juicio, debería estar destinada a evitar la creación y el libre flujo de la riqueza.

    Finalmente, Guillermo subraya las confusiones que presenta la equivalencia “desigualdad económica = desigualdad salarial = desigualdad de oportunidades”. En efecto, no son sinónimos. La desigualdad salarial, es cierto, genera en gran parte la desigualdad económica, pero no totalmente. En esquemas donde el estado provee ciertos servicios básicos (ej. salud universal gratuita, educación asegurada hasta cierto nivel, vivienda digna, etc.) la desigualdad económica se ve sustancialmente atenuada aunque no cambie en salario o ingreso de las familias. Por otro lado, la igualdad de oportunidad tampoco garantiza mayor igualdad económica. Debería favorecer la movilidad social, pero aun con el sistema más perfecto de igualdad de oportunidad seguiríamos teniendo desigualdad económica entre los talentosos y los menos talentosos. Por eso mismo no nos limitamos al argumento meritocrático y abordamos el republicano.

    Aunque breve, espero haber contribuido a aceitar los pasajes más toscos. Mis agradecimientos a Guillermo.

  2. RESPUESTA A LOS LIBERTARIOS | POLITICA PARA PRINCIPIANTES Says:

    […] es profundamente injusta (recomiendo al respecto un artículo en coautoría con Daniel Brieba: Por qué la desigualdad importa). Por lo mismo, estos liberales promueven un esquema de igualdad de oportunidades lo más extenso […]

  3. Mario Segura Says:

    Maaaalo el articulo sr. Bellolio, descepcionante. De sus tres razones la mitad de la última. Si tuviese a mano un teclado verdadero podria refutar desde el simple sentido común.

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